Puedes acceder al contenido completo de este trabajo en el siguiente enlace que te conducirá al capítulo: “La visibilidad de la experiencia laboral” publicado dentro de la monografía AAVV.,  El tratamiento del empleo de los trabajadores maduros por parte de los poderes públicos y de las políticas empresariales de Recursos Humanos, (dirigido por José Manuel Morales Ortega), Editorial Laborum, Murcia, 2016, ISBN: 978-84-945033-9-9.

RESUMEN

La situación actual de los trabajadores mayores de 45 años en nuestro país está necesitando de una adaptación de las políticas de empleo tanto activas como pasivas, si con ellas se pretende garantizar o promover su inserción en el mercado laboral o la prolongación de su vida activa. La subordinación progresiva del Derecho del Trabajo al Derecho del Empleo, la relación de éste con la economía del país y la incertidumbre sobre el empleo de este colectivo está dibujando un camino de difícil retorno si no se adoptan las adecuadas medidas. Las acciones positivas vienen dadas por las políticas activas de empleo y, dentro de éstas, por la promoción de las competencias profesionales de los trabajadores, entendidas desde la experiencia y cualificación profesional.

La experiencia profesional es aquella que se ha ido adquiriendo con el desarrollo de una actividad profesional, dependiente o no, mientras que la cualificación profesional está integrada, además de por otros elementos, por la educación del trabajador y su formación profesional. Es precisamente en esta última donde es más fácil actuar para facilitar su permanencia en el mercado laboral. Según las encuestas ofrecidas por la EPA para este colectivo en el primer semestre de 2016, se comprueba cómo, en función de su educación, las tasas de desempleo disminuyen de forma considerable, pasando del 40.73% entre el colectivo que tiene estudios primarios incompletos, hasta el 8,25% para los que cuentan con una educación superior.

Aunque esta relación es significativa solo nos ofrece una parte del problema o de la solución. Actualmente el acceso o mantenimiento de un puesto de trabajo no va a depender solo de la formación académica del trabajador sino de sus competencias, las cuales van a venir dadas por los conocimientos y capacidades necesarias para desempeñar una actividad profesional conforme a las exigencias del mercado. Esta adaptación solo es posible si se habilitan los mecanismos suficientes para absorber las carencias detectadas.

Esta función corresponde a las Instituciones Públicas, a través del desarrollo de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y de las propias empresas a través de sus programas formativos.

Según la normativa vigente, a los poderes públicos les corresponde promover una oferta formativa de calidad, orientada a las necesidades presentes y futuras del mercado. Por su parte, corresponde a las empresas desarrollar programas formativos dirigidos, no solo a la readaptación tecnológica de los puestos de trabajo sino a la cualificación de sus trabajadores como instrumento de promoción profesional dentro de su empresa o, simplemente, como incremento o perfeccionamiento de su nivel competencial.

Tanto en un supuesto como en otro la intervención de los agentes sociales es necesaria. En el primero, a través de su participación institucional, entre otras, en la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo y, en el segundo, a través de la negociación colectiva.

Aunque con un contenido muy dispar, los convenios colectivos vigentes hasta la fecha suelen prever la constitución de comisiones, generalmente paritarias, que se van a encargar del diseño, control y seguimiento de los programas formativos de la empresa, así como de la definición del sistema de elección y acceso a los distintos cursos, además de otros aspectos como su duración, coste y la forma en la que van a impartirse (directa o indirectamente a través de entidades ajenas a la empresa).

La respuesta a los retos presentes y futuros de un mercado globalizado exige la coordinación del mayor número posible de agentes intervinientes en el proceso, sobre todo los nacionales y comunitarios si hablamos de empleabilidad.

                                                                                                                                                       Carmen Aguilar

Universidad de Sevilla