Debemos ser cautos con los titulares, porque muchas veces nos llevan a error. Esto está pasando especialmente con uno de los temas más candentes de la regulación de las relaciones laborales en España, la reducción de jornada. Si tuviéramos que creer todo lo que se publica, habría sido ya aprobada varias veces.
Se trata de una prioridad del Gobierno, porque lo fue de Sumar, uno de los partidos que lo conforman, y ha generado adhesiones y rechazo desde hace años: en el diálogo social, en los programas electorales y en los debates políticos. Con un alto valor simbólico, las reacciones a favor y en contra han sido virulentas. No cabe duda de que el impacto de la medida en las empresas va a ser muy importante, especialmente porque se impone sin paliativos que faciliten gestionar sus efectos en términos de costes laborales y mayores dificultades en la organización del trabajo. Es, además, una más de una cadena de reformas que suponen cada vez mayores obligaciones, rigideces y costes para el tejido empresarial. Para las organizaciones empresariales es una muestra de un alineamiento del Gobierno con los sindicatos, que impide un diálogo social real, por lo que les molesta especialmente que se justifique su imposición en la existencia de un acuerdo previo Gobierno-sindicatos.
El texto finalmente aprobado en el Consejo de Ministros entre el Gobierno y las organizaciones sindicales mayoritarias CCOO y UGT fue rubricado el 20 de diciembre de 2024.
Esta medida es complicada, y la dificultad para llevarla a cabo está siendo notable. El proyecto original de imponerlo de manera gradual, en dos fases (2024 y 2025), fracasó, lo que ha llevado a que se pretenda imponer la reducción de una sola vez, sin perjuicio de que el Gobierno, de una manera harto optimista, contemple la posibilidad de reducciones ulteriores (de 37,5 a 35 horas semanales) a través del diálogo social. También ha generado discusiones en el seno del propio Gobierno, que demostró tener dos sensibilidades diferentes, por decirlo de alguna manera, al respecto. Cuando estaba todo dispuesto para la aprobación por el Gobierno el pasado martes 29 de abril, llegó el apagón y hubo que retrasarlo toda una semana, hasta el martes 6 de mayo. Ahora finalmente esa aprobación gubernamental se ha producido.
Ahora bien, la realidad es que no se ha aprobado la medida, sino que sólo se ha decidido su remisión al Congreso de los Diputados, lo que supone únicamente el final de una fase de su elaboración, y el inicio de otra. Empieza ahora la gestión parlamentaria, que parece no va a resultar fácil, con lo que tampoco tenemos que esperar que la reducción se produzca de manera inmediata. Además, el Anteproyecto incluye el encargo al Gobierno para que abra una mesa de diálogo Social para evaluar el impacto de este cambio y para seguir avanzando en la materia de jornada, por lo que el proceso no parece que termine con la eventual aprobación parlamentaria.
María Eugenia Guzmán y Julio Calvo, socios de laboral de PwC Tax & Legal; y Miguel Rodríguez-Piñero, colaborador de este blog, han publicado un primer comentario de esta iniciativa legislativa, que puede ser consultado en el siguiente enlace.
