Una entrada con un tono de Halloween, dado que este festejo se ha producido hace pocos días. Esta fecha nos ha servido de hilo conductor para una reflexión sobre una realidad de la que hemos tenido conocimiento por la práctica profesional, asesorando a empresas que están obligadas por el ordenamiento jurídico a tener plan de igualdad. El cumplimiento de esta obligación legal es un requisito para, entre otras cosas, poder acceder a la contratación pública.
Sin plan de igualdad no es posible acceder a un contrato del sector público. Ahora bien, la existencia de este plan dista de ser una cuestión clara, ante la insuficiente regulación de estas figuras, la difícil aplicación analógica de las reglas sobre negociación colectiva, y la aprobación de normas sucesivas que han cambiado el marco normativo aplicable a estas figuras. Los iuslaboralistas, acostumbrados a la lógica tradicional del Derecho sindical, asumimos una especie de principio de conservación del plan, y tendemos a considerarlo existente incluso cuando de manera sobrevenida, por un cambio legislativo, su contenido ha pasado a ser irregular o insuficiente.
En los últimos meses se ha detectado una práctica administrativa consistente en considerar que los planes de igualdad que no se han adaptado en plazo a las últimas reformas en la materia han dejado de existir. No es que sean planes irregulares, sino directamente inexistentes. Este efecto se produce a partir de enero de 2022, cuando termina el plazo para adaptarlos a las nuevas exigencias legales. Ello sin notificarlo a las partes firmantes, que en muchos casos se enteran de ello cuando una mesa de contratación les excluye de una licitación por considerar que en el REGCON aparecen como extintos. Mientras que las empresas los venían dando por válidos, y mantenían la aplicación de sus disposiciones. De ahí que se pueda hablar, como hacemos en esta entrada.
Sobre este tema se ha publicado una columna de opinión en ValenciaPlaza, bajo el título que también lleva esta entrada.
Esta columna ha sido elaborada por Vanesa Orive Sánchez , directora de Laboral en PwC Tax & Legal, y por Miguel Rodríguez-Piñero Royo, senior counsellor de Laboral en PwC Tax & Legal, catedrático de Derecho y miembro del equipo de investigadores que desarrolla este proyecto, y se llega a través de este enlace.
