María Eugenia Guzmán y Julio Calvo, socios de laboral de PwC Tax & Legal; y Miguel Rodríguez-Piñero, colaborador de este blog, han publicado recientemente un Periscopio , en el que analizan el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024
Este RDL tiene por objeto la adopción de medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en una serie de municipios incluidos en un anexo. Sus medidas son complementarias a las contempladas en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 5 de noviembre de 2024, por el que se declara zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil el territorio afectado por este fenómeno natural, y se aplican a las personas físicas y entidades públicas o privadas que hayan sufrido daños en sus bienes o derechos como consecuencia directa o indirecta de éste, pero siempre que se hayan producido en los municipios señalados y que resulten acreditados. El anexo podrá ser modificado mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, en función de la evolución de los daños producidos que se pudieran identificar con posterioridad.
El Capítulo IV del RDL 6/2024 establece las medidas en materia de Seguridad Social. Hay que tener en cuenta que lo que el Consejo de Ministros aprobó en su reunión del 5 de noviembre fue un paquete de medidas extraordinarias de protección y apoyo a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Estas medidas son sólo parte de la respuesta del Gobierno a este desastre natural, e incluyen, por el ministerio que las propone, a medidas que podemos calificar de protección social, en sentido cambio, combinando las puras de Seguridad Social con otras relativas a instrumentos de tutela de la ciudadanía de otra naturaleza. Se basan sobre ayudas ya previstas en la legislación vigente, a las que mejoran con el objetivo de proteger a los trabajadores y reforzar el tejido productivo en las zonas gravemente afectadas, con especial atención a la protección de las personas más vulnerables.
El Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, no será, seguramente, el único que se apruebe en esta materia, porque faltan otras actuaciones que hoy son previsibles, como todas aquellas de carácter laboral.
