El Boletín Oficial del Estado del viernes 12 de mayo ha publicado el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, que ha llamado la atención por varios motivos, entre ellos porque establece nuevas obligaciones para las empresas respecto de sus trabajadores, esta vez para mejorar su protección frente a los riesgos laborales. Lo destacable es que estas medidas responden a una realidad climática, algo que hasta ahora no se había traducido en medidas legislativas incisivas y de urgencia, como las que ahora se establecen. Sí han sido normales las normas que prevén actuaciones a largo plazo; así como otras que se dirigen a mitigar las consecuencias de un desastre relacionado con el clima. Aquí tenemos otra cosa, reformas para adaptar elementos estructurales de nuestro ordenamiento jurídico a una nueva realidad.
Lo cierto es que la intervención del legislador obedece a dos fenómenos diferentes, aunque ambos relacionados con la misma realidad, el cambio climático: la sequía y la subida anormal de temperaturas en estas últimas semanas. Dos facetas de un mismo fenómeno, que está obligando a actuar a los gobiernos en múltiples frentes, incluyendo la aprobación de normas en diversos ámbitos. Estamos contemplando el nacimiento de una nueva rama del Derecho, el “Derecho Climático”, formado por todas aquellas disposiciones aprobadas como reacción a los cambios que está experimentando nuestro clima como consecuencia de la acción humana. Éste tendrá un contenido laboral, y hablaríamos así de un “Derecho Climático del Trabajo”, del que este RDL sería una de sus primeras manifestaciones.
Es una “norma-ómnibus”, que contiene medidas de diversa naturaleza, que tienen en común el ser reacciones a un problema único, el de los efectos del cambio climático. Su denominación así lo indica claramente: “Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas”. Uno de sus objetivos es, pues, la “prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas”, una materia claramente laboral, aunque no es la única que se contiene en esta norma.
Eugenia Guzmán, socia directora de laboral de PwC Tax & Legal, y Miguel Rodríguez-Piñero, catedrático de Derecho del Trabajo y senior counsellor de PwC Tax & Legal, han publicado un Periscopio Legal y Fiscal sobre esta norma, que es de acceso libre mediante el siguiente enlace.
