El pasado día 1 de marzo se publicó la muy esperada nueva Ley 3/2023, de 28 de febrero de Empleo. Su aprobación estaba ya contemplada dentro del Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En el mismo se preveía una Reforma 5, dedicada a la «Modernización de políticas activas de empleo», y una las actuaciones contempladas para su implementación era la modificación del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, con una serie de objetivos:

• Potenciar los instrumentos de actuación y de coordinación del Sistema Nacional de Empleo, centrándose en la revisión de la Estrategia Española de Activación para el Empleo y sus Ejes y de los Planes Anuales de Política de Empleo.
• La reforma de las Políticas Activas de Empleo.
• La revisión de la Gobernanza del Sistema, con el reforzamiento de la dimensión local de la política de empleo.
• La adecuación a los requerimientos de implementación de las distintas actuaciones previstas en el Plan Nacional de Políticas Activas de Empleo.

El legislador afirma que con su aprobación se procede a dar cumplimiento al hito CID n.º 335 del citado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Es un texto de gran dimensión, que regula materias excluidas de sus precedentes. Este incremento de extensión y contenidos viene a responder a la crítica que desde la misma aprobación de la primitiva Ley de Empleo, la 56/2003, de 16 de diciembre, se le hacía desde varios sectores, incluido en Consejo Económico y Social del Reino de España en su Dictamen 7/2002: la ausencia de numerosos aspectos de las políticas de ocupación. Para hacerse una idea del alcance del cambio de enfoque, baste indicar que la extensión de la Ley 3/2023 triplica la de la anterior Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.

La ley establece el marco de ordenación de las políticas públicas de empleo y regula el conjunto de estructuras, recursos, servicios y programas que integran el Sistema Nacional de Empleo (en adelante SNE), teniendo por objetivo promover y desarrollar la planificación, coordinación y ejecución de la política de empleo y garantizar el ejercicio de los servicios garantizados y la oferta de una adecuada cartera de servicios a las personas o entidades demandantes de los servicios públicos de empleo, a fin de contribuir a la creación de aquel y reducción del desempleo, mejorar la empleabilidad, reducir las brechas estructurales de género e impulsar la cohesión social y territorial.

Eugenia Guzmán y Miguel Rodríguez-Piñero han realizado un primer análisis de esta norma, que se ha publicado dentro de la colección de Periscopios Fiscales y Legales de PwC Tax & Legal, al que puede accederse mediante el siguiente enlace.

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