En el siglo XXI los debates en el mundo del Derecho han cambiado. Junto a los foros tradicionales han aparecido otros (blogs, redes sociales, foros en línea, prensa jurídica) que han servido para amplificarlos y extenderlos a cada vez más personas. Novedades legales y judiciales se convierten en temas de interés general, y esto lleva a que se sometan a las mismas dinámicas que otras noticias: necesidad de captar la atención, uso de titulares llamativos, cierto nivel de simplificación… Frente a esta tendencia, se hace necesario analizar los temas con cierto distanciamiento y alguna prudencia, para evitar conclusiones apresuradas.
Una de las cuestiones que más está preocupando a los iuslaboralistas en los últimos meses es el del despido, ante la presencia de significativas señales de que algo está cambiando. Son varios los aspectos afectados, y también las palancas de cambio regulatorio. Entre todos los puntos de interés destaca uno, que está generando generalizada preocupación, y que es el que podemos denominar como “indemnización adicional por despido”. Ante la constatación de que en algunos casos la indemnización reconocida a los trabajadores en supuestos particulares de despido puede ser insuficiente, ciertos tribunales están planteando la necesidad de que las empresas abonen una cantidad adicional a éstos.
Ante el interés y actualidad del tema, María Eugenia Guzmán y Julio Calvo, socios de laboral de PwC Tax & Legal, y Miguel Rodríguez-Piñero, senior counsellor de PwC y catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, han elaborado una entrega de la colección de Periscopios Legales y Fiscales de PwC. en el que se analiza aspecto concreto del debate sobre el despido en España, intentando proporcionar algunos elementos para su comprensión, incluyendo una reconstrucción sobre el funcionamiento de esta medida, en caso de considerarse aplicable en algún caso concreto. El texto completo está disponible aquí.
El punto de partida es que se ha generalizado entre determinados actores de las relaciones laborales la idea de que las indemnizaciones legales por despido son insuficientes, y deben ser incrementadas por los jueces. Esta idea es la que sustenta la propia institución de la indemnización adicional.
Sin duda la reforma legal sería el camino natural para proceder a una modificación normativa de este alcance. Sin embargo, la particularidad de este proceso es que, en paralelo a los intentos de modificar la ley, se está produciendo lo que podríamos calificar como “reforma judicial”, siendo conscientes de que esta expresión resulta esencialmente contradictoria, dado que, es obvio, los jueces no legislan. Nos referimos al dictado de una serie de pronunciamientos judiciales que se separan de la regulación vigente para resolver asuntos sobre indemnizaciones judiciales según reglas diferentes. Se trata de reglas que suponen el rechazo de las cuantías fijadas de acuerdo con los criterios del Estatuto de los Trabajadores, para imponer otras de acuerdo con otros alternativos.
