El proceso de elaboración de la nueva Ley de Empleo ha abierto un nuevo debate sobre la legislación esta vez en relación con una figura central de nuestro Derecho del Trabajo, el despido colectivo. Figura compleja por su impacto social, los intereses en juego, el hecho de haber sido armonizada por la Unión Europea, y la propia complicación de su figura, que incluye un procedimiento de consulta con los representantes de los trabajadores afectados y una supervisión de la administración laboral. Hay un elemento que fue nuclear en esta regulación y que ya desapareció hace diez años: la autorización administrativa, una intervención de la administración que fue común en su momento en Europa, pero que fue desapareciendo hasta dejar a España en el grupo de la pequeña minoría de Estados miembros de la Unión que todavía la preveían a principios de la década de 2010. Fue la reforma de 2012 la que finalmente la eliminó, no sin gran controversia y contestación de las organizaciones sindicales. Por esto dejó de ser «ERE» para ser «despido colectivo», porque pasó de ser un procedimiento encaminado a obtener una decisión de la administración laboral, la autorización o no de las extinciones, a ser una decisión empresarial inmediatamente ejecutiva.
Hay una propuesta de recuperar, si no la antigua administración laboral, al menos un mayor grado de intervención pública, vía un informe de la Inspección de Trabajo. Esta propuesta podría incluirse en el texto de la Ley de Empleo que actualmente se tramita en el Parlamento.
En relación a esta propuesta, y en torno a este debate, María Eugenia Guzmán, socia de PwC Tax & Legal, y Miguel Rodríguez-Piñero, senior counsellor de PwC Tax & Legal y colaborador de este blog, han publicado una columna en el diario económico Cinco Días.
Podéis encontrar el texto completo en este enlace
