El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión del 31 de enero el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2023 (en adelante PAN-23). Es un instrumento de planificación de la actividad normativa del Gobierno, que cumple también una función de transparencia, en la medida en que asegura el conocimiento de la actividad legislativa con la suficiente antelación, garantizando un entorno previsible para la adecuada toma en consideración de todos los intereses afectados por las normas proyectadas. Muchas de estas iniciativas tienen un claro contenido laboral o de Seguridad Social, lo que vuelve a apoyar la tesis de que el momento reformista del Derecho del Trabajo español no ha terminado
El objetivo de este documento es prever todas las normas cuya aprobación el Gobierno se plantea como objetivo durante el año 2023. Y el Gobierno es ambicioso, pues incluye en este PAN-23 un total de 117 iniciativas, desglosadas de la siguiente manera: 3 leyes orgánicas, 33 leyes ordinarias y 81 reales decretos. Según el Gobierno, un tercio de las normas están vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, otro tercio son transposiciones de normas comunitarias, y el resto son iniciativas que han pasado ya por el Consejo de Ministros en primera lectura. Desde el punto de vista de sus contenidos, 7 se clasifican como de empleo y relaciones laborales, y 4 de Seguridad Social y pensiones, aunque, como se verá, hay otras más distribuidas en distintos capítulos del Plan.
El PAN-23 continúa la senda del anterior, que fue igualmente ambicioso. El Gobierno indica que a lo largo del 2022, el Consejo de Ministros aprobó y remitió a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria un gran volumen de Proyectos de Ley, algunos de los cuales ya han sido aprobados como Ley. Desde la perspectiva laboral los más importantes son: el Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción; el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible; el Proyecto de Ley de Empleo (que tanto debate ha generado por el nuevo papel atribuido a la Inspección de Trabajo en la tramitación de los despidos colectivos); el Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo; el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (que regula contratos laborales específicos de este sector); el Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI; y el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (que también contiene una regulación laboral).
Las iniciativas del PAN-23 se articulan en tres grandes líneas estratégicas: la transformación del sistema productivo para que sea más sostenible, competitivo y genere más crecimiento y empleo; el refuerzo del estado del bienestar para garantizar la protección de los derechos sociales y económicos para todos los ciudadanos; y la ampliación de derechos y libertades mediante unas instituciones más modernas, eficaces y transparentes.
María Eugenia Guzmán, José Luis Nores y Miguel Rodríguez-Piñero han publicado un Periscopio Fiscal y Legal de PwC en el que se analizan todas las iniciativas de contenido laboral de este importante documento. Puede accederse a este Periscopio en el siguiente enlace.
