El Boletín Oficial del Estado del día 28 de diciembre de este año ha publicado una norma que mantiene vivo el ritmo de cambios en la legislación laboral española, preparando el inicio de un nuevo año que promete venir lleno de reformas. Se trata del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. Esta nueva norma contiene algunas medidas en el ámbito laboral,
El amplio conjunto de medidas adoptados en los últimos años responde, en realidad, a una pluralidad de causas, de tal modo que no todas pueden considerarse como el resultado de un programa determinado de Gobierno. Podemos distinguir, así, entre distintos tipos de iniciativas legislativas:
- Las adoptadas para dar cumplimiento al Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
- Las que dan cumplimiento a directivas de la Unión Europea
- Las que daban respuesta a situaciones críticas e inesperadas (COVID-19, volcán de La Palma, guerra de Ucrania, sequía, temperaturas extremas, guerra en Oriente Próximo)
- Las que aplicaban acuerdos de las distintas mesas de negociación del proceso de diálogo social auspiciado por el Gobierno
- Las que, en fin, respondían a los programas políticos de los partidos de la coalición de gobierno, incluidos o no en los pactos de legislatura
El actual Gobierno de la nación tiene un programa de cambios legales, incluido en el pacto entre el PSOE y Sumar. Sabemos, por ello, que nos esperan nuevas normas, anunciadas en este documento. De este programa nos hemos ocupado ya en una entrada anterior, accesible en este enlace.
Pero no serán las únicas previsibles, ya que quedan normas unioneuropeas por implementar, alguna fuera ya de plazo para ello (Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea), amén de las que previsiblemente se aprobarán a lo largo del año (como el Reglamento de Inteligencia Artificial o la Directiva sobre trabajadores de plataformas), también analizadas en una entrada anterior a ésta, en este enlace.
De la misma manera, existen una serie de medidas de duración determinada en el tiempo que llegadas a su fin deben ser sustituidas o prorrogadas. De muchas de estas últimas se ocupará la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2024. Adelantándose a ésta, el RDL 8/2023 va a adoptar algunas medidas de este tipo. Para ello contiene un Título VI con medidas de carácter social, que incluye un Capítulo I con algunas en materia de Seguridad Social (que incluyen la prórroga de distintas medidas previamente adoptadas para la reconstrucción económica de la isla de La Palma), y un Capítulo II con otras en materia de empleo.
El RDL 8/2023 es una norma típica de este Gobierno, de gran extensión, con normas de diversas materias con gran variedad de contenidos y niveles de urgencia. Se estructura en seis títulos, conformados por 91 artículos, doce disposiciones adicionales, once disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, trece disposiciones finales y cinco anexos. Una verdadera «Ley Ómnibus», en la terminología que se viene usando en los últimos años.
Como se ha dicho, contiene numerosas medidas de carácter sociolaboral, tanto en su Título VI como en su texto no articulado. Podemos destacar la prórroga de la prohibición de despedir por ciertos motivos y en ciertas situaciones, ya presente anteriormente en nuestro Derecho; la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional de 2023 para el año 2024 (provisionalmente); la fijación del incremento de las pensiones; medidas en materia de cotización a la seguridad social; y otras medidas vinculadas a la protección social del persona investigador. Un conjunto de intervenciones que se refiere a lo que ahora se conoce como «Escudo Social», y que adelantan otras medidas en las próximas semanas y meses.
Sobre este RDL 8/2023 Eugenia Guzmán, socia responsable de laboral de PwC Tax & Legal y Miguel Rodríguez-Piñero, senior counsellor de esta firma y catedrático de Derecho del Trabajo, han publicado un Periscopio sobre esta norma, que puede encontrarse en este enlace.
