Por María Esteban Moncho. Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Sevilla

La Unión Europea (UE) aspira a cumplir la promesa de una prosperidad compartida. Esta es también la promesa del Pilar Europeo de Derechos Sociales que proclamaron el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en 2017. El cambio climático, los desafíos medioambientales, la digitalización, la globalización y las tendencias demográficas están cambiando nuestra vida cotidiana con gran rapidez. La COVID-19 expuso a Europa a nuevos cambios drásticos en los trabajos, en la educación, la economía, los sistemas de bienestar y la vida social. Es en momentos de profunda transformación como estos cuando el tejido social se pone a prueba. Los europeos siguen aferrándose legítimamente a la promesa de una economía social de mercado eficaz, con puestos de trabajo que permitan una vida digna y protección en tiempos de necesidad.

Se trata de alcanzar un nuevo “código normativo social” que garantice la solidaridad entre generaciones y cree oportunidades para todos, premiando a los empresarios que cuidan de sus empleados, centrado en el empleo y promueva mejores condiciones de vida y laborales, que invierta en una educación inclusiva y de alta calidad, en formación, capacidades e innovación, y que asegure una protección social adecuada para todos. El objetivo prioritario consiste en mejorar los derechos sociales y fortalecer la dimensión social europea en todas las políticas de la Unión consagradas en los Tratados. Esto garantizará que la transición hacia la neutralidad climática, la digitalización y el cambio demográfico sea socialmente equitativa y justa, y hará que el Pacto Verde Europeo y la próxima Década Digital 2030 sean un éxito para todos los europeos.

El 12 de febrero de 2026 el Parlamento Europeo aprobó el desarrollo de una Estrategia de la Unión Europea para reforzar la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el conjunto de los Estados miembros. Presentó una serie de propuestas para erradicar la pobreza en la UE en 2035 centradas en tres aspectos clave: la lucha contra la pobreza infantil, la lucha contra la pobreza a través del empleo, y el acceso universal a los servicios públicos.

Respecto a la pobreza infantil, ante el creciente número de niños y niñas en riesgo de pobreza, el Parlamento pidió un mayor apoyo a los países de la UE para implementar la Garantía Infantil Europea y asegurar el acceso a cuidados, sanidad y educación gratuitos, así como a una alimentación saludable. En este sentido, los eurodiputados solicitan una dotación de, como mínimo, 20.000 millones de euros para la Garantía Infantil Europea, debiendo los Estados miembros destinar al menos un 5% del Fondo Social Europeo+ para proyectos específicos contra la pobreza infantil, el 10% en los países con niveles de pobreza infantil y exclusión social por encima de la media europea.

Una forma de luchar contra la pobreza es hacerlo a través del empleo. Tal y como señalaron los eurodiputados, el pleno empleo y la protección social deberían ser objetivos generales de las políticas sociales y económicas, y la Comisión Europea y los Estados miembros deberían promover políticas de protección de los derechos laborales y sueldos dignos, así como la igualdad salarial. Para atajar la pobreza entre las personas que tienen empleo, los eurodiputados reclamaron mejorar el acceso a servicios de salud infantil y a la orientación profesional personalizada.

Asimismo, el Parlamento señaló, respecto al acceso universal a los servicios públicos, que la Comisión y los Estados miembros deben invertir más recursos en políticas de acceso universal a la vivienda, alimentos, agua, higiene, energía y transporte. Estas medidas ayudarían a romper el ciclo intergeneracional de pobreza e impulsar la inclusión social y laboral.

El Parlamento también requiere un plan de acción para acabar con el sinhogarismo en toda la UE en 2030, con medidas específicas para los niños y las familias, personas que han perdido su empleo y mujeres. Por último, el informe solicitó medidas para impulsar la participación política de las personas en situación de pobreza, para involucrarles en los procesos de decisión y en el desarrollo de las políticas que les afectan.

Con esos objetivos prioritarios, la Comisión Europea presentó el 6 de mayo de 2026 un ambicioso plan social destinado a ayudar a erradicar la pobreza y promover los derechos de las personas con discapacidad en toda la UE. El paquete incluye la primera Estrategia de la UE de Lucha contra la Pobreza que incluye el plan de la Comisión para ayudar a poner fin a la pobreza en la UE de aquí a 2050; una propuesta de Recomendación del Consejo sobre la lucha contra la exclusión en materia de vivienda y dos comunicaciones: una sobre la ruptura del ciclo de pobreza infantil (Refuerzo de la Garantía Infantil Europea) y otra sobre el refuerzo de la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de aquí a 2030.

En la actualidad, el 52 % de los europeos considera que el coste de la vida es su principal preocupación, por lo que la UE se enfrenta a tres retos urgentes: una crisis de la vivienda (el 40 % de los ciudadanos considera que la falta de vivienda asequible es un problema inmediato y urgente, y hay un millón de personas sin hogar); los obstáculos para integrarse en un mercado laboral en rápida evolución; y la pobreza, que afecta a uno de cada cinco europeos y a uno de cada cuatro niños. Además, se ha de tener en consideración que muchas personas vulnerables desde el punto de vista socioeconómico también están expuestas a la discriminación y la estigmatización, por lo que se hace necesario hacer más para garantizar que se protegen sus derechos. Esto incluye los derechos de las personas con discapacidad, que deben respetarse plenamente en todos los aspectos de la vida.

Esta primera Estrategia de la UE de Lucha contra la Pobreza adopta un enfoque global estableciendo un camino claro hacia el cumplimiento del objetivo de la UE establecido en el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Integra tres prioridades: empleos de calidad para todos, ya que el empleo de calidad es la primera forma de salir de la pobreza para quienes pueden trabajar; un acceso efectivo a servicios de calidad y a una ayuda a la renta adecuada; y una acción coordinada contra la pobreza. Enumera una serie de acciones clave para alcanzar estas prioridades, establece formas de apoyar a las personas mayores a través de pensiones adecuadas y subraya la necesidad de aunar fuerzas con los gobiernos nacionales, regionales y locales, las empresas y la sociedad civil para luchar contra la pobreza, en particular mediante la creación de una coalición contra la pobreza a finales de este año y un nuevo diálogo estructurado para consultar a las personas en situación de pobreza sobre las políticas pertinentes.

Teniendo en consideración que los niños de la UE corren un mayor riesgo de pobreza o de exclusión social que los adultos y el hecho de que no se ha producido una disminución significativa de la pobreza infantil en los últimos cinco años, la UE cuenta con la Garantía Infantil Europea como principal herramienta para apoyar a los niños necesitados, en particular mediante el acceso gratuito y efectivo a servicios como la educación infantil, la asistencia sanitaria y las comidas escolares. La Comisión ha propuesto ahora reforzar la garantía para hacer frente a la emergencia social de la pobreza infantil persistente y a las necesidades de los niños vulnerables. La atención se centra en garantizar el acceso de las familias a empleos de calidad, atención a la infancia y redes de seguridad sólidas, así como en mejorar el acceso de los niños a programas de mentoría y a la atención a la salud mental. Además, la Comisión pondrá a prueba con los Estados miembros una Tarjeta de la Garantía Infantil Europea para facilitar el acceso a los servicios y un apoyo coherente a los niños necesitados. Además, es fundamental proteger a los niños de las amenazas tanto en línea como fuera de línea, incluidos la explotación y los abusos.

Otra línea de actuación fundamental es la lucha contra la exclusión en el ámbito de la vivienda. La vivienda es un derecho fundamental y los europeos se enfrentan a obstáculos cada vez mayores para acceder a una vivienda adecuada. La propuesta de Recomendación del Consejo sobre la exclusión en materia de vivienda hace hincapié en las soluciones y la prevención a largo plazo para evitar la exclusión en materia de vivienda y el problema de las personas sin hogar. También promueve una vivienda más social y asequible y adopta un enfoque centrado en las personas para ayudar a estas a encontrar un lugar que puedan considerar su hogar.

Asimismo, es prioritario para la UE impulsar la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad. Con 90 millones de personas (más de 1 de cada 5 europeos) con discapacidad, la plena inclusión es imprescindible tanto para garantizar el respeto de los derechos como para impulsar la economía y la democracia europeas. Sin embargo, siguen existiendo obstáculos respecto al acceso al empleo, excesiva institucionalización y mayor riesgo de pobreza. Por ello, las acciones planteadas incluyen el despliegue a escala de la UE de la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento, la puesta en marcha de una Alianza para la Vida Independiente que sustituya a las instituciones por un apoyo basado en la comunidad, la mejora de la accesibilidad del transporte y la inversión en tecnologías de ayuda, como las herramientas de inteligencia artificial.

Próximamente, la Comisión apoyará a todos los agentes en el despliegue de la Estrategia de la UE de Lucha contra la Pobreza y de la Garantía Infantil Europea reforzada. Los Estados miembros debatirán la propuesta de la Comisión de Recomendación del Consejo sobre la lucha contra la exclusión en materia de vivienda, con vistas a su adopción por el Consejo. La Comisión también seguirá apoyando a los Estados miembros en su aplicación plena y efectiva de la legislación vigente en materia de discapacidad, al tiempo que presenta un marco de seguimiento actualizado para la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para 2021-2030.

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