Ala espera de que tenga lugar como parece la próxima investidura, el reciente acuerdo entre el PSOE y la coalición electoral SUMAR, titulado ‘España Avanza. Una nueva coalición de Gobierno progresista’ plantea una segunda oleada de reformas laborales que continúe la línea desarrollada durante su primera legislatura. Los cambios se presentan con una clara seña de identidad, puesto que para los firmantes “ha llegado el momento de seguir avanzando por la senda del progreso y la convivencia”. El objetivo es “consolidar las reformas logradas, recoger sus frutos y dar nuevos pasos hacia el bienestar y la justicia social, la prosperidad económica y la sostenibilidad medioambiental”.
Esta identidad, coherente con el perfil del Gobierno y con lo hecho hasta ahora, se refleja sobre todo en las medidas que se preparan en el ámbito de la regulación del trabajo, nuevas modificaciones laborales que enlacen y continúen las producidas en los últimos años, numerosas y profundas. Las partes concretan esta visión indicando que se desplegará “una política económica que asegure el empleo de calidad y con derechos”. El capítulo del documento que se dedica a estas cuestiones lleva por título precisamente el de “Más y mejores empleos, con más derechos y mejores salarios”.
En este ámbito del trabajo se señala otro rasgo identificador para lo que se propone hacer:
El diálogo social seguirá siendo una herramienta fundamental en el ámbito laboral, abriendo a la participación de las organizaciones empresariales y sindicales los procesos de toma de decisión sobre las materias que conforman el modelo de relaciones laborales de nuestro país. En este sentido, las medidas laborales contenidas en este acuerdo se llevarán a cabo en el marco del diálogo social.
Esta apuesta por el diálogo social se confirma con la referencia al Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, cuya aplicación se apoyará para que los salarios ganen poder adquisitivo tomando en cuenta la evolución de la productividad y de los resultados de las empresas.
Esto es, que se pretenden adoptar iniciativas legislativas, que éstas seguirán una línea progresista y que se realizarán mediante el diálogo social. Éstos serían, si se quiere, los tres titulares que resumirían la propuesta de gobierno de esta coalición. El alcance de los cambios es muy importante, puesto que se prevén un número significativo de medidas en diversas áreas.
Sin duda la medida que más atención ha recibido ha sido la relacionada con la reducción del tiempo de trabajo, que se presenta en los siguientes términos:
Reduciremos la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales. Su aplicación se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025. A partir de entonces se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas.
Este cambio ha hecho levantar, como era previsible, críticas feroces de los sectores empresariales, que se oponen a ella tanto por el contenido de lo que pretende hacer (reducir tiempo de trabajo manteniendo los salarios), como por la forma de hacerlo (al margen del diálogo social, pues aunque se aluda al mismo en el texto, el papel queda radicalmente limitado).
María Eugenia Guzmán, socia directora del área laboral de PwC Tax & Legal, junto con Miguel Rodríguez-Piñero Royo, colaborador de IUSLABLOG, han publicado un estudio de esta medida, y de otras también vinculadas con el tiempo de trabajo, dentro de la colección de Periscopios Discales y Legales publicada por esta empresa de servicios profesionales, al que puede accederse pinchando en este enlace.
