IUSLABLOG, en colaboración con la revista electrónica “Trabajo, persona, derecho, mercado”, lanza la iniciativa “Proyecto: 2º Aniversario de la Ley Riders 2023”. Se trata de un proyecto destinado a la valoración de la Ley 12/2021, de 28 de septiembre tras dos años de vigencia. Esta norma, no exenta de conflictividad tanto en su redacción original como en su aplicación posterior, vino a reconocer un planteamiento judicial de nuestro alto Tribunal sobre la condición de trabajadores/as por cuenta ajena de aquellas personas que trabajan en plataformas de reparto. Se ha criticado de esta norma tanto su proceso de elaboración, como su escaso contenido, incluso de difícil aplicación en lo concerniente a los nuevos derechos que otorga a los representantes de los trabajadores/as.
Dos años después, nos hemos propuesto consultar a diferentes operadores jurídicos que intervienen en esta materia, tanto desde el punto de vista judicial, de la inspección de trabajo, trabajadores y trabajadoras que tienen diferente opinión y propuesta sobre el contenido de la norma, académicos, sindicatos, empresas, etc, para que nos muestren su opinión sobre la norma que comentamos. Estamos en un escenario en el cual la norma aprobada considerada pionera por países de nuestro entorno, ha dado paso a algunos intentos de acuerdo colectivo en las empresas del sector de plataformas, intentos algunos fructíferos y otros que han quedado para el sueño de los justos, pero en cualquier caso una norma y materia que no deja indiferente a quien la estudia y respecto de la cual nos queda un largo camino por andar.
En esta larga marcha nos quedan asignaturas por conquistar, comenzando por la necesidad de una mayor “transparencia”, cierto es que las Plataformas no van a desvelar el secreto de su negocio, ni lo pretendemos en este foro de opinión, pero la opacidad no puede ser el elemento común en el desarrollo de dicho negocio. Esta opacidad alcanza a la falta de datos oficiales reales de cuántas personas están involucradas en la situación que estamos analizando, las estadísticas oficiales no nos muestran la realidad. Además de esto, la lucha contra el fraude y la cesión no autorizada de cuentas está generando un “auténtico problema de dignidad en el empleo”, pues los repartidores finales tienen condiciones laborales, al fin y al cabo, son condiciones laborales, que rozan la esclavitud en pleno siglo XXI.
Además de esta situación, nos encontramos con la necesidad de un auténtico compromiso sectorial por parte de los gobernantes, la administración en general, sindicatos, asociaciones, representantes de plataformas, etc, pues no sólo los trabajadores de reparto precisan de protección legal. Existen otras ramas de actividad (trabajadores del cuidado, servicio doméstico, seguridad, servicios sociales en general) que también tienen problemas en sus condiciones laborales. Para algunos de estos colectivos el trabajo autónomo, con una regulación mejorada a la actual, puede ser la solución, para otros casos debemos acudir al trabajo por cuenta ajena pues estamos ante una “auténtica relación del artículo 1 TRET”.
Lo anterior exige dar una mayor reconocimiento y protagonismo a las asociaciones pro-trabajo autónomo que han surgido en relación con esta materia, fundamentalmente porque existen casos donde es el trabajo autónomo (profesiones liberales: abogados, arquitectos, personal sanitario, etc) el que otorga un mejor encaje legal a la situación en la que se encuentra parte del colectivo de trabajadores de plataformas, buscando así una mejora de la regulación actual de ese trabajo autónomo en España.
También es cierto y no podemos negar la realidad, que en la actualidad el movimiento sindical no ve con buenos ojos a esas otras formas de organización de los trabajadores, consideran que históricamente los trabajadores nos hemos organizado a través de los sindicatos para mejorar las condiciones y hacer contrapeso al poder desmesurado de las empresas, sin embargo, en el caso de las plataformas, se crea un escenario donde aquella acción colectiva defiende exactamente lo contrario: la individualidad y la competencia más radical. Todo esto, en su opinión, aumenta el poder de las plataformas y legitima su modo de organizar el trabajo.
Este proyecto está dirigido por la doctora Dña. Emilia Castellano Burguillo, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Huelva, y colabora con esta iniciativa el Proyecto de Investigación «La huida del mercado de trabajo y la legislación social en España (TRABEXIT), PID2022-141201OB-I00″, de la Convocatoria 2022 – «Proyectos de Generación de Conocimiento», en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023.
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