El Congreso Internacional de Internet, Derecho y Política está impulsado y organizado por los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Las trece ediciones anteriores han consolidado el Congreso Internacional de Internet, Derecho y Política como lugar de encuentro anual de investigadores, académicos y profesionales interesados en las consecuencias del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes ámbitos del derecho y la política.

El surgimiento de prácticas colaborativas de producción y consumo basadas en el uso de plataformas digitales cuestiona las formas tradicionales de provisión de bienes y servicios. Estas plataformas pueden ser de varios tipos, desde creación de bienes comunes (por ejemplo Wikipedia), reparto de gastos (BlaBlaCar) o creación de vínculos y relaciones hasta creación u organización de actividades (fijando sus condiciones de ejercicio como en el caso de Uber). Esta nueva realidad conlleva, entre otras cosas, la creación de nuevos modelos de organización económica, a la vez que se transforman las relaciones sociales, se abren nuevas posibilidades en las relaciones laborales y se crean nuevas oportunidades de desarrollo.

Sectores muy diversos han quedado afectados por este nuevo paradigma: la movilidad, el acceso a la vivienda (pensemos en las prácticas de igual a igual o P2P del alquiler turístico), la sostenibilidad, la exclusión social, la accesibilidad o la participación ciudadana.

Algunos autores apuntan que nos encontramos ante una nueva revolución. Ciertamente estamos ante una transformación del modelo económico en la que el proceso colaborativo ocupa un eje principal. Este hecho ha comportado una sustitución progresiva de la figura del intermediario, y se ha pasado de una estructura piramidal a una sociedad en red que quiere facilitar la optimización de bienes y recursos.

Sin embargo, este nuevo paradigma también contiene elementos negativos. Citemos algunos ejemplos: la posible vulneración de algunos derechos humanos y nuevas formas de discriminación, el enfoque primordial hacia el negocio más allá de la filosofía colaborativa original o de la posible competencia desleal. Asimismo, se consolidan nuevos actores y plataformas transnacionales que aprovechan los vacíos legales para tener mayor cuota y control del mercado.

La economía colaborativa afecta, entre otros aspectos, la configuración de las relaciones laborales, los derechos de los consumidores, el derecho de la competencia, la fiscalidad, el tratamiento de la información personal, la propiedad intelectual, las políticas públicas de las administraciones, el ejercicio de derechos fundamentales, etc.

En definitiva, la economía colaborativa es un fenómeno controvertido que exige una reflexión sobre cuáles son los límites y qué instrumentos de regulación e intervención públicas son necesarios para dar respuesta a los retos que plantea.