El proceso de diálogo social en curso, próximo ya a su finalización por lo que parece, no responde únicamente a una prioridad política del Gobierno de Coalición, que lo era. Es también consecuencia de un compromiso asumido por nuestro país en relación con la percepción de los fondos europeos Next Generation. Para poder recibirlos, y de acuerdo con las exigencias unioneuropeas, el Gobierno español aprobó un “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, que contiene un conjunto muy numeroso de medidas que expresan el compromiso de España para aplicar estos fondos en nuestro país. Este plan tiene una serie de “componentes”, que agrupan varias medidas en ámbitos concretos.
El texto que puede considerarse la espina dorsal de todo el proceso de reforma del año 2021 es el llamado “Componente 23”, titulado “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”. En este componente se incluyen una serie de retos y objetivos, para los que se diseñan unas reformas y unas inversiones.
Los retos son los siguientes:
El mercado laboral español arrastra desde hace décadas importantes desequilibrios que agravan los ciclos económicos, lastran los aumentos de productividad, aumentan la precariedad y profundizan las brechas sociales, territoriales y de género, perpetuando la desigualdad.
La elevada tasa de desempleo estructural y de paro juvenil, la excesiva temporalidad y rotación de contratos, la baja tasa de ocupación y la persistente brecha de género resultan en una baja inversión en capital humano, una baja productividad, y una elevada desigualdad económica y social.
A estos retos estructurales se añade la actual caída de la actividad derivada de la emergencia sanitaria, que está acelerando cambios importantes en el ámbito laboral que hacen necesario abordar algunos de los problemas arrastrados del pasado.
En cuanto a los objetivos a conseguir, se identifican éstos:
Este componente impulsará la reforma del mercado laboral español para adecuarlo a la realidad y necesidades actuales y de manera que permita corregir las debilidades estructurales. Esta reforma debe ser abordada en el marco del diálogo social, orientada a reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, corregir la dualidad, mejorar el capital humano, modernizar la negociación colectiva y aumentar la eficiencia de las políticas públicas de empleo. Además, se dará un impulso a las políticas activas de empleo, orientándolas a la capacitación de los trabajadores en las áreas que demandan las transformaciones que requiere nuestra economía.
Por otro lado, la digitalización del SEPE será una importante reforma que contribuirá a la modernización y eficiencia de los servicios de empleo. Esta inversión se recoge en el componente 11.
Para lograr estos objetivos se estima una inversión total de 2.363 millones de euros.
Dentro de este componente vamos a encontrar hasta 11 reformas a adoptar. Son éstas:
- R1 Regulación del trabajo a distancia
- R2 Medidas para eliminar la brecha de género
- R3 Regulación del trabajo de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales
- R4 Simplificación de contratos: generalización del contrato indefinido, causalidad y simplificación de la contratación temporal
- R5 Modernización de políticas activas de empleo
- R6 Establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad interna y recualificación de trabajadores en transición
- R7 Revisión de las subvenciones y bonificaciones a la contratación laboral
- R8 Modernización de la negociación colectiva
- R9 Modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales
- R10 Simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo
- R11 Digitalización del SEPE, para su modernización y eficiencia
Algunas de estas medidas ya se han producido. En concreto, podemos identificar al menos la C23.R1(Regulación del trabajo a distancia); la C23.R2 (Medidas para eliminar la brecha de género) o la C23.R3 Regulación del trabajo de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales.
Otras son las que han dirigido las discusiones durante el procedimiento de diálogo social todavía en curso: la C23.R4 (Simplificación de contratos: generalización del contrato indefinido, causalidad y simplificación de la contratación temporal); C23.R6 (Establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad interna y recualificación de trabajadores en transición); C23.R8 (Modernización de la negociación colectiva); y la C23.R9 (Modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales). Como se observa, estas reformas coinciden con las líneas temáticas del proceso de diálogo social, lo que resulta coherente con el compromiso del Gobierno, expresado entre los objetivos a lograr con el Componente 23, de que “esta reforma debe ser abordada en el marco del diálogo social, orientada a reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, corregir la dualidad, mejorar el capital humano, modernizar la negociación colectiva y aumentar la eficiencia de las políticas públicas de empleo”. Esta conexión tiene dos consecuencias importantes, en la medida en que el Componente 23 expresa un compromiso del Estado español: por un lado, impone un plazo para la firma del acuerdo y la aprobación de las medidas, el final de este año, ya que a ello se comprometió nuestro Gobierno ((aunque las instituciones de la Unión han expresado recientemente que aceptarían una ampliación de este plazo); por otro, condicionar los resultados del proceso, de tal manera que si se firma un acuerdo que no incluyera todas estas medidas cabría pensar, al menos teóricamente, que el Gobierno tendría que adoptar las que faltaran, para dar por cumplidas las obligaciones que hemos asumido.
Existe un tercer paquete, de medidas relacionadas con las políticas activas y pasivas de empleo, cuya puesta en práctica sigue su propio procedimiento. Se incluirían en éste las reformas C23.R5 (Modernización de políticas activas de empleo), C23.R7 (Revisión de las subvenciones y bonificaciones a la contratación laboral), C23.R10 (Simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo) y C23.R11 (Digitalización del SEPE, para su modernización y eficiencia).
En este mes de diciembre el Gobierno ha presentado un Informe de Ejecución del Plan de Recuperación, en el que se hace una valoración de las medidas previstas en este plan ya adoptadas en el momento de su elaboración.
En lo que a la reforma laboral interesa se afirma, dentro de lo que se considera como la “arquitectura básica para el despliegue del Plan, que “en el curso de 2021 se han ido activando todos los instrumentos legales, institucionales, financieros y de gobernanza que constituyen la arquitectura básica para el despliegue del Plan de Recuperación, en paralelo con el avance del proceso de aprobación en el ámbito comunitario y la propia ejecución de las inversiones y reformas sobre el terreno”. Y entre estas medidas se pone énfasis en que “se han celebrado numerosas reuniones y encuentros con representantes económicos y sociales, expertos, grupos políticos y otros agentes colaboradores para el despliegue del Plan”. Dentro de estas reuniones se destacan “las reuniones de la Mesa de Diálogo Social y otros eventos con los agentes sociales.
Entre las actuaciones realizadas se destaca que “está en marcha un proceso de intenso diálogo social “, que tiene como finalidad “aprobar en el cuarto trimestre de 2021 un paquete de reformas que permita europeizar el mercado laboral”. Los objetivos de este proceso son impulsar la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, así como fomentar la generalización de la contratación indefinida, la modernización de la negociación colectiva y de la subcontratación junto la introducción de un mecanismo de flexibilidad y sostenibilidad del empleo ante las crisis.
El Gobierno identifica una serie de medidas ya producidas:
- Reformas legislativas destinadas a cerrar la brecha de género
- Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre hombres y mujeres
- Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
- Medidas para atender a los retos derivados de la digitalización,
- Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia
- Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales (Ley Rider).
- Medidas en materia de empleo
- Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 Activación para el empleo, publicada mediante RD1069/2021, de 4 de diciembre.
- Real Decreto1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024.
- Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo.
- Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
- Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes (BOE de 25 de junio).
Junto a estas se identifican varios proyectos en curso, en concreto:
- Medidas incluidas en el proceso de diálogo social
- Anteproyecto de la Ley de Empleo
- Proyecto de reforma de la Ley por la que se regula el Sistema de Formación Profesional en el trabajo
- Proyecto de Modernización del Programa de Fomento del Empleo Agrario,
- Proyecto de simplificación del Sistema Asistencial de protección por desempleo Proyecto de reforma de incentivos a la contratación
Se dice, en concreto, respecto del Componente 23, lo que sigue:
La mejora de funcionamiento de mercado laboral es un objetivo crucial para el bienestar económico y social. El mercado laboral español arrastra importantes desequilibrios estructurales y es necesario abordar, en el marco de diálogo social, una agenda de políticas públicas para impulsar un mercado laboral dinámico, resiliente e inclusivo que responda a las necesidades del proceso de digitalización atendiendo especialmente a colectivos vulnerables y priorizando las acciones dirigidas a las mujeres y a las personas jóvenes.
Desde 2020, se ha avanzado en reformas legislativas destinadas a cerrar la brecha de género como el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, o el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. Asimismo, para atender a los retos derivados de la digitalización, se ha establecido un marco regulador del trabajo a distancia a través del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, así como la Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales (Ley Rider).
Adicionalmente, se debe reducir la temporalidad y la precariedad, favoreciendo la seguridad jurídica y la creación de empleo, alineando el marco normativo a la realidad del siglo XXI. Por ello, está en marcha un proceso de intenso diálogo social con el fin de aprobar en el cuarto trimestre de 2021 un paquete de reformas que permita europeizar el mercado laboral, impulsando la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 Activación para el empleo, publicada mediante RD1069/2021, de 4 de diciembre, e igualmente, fomentando la generalización de la contratación indefinida, la modernización de la negociación colectiva y de la subcontratación junto la introducción de un mecanismo de flexibilidad y sostenibilidad del empleo ante las crisis.
Por otra parte, en relación a las Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo se han planteado 5 reformas importantes que están en marcha. Las políticas activas de empleo son una pieza clave en la lucha contra el desempleo y constituyen también un elemento fundamental en la configuración de un mercado de trabajo sostenible que en la actualidad se enfrenta al reto de envejecimiento demográfico.
Para ello, se están abordando una revisión de la normativa existente en la materia. El Anteproyecto de la Ley de Empleo ya ha pasado por primera lectura del Consejo de Ministros, su objetivo es potenciar los instrumentos de actuación y de coordinación del Sistema Nacional de Empleo, centrándose en la revisión de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo y sus Ejes y de los Planes Anuales de Política de Empleo; la reforma de las Políticas Activas de Empleo; la revisión de la Gobernanza del Sistema, con el reforzamiento de la dimensión local de la política de empleo; así como la adecuación a los requerimientos de implementación de las distintas actuaciones previstas en el Plan Nacional de Políticas Activas de Empleo.
Además, se acaba de aprobar el Real Decreto1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, destacando entre sus principios inspiradores: la modernización de las políticas activas de empleo; la personalización de los servicios dirigidos tanto a personas como a empresas, mediante el acompañamiento personalizado y la digitalización de los SPE; las políticas activas de empleo como palanca de transformación productiva (para el especial fortalecimiento de la transición ecológica y la transformación digital); la evaluación como eje vertebral para lograr una mayor orientación a resultados.
También se ha aprobado el Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, con el objeto de unificar y actualizar la regulación de estos programas para conseguir una mayor eficiencia, adecuándolos a las circunstancias cambiantes del mercado laboral y las nuevas necesidades en el ámbito digital y verde.
Por otra parte, se ha aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes (BOE de 25 de junio), con 69 medidas articuladas en torno a seis ejes, cuyo principal objetivo es mejorar el empleo joven a través de un refuerzo de la Garantía Juvenil. Los seis ejes de acción incluyen la orientación, la formación, las oportunidades de empleo, la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, el emprendimiento y la mejora del marco institucional.
En elaboración está la reforma de la Ley por la que se regula el Sistema de Formación Profesional en el trabajo para adecuarla a las necesidades de empresas, sectores y personas trabajadoras. Esta reforma se centrará en la formación profesional para el empleo no vinculada al catálogo nacional de Cualificaciones Profesionales, de acuerdo con el nuevo modelo de formación profesional. También se están desarrollando los trabajos de la Modernización del Programa de Fomento del Empleo Agrario, de la simplificación del Sistema Asistencial de protección por desempleo y de la reforma de incentivos a la contratación y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable.
Por otro lado, se ha adoptado el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con el objeto de reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas a través del impulso de los procesos de estabilización, la conversión de personal interino en funcionario, así como la revisión de las causas para la contratación temporal en el sector público.
- Texto del Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
- Texto del Informe de Ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Diciembre 2021
