La reforma laboral aprobada a finales de 2021 modificó la normativa laboral anterior, eliminando la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los de sector en materia salarial. Recordemos que una de las novedades de la reforma laboral de 2012 que más resistencias había generado en los sindicatos había sido la introducción de la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el sectorial en bastantes materias incluida la salarial. Consideraban que había servido de base para prácticas poco edificantes de algunas empresas, especialmente en el sector de los multiservicios. Desde el 28 de diciembre de 2021, las empresas no pueden pagar salarios inferiores a los establecidos en sus convenios sectoriales de referencia cuando estos resultan de aplicación.
Aunque esto se interpretó generalmente como el reconocimiento de una preferencia del nivel sectorial de negociación sobre el de empresa, la realidad era más compleja. Se mantuvo la preferencia del nivel empresarial (aunque se limitó su alcance); y se mantuvo la regla tradicional en materia de concurrencia de convenios, que es la aplicación preferente del celebrado en primer lugar. Esto supuso en muchos casos que se aplicara un convenio de sector cuando antes había uno de empresa, es cierto; pero no porque existiera un mandato para ello (algo que durante la negociación las organizaciones sindicales plantearon), sino porque las circunstancias del caso llevaban a ello.
La reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 407/2025, de 29 de enero de 2025, que resuelve un recurso de casación ordinario, aborda cuestiones fundamentales en relación con la impugnación de despidos colectivos y la determinación del convenio colectivo aplicable para el cálculo de indemnizaciones. Esta sentencia ha avalado que una subcontrata, inmersa en un proceso de despido colectivo, utilice para las indemnizaciones de los trabajadores los salarios de su convenio de empresa, que eran más bajos que los del convenio sectorial de referencia. Este fallo aclara el sistema actual de concurrencia de convenios, que combina el tradicional de la prioridad temporal con el trato de favor para el de empresa en algunas materias.
Se trata de un tema de enorme relevancia, que tras la reforma de 2021 había quedado resuelto por la ley, pero cuya aplicación práctica seguía generando dudas. Estamos en 2025, y el tiempo transcurrido nos indica lo que se tarda en disponer de una jurisprudencia consolidada sobre los cambios legales en el ámbito laboral. Como ya ocurrió con otras reformas anteriores, pasan tres o cuatro años entre la publicación de la ley y su interpretación judicial definitiva, lo que se llama la “agenda judicial de la reforma”. Durante estos años los aplicadores de estas normas se mueven en un marco de inseguridad jurídica. Uno de los aspectos centrales de la nueva legislación de 2021 ha quedado con esta sentencia aclarado.
María Eugenia Guzmán y Julio Calvo, socios de laboral de PwC Tax & Legal; y Miguel Rodríguez-Piñero, colaborador de este blog, han publicado un primer comentario de esta norma, que puede ser consultado en el siguiente enlace.
