Por Roberto Fernandez Villarino. Prof Ayudante Doctor. Departamento Derecho Público y Privado. Universidad de Huelva (29/04/2026)

Con fecha de 29 de abril de 2026 el Consejo de la Unión Europea ha sacado nota de prensa en la que se anuncia el acuerdo provisional alcanzado con el Parlamento Europeo sobre la revisión del marco de coordinación de los sistemas nacionales de Seguridad Social. Desde una perspectiva jurídico-laboral, la noticia presenta un doble interés: por un lado, consolida principios estructurales de la coordinación —sin avanzar hacia la armonización— y, por otro, introduce ajustes técnicos con una clara orientación práctica, dirigidos a reducir la incertidumbre en situaciones de movilidad transnacional de trabajadores. Un fenómeno que cada vez se materializa con más frecuencia entre las empresas de todo tamaño.

1. Finalidad de la reforma: se percibe una voluntad de otorgar claridad normativa y un refuerzo de la movilidad laboral

El acuerdo se inscribe en la lógica tradicional del sistema europeo de coordinación, esto es garantizar que el ejercicio de la libre circulación entre personas trabajadoras no comporte la pérdida de derechos de Seguridad Social. No obstante, el énfasis declarado en conceptos tales como  “claridad”, “equidad” y “facilidad de aplicación” revela una preocupación por las disfunciones prácticas detectadas desde hace tiempo en la aplicación de los Reglamentos vigentes hasta la fecha.

Desde una perspectiva estrictamente laboral, este enfoque resulta especialmente significativo. La movilidad de personas trabajadoras dentro de la Unión ha puesto de manifiesto tensiones entre sistemas nacionales muy heterogéneos entre sí, generando inseguridad jurídica tanto para las personas trabajadoras como la las empresas. El acuerdo pretende (al menos desde lo que se lee en la nota de prensa) en atenuar esas fricciones mediante reglas más precisas y operativas.

2. Prestaciones por desempleo: hacia una mayor portabilidad y conexión con la actividad efectiva

Uno de los aspectos que probablemente tenga mayor relevancia práctica puede ser la revisión del régimen de prestaciones por desempleo en contextos transfronterizos. En primer lugar, se amplía a seis meses —con posibilidad de prórroga— el período durante el cual una persona puede exportar la prestación por desempleo al desplazarse a otro Estado miembro en búsqueda de empleo. Esta extensión refuerza la efectividad de la libre circulación, al permitir una búsqueda realista de empleo sin pérdida inmediata de protección.

En segundo término, se introduce una concreción relevante del principio de lex loci laboris. El acuerdo establece que quienes hayan desarrollado actividad efectiva durante al menos 22 semanas en un Estado distinto al de residencia, tendrán derecho a percibir la prestación conforme a la legislación del último Estado de empleo. Este criterio, basado en la vinculación real al mercado de trabajo, corrige situaciones en las que la normativa anterior generaba resultados poco coherentes con la trayectoria laboral del trabajador.

3. Prestaciones por cuidados de larga duración: reconocimiento de una nueva dimensión social

El acuerdo incorpora avances relevantes en relación con las prestaciones por cuidados de larga duración, ámbito hasta ahora caracterizado por una notable indeterminación.Se introduce una definición expresa y una lista de prestaciones que estarían cubiertas, lo que incrementa la seguridad jurídica en la coordinación entre Estados. Asimismo, se prevé una revisión de dicha lista a los tres años de su aplicación, lo que evidencia el carácter evolutivo de este ámbito. Desde el punto de vista laboral, la relevancia es doble: por un lado, se facilita la movilidad de personas dependientes; por otro, se reconoce indirectamente la dimensión laboral del cuidado, incluyendo a quienes prestan estos servicios. Ello conecta con tendencias más amplias del Derecho del trabajo europeo orientadas a la conciliación y al reconocimiento del trabajo de cuidados.

4. Notificación previa y desplazamiento: refuerzo del control administrativo

En materia de desplazamiento de personas trabajadoras, el acuerdo introduce la obligación de notificación previa a las autoridades del Estado de origen cuando se desarrollen actividades en otro Estado miembro. Aunque se establecen excepciones para viajes de negocios y actividades de corta duración (máximo de tres días en un período de treinta), estas no se aplican al sector de la construcción, tradicionalmente considerado de mayor riesgo en términos de fraude o elusión. Esta medida puede ayudar a reforzar los mecanismos de control administrativo y se alinea con la evolución normativa vinculada a la Directiva sobre desplazamiento de personas trabajadoras.

5. Prestaciones familiares: corresponsabilidad y clarificación conceptual

El acuerdo también incide en las prestaciones familiares, reafirmando el principio de exportabilidad incluso cuando los miembros de la familia residen en otro Estado miembro. Quizás la novedad más relevante radica en la clarificación de la distinción entre prestaciones en metálico destinadas a sustituir ingresos (por cuidado de hijos) y otras prestaciones familiares. Esta precisión tiene implicaciones prácticas importantes, especialmente en contextos de reducción de jornada o interrupción de la actividad laboral. Asimismo, se introduce una orientación explícita hacia la promoción de la corresponsabilidad parental, lo que conecta con políticas europeas más amplias en materia de igualdad y conciliación.

6. Personas económicamente inactivas: remisión a la jurisprudencia

En relación con las personas económicamente inactivas, el acuerdo opta por una técnica prudente: remitirse a la jurisprudencia reciente y subrayar que no debe impedirse su contribución a los sistemas de cobertura sanitaria. Esta solución puede contribuir a mantener el delicado equilibrio entre libertad de circulación y sostenibilidad de los sistemas nacionales, cuestión particularmente sensible desde el punto de vista político y jurídico.

7. Actividad en varios Estados: criterios de determinación de la legislación aplicable

El trabajo en dos o más Estados miembros constituye una de las situaciones más complejas en la práctica. El acuerdo introduce orientaciones adicionales para determinar el lugar del domicilio social o el centro de actividad de la persona empleadora. Estas precisiones, aunque técnicas, tienen una incidencia directa en la determinación de la legislación aplicable, con consecuencias en materia de cotización, prestaciones y obligaciones empresariales. Su finalidad es reducir la litigiosidad y facilitar la aplicación uniforme de las normas.

8. Consideraciones finales

El acuerdo provisional confirmado el 29 de abril de 2026 no supone una transformación radical del modelo de coordinación, pero sí introduce ciertos ajustes de notable importancia práctica. Su valor reside, fundamentalmente, en la mejora de la operatividad del sistema y en la reducción de incertidumbres en contextos de movilidad laboral. Desde la perspectiva del Derecho del trabajo, cabe destacar tres líneas de evolución: el refuerzo del vínculo entre protección social y actividad efectiva, la creciente atención a nuevas realidades sociales —como los cuidados de larga duración— y el fortalecimiento de los mecanismos de control en situaciones transnacionales. A la espera de su adopción formal, el texto parece apuntar a una evolución del Derecho Social Europeo orientada menos a la expansión material de derechos y probablemente más a su efectividad práctica en un mercado de trabajo cada vez más interconectado y complejo.

Fuente: Nota de prensa del Consejo de la Unión Europea, “Social security coordination: EU member states’ representatives confirm provisional agreement”, 29 de abril de 2026.

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