En el Boletín Oficial del Estado del 15 de febrero de 2023 se ha publicado una norma muy esperada, el Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2023. Este Decreto se aprueba, como recalca el propio Gobierno, tras el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales CCOO y UGT, y tras informes presentados por la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional.
De acuerdo con su artículo 1, el salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 36 euros/día o 1.080 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por meses.
En esta cantidad se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel. También se señala que esta cantidad se entiende referida a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase jornada inferior, se percibirá a prorrata.
A esta cantidad, de acuerdo con el artículo 2, se adicionarán los complementos salariales a que se refiere el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores, así como el importe correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en la remuneración a prima o con incentivo a la producción. Esto se hará según lo establecido en los convenios colectivos y contrato de trabajo que resulten de aplicación a cada concreta relación laboral.
El nuevo SMI supone una subida del 8 por ciento respecto del previsto para el año 2022. Con ello se culmina el objetivo de que éste alcance el 60 por ciento del salario medio en 2023, algo recomendado por el Comité Europeo de Derechos Sociales, en aplicación de la Carta Social Europea; a la vez que se da cumplimiento al compromiso gubernamental de alcanzar esta equivalencia al término de la actual legislatura.
Además del objetivo anterior, el Gobierno pretende justificar el incremento en el derecho a una remuneración equitativa y suficiente que proporcione a las personas trabajadoras y a sus familias un nivel de vida digno; y para garantizar la capacidad adquisitiva de los salarios para hacer frente al coste de la vida, en especial frente a la situación de los precios, y atendiendo a la coyuntura económica general. Además, este incremento contribuye a promover un crecimiento y una recuperación de la actividad económica sostenida, sostenible e inclusiva, y al cumplimiento de la Agenda 2030.
El resultado, según se indica, es que España se sitúa en la parte alta del grupo medio de nivel de SMI en la Unión Europea, acorde con su PIB per cápita. En términos temporales, se produce un incremento acumulado del SMI del 60,3% entre 2009 y 2022.
Eugenia Guzmán, socia de laboral de PwC Tax & Legal, y Miguel Rodríguez-Piñero, colaborador de este portal, han publicado un Periscopio Fiscal y Legal de PwC estudiando este Real Decreto, que tiene más contenidos que la mera actualización de cuantías. Este Periscopio está accesible en este enlace.
