Dos años desde la Ley Rider: la visión del sindicato

Raúl García Agudo

Valladolid. Febrero de 2024.

Son dos años y medio de la entrada en vigor de la ley rider y aún nos encontramos con el escenario enquistado de la falta de aplicación de la, ya no tan nueva, normativa laboral por parte de algunas de las grandes multinacionales que operan en el sector.

En concreto dos son las empresas que siguen acaparando la mayoría de las cuentas que trabajan de forma fraudulenta y que incumplen de forma sistemática la ley rider: Uber Eats y Glovo. La mayoría del resto de empresas del sector del delivery, el sector del reparto de comida a domicilio, cumplen rigurosamente con la nueva ley: contratación, aplicación de convenio, protección social, trasparencia algorítmica, etc y por tanto operan en una situación de desventaja competitiva, comercialmente hablando, contra estas empresas fraudulentas.

Porque Uber Eats y Glovo se siguen aprovechando de los trabajadores a través de una estafa piramidal en la que el mantenimiento de su flota de repartidores, el grueso de quienes sustenta este sector y que se cuentan por miles en cada ciudad de España, no les cuesta absolutamente nada y de los cuales obtienen el máximo beneficio de este boyante negocio.

Como ya es sabido, estas empresas no asumen ninguna de las responsabilidades, ni fiscales, ni patrimoniales, ni laborales, de los recursos necesarios para efectuar la actividad central de este sector: la entrega de pedidos de comida a domicilio. No ponen los medios de locomoción o transporte utilizado por los riders, ni los dispositivos tecnológicos (teléfono móvil) o recursos necesarios (licencias, seguros) o los equipos de protección personal o material y menos aún la obligación de un contrato y el pago de un salario o de una cotización social que está establecida por ley.

Porque estas empresas obligan a sus explotados riders a darse de alta como falsos autónomos de una forma fraudulenta y tácitamente, pero lo peor no radica aquí. Algunos de ellos se aprovechan de los más frágiles de la cadena de reparto, provocando, de una forma cada vez más extendida, que el explotado, en este caso el Falso autónomo, con cuenta en Glovo o Uber Eats, se convierta a su vez en cómplice y explotador de quienes a menudo acaban entregando los pedidos en los domicilios de los clientes, y que son los auténticos esclavos del siglo XXI, y último eslabón de esta perversa cadena: Personas inmigrantes, casi siempre en situación irregular y que se ven obligados a trabajar de forma ilegal, completamente infravalorada y repartiendo el importe de los pedidos con los titulares de las cuentas. Pedidos que se reparten entre el titular de la cuenta y donde estas personas reciben apenas un 30% o 40% sobre los ingresos de los pedidos.

Glovo y Uber Eats, alegando una hipócrita búsqueda e importancia de la flexibilidad o de un trabajo moderno, alientan esta situación y permiten la subcontratación de las cuentas y de facto un mercado ilegal de trabajadores, la mayoría de ellos en una situación irregular o de exclusión social, pero con un denominador común: la alta dependencia de un mínimo de ingresos para poder subsistir. Ingresos que consiguen muchas veces tras más de ocho horas diarias en el mercado ilegal de los riders.

Debemos recordar que, al no cumplir con la ley, los trabajadores de estas plataformas no pueden organizarse y por tanto no pueden promover un proceso de elecciones sindicales, constituir una representación de las personas trabajadoras en la empresa o un comité de empresa y abrir un proceso de negociación o de interlocución con la dirección con unas mínimas garantías.

Tampoco pueden beneficiarse de los derechos otorgados por la ley rider como la transparencia algorítmica ni participar en la definición o modulación de los procesos internos que afectan a los miles de trabajadores a través de dichos algoritmos, que son los que perversamente rigen y organizan la actividad (franja horaria, asignación de pedidos, valoración, etc) y que incluso acaban siendo los promotores de las desvinculaciones, eufemismo directo de un despido, que por supuesto, ejecutan sin ningún tipo de indemnización.

Nada de esto se cumple en estas empresas que siguen sin asumir las leyes de nuestro país y dejan al estrato social, a los riders, los que realmente mantienen esta actividad en una completa indefensión. Ni siquiera la modificación del código penal, con la modificación del artículo 311 del Código Penal, con penas de prisión de 6 meses a 6 años, ha conseguido, aún, “meter en vereda” a estas empresas.

Mientras tanto, lo peor son los cadáveres que van quedando por el camino porque los heridos o muertos se van sumando. En mayo se cumplirán cinco años de la muerte de un rider nepalí atropellado por un camión del servicio de limpieza en Barcelona cuando hacía un servicio para Glovo. Glovo reconoció que no lo tenía registrado y se verificó que el fallecido, que estaba indocumentado y no podía por ello darse de alta como autónomo, trabajaba sin contrato con una cuenta subcontratada. Esta misma semana un accidente provocado por un rider, una persona inmigrante sin papeles, en este caso de Uber Eats en Valladolid, trabajando ilegalmente y por tanto sin ninguna protección social, deja un nuevo herido en el Hospital Universitario Río Ortega; un choque con un patinete que, por suerte, esta vez, sólo ha quedado en un susto.

Así, después de dos años y medio de la entrada en vigor de la ley, este es el contexto que mantenemos en Valladolid en el Delivery de comida a domicilio, pero podemos estar seguros de borrar el nombre de la ciudad y podría ser completamente extrapolable a cualquiera de las ciudades de nuestro territorio nacional.

Lo que impera, por tanto, en este contexto, es una gran impotencia e indignación que consigue mantener una situación decadente de explotación constante y fraude laboral. Fraude que se traduce en el incumplimiento sistemático por parte de algunos de la normativa laboral tras la publicación de la ley rider. Fraude en el mundo del trabajo, ante la seguridad social, ante la hacienda pública y ante nuestro completo entorno social. Porque también debemos señalar a aquellas quienes se alinean, mantienen o incrementan esta situación ofreciendo la entrega de sus productos con estas empresas: McDonalds, Alcampo, Dia, KFC, o Carrefour entre otras, que se convierten en partners por ejemplo de Glovo y sostienen con su pasividad, una actividad ejecutada de una forma completamente ilegal. Debemos reconocer por otro lado aquellas empresas, como Rodilla, que han apartado a estos operadores vetando la entrega de sus productos a través de ellos, por el incumplimiento de la ley.

Pero principalmente es necesario apelar a la ciudadanía al buen uso del sector y discernir entre aquellas empresas que sí cumplen, entre las que se incluyen la mayoría de las cadenas con su propia flota de repartidores o Just Eat que incluso tiene un convenio por encima de las condiciones del sector y que mantienen por tanto un mínimo de dignidad de un sector altamente denostado por el individualismo y la precariedad.