De las siete leyes orgánicas de Educación promulgadas dentro del marco constitucional, cuatro de ellas han supuesto modificaciones en la estructura del Sistema Educativo, desde la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación (LGE, 1970) proclamada en los últimos años del franquismo.
Las leyes constitucionales que han modificado nuestro Sistema Educativo han sido, por orden cronológico: la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE,1990); la Ley Orgánica 19/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE, 2002); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de la Educación (LOE, 2006) y, por último, la Ley Orgánica, 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013), paralizada en este momento ante la posibilidad de que sea sustituida por el primer pacto sobre Educación que se acordaría en España.
Las tres normas restantes han regulado aspectos organizativos y curriculares, pero sin alterar la estructura general del modelo educativo previo a su promulgación. Estas son: la Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE, 1980); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación (LODE, 1985) y la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Escolares (LOPEG, 1995).
De todas ellas, ninguna como la LOMCE (2013) había logrado tener en su contra a la totalidad de la comunidad educativa, incluidos los padres y las madres de los/as estudiantes que siempre fueron reacios a secundar las jornadas de huelga escolar. La LOMCE (2013) representa el segundo intento por implantar una reforma educativa por parte de los gobiernos del Partido Popular (PP), tras la fallida LOCE (2002) que fue interrumpida en el año 2004 con el regreso del Partido Socialista Obrero Español al gobierno. La LOCE (2002) ya contemplaba la implantación de las obsoletas reválidas ya que, esta Ley, establecía la celebración de una prueba externa al final del Bachillerato. Igualmente, destaca de la LOCE (2002) el carácter evaluable y computable que se otorgaba a la asignatura de Religión; aspecto contradictorio si tenemos en cuenta que España es un estado laico, como se recoge en el art. 16.3 de la Constitución Española que garantiza el principio de secularización de España al indicar que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” (art.16.3).
La LOMCE (2013) es el segundo intento, por parte de un gobierno del PP, de introducir reformas significativas en el Sistema Educativo español; en esta ocasión amparado por la mayoría absoluta obtenida en el año 2011. Esta norma introduce importantes reformas que afectan a la estructura y duración de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria), a la Formación Profesional y al Bachillerato, partiendo siempre de la Ley precedente, la LOE (2006), que se ha mantenido vigente durante el corto recorrido de la LOMCE (2013). Una norma que, sin duda como todas las anteriores, tiene un trasfondo político que se hace patente, por ejemplo, con la implantación de la Formación Profesional Básica (FPB), una de las reformas que afectan a la etapa obligatoria de la enseñanza. La FPB sustituye a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) como itinerario académico para los estudiantes, chicos y chicas, con serias dificultades para obtener el título de graduado en ESO. La diferencia fundamental está en que la FPB convierte el segundo año en obligatorio para así, tan solo con este requisito, equiparar esos programas con el Bachillerato al pasar a formar parte de la misma categoría CINE 3 de la Clasificación Internacional Normalizada de Educación (CINE) – en inglés International Standard Classification of Education (ISED)- de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La CINE nace en los años 70 como una herramienta eficaz para el acopio, compilación y presentación de estadísticas de educación en los países que cuentan con una educación reglada. Sin embargo, y a pesar de tener esta calificación, los estudiantes que terminan la FPB solo obtienen un certificado de estudios al final de la misma, por lo que poseen una cualificación profesional ínfima que no les permite ser competitivos en el mercado laboral. Deben, por tanto, realizar un examen para obtener el graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por lo que el rédito obtenido con esta reforma es meramente político: han conseguido bajar significativamente el abandono escolar temprano en las estadísticas. Aunque, para ser justos, en este efecto también han participado otros factores con la misma o mayor influencia que la reforma implantada mediante la Ley del 2013, como son: el estallido de la burbuja inmobiliaria, la crisis económica, la falta de empleo, los graves y persistentes problemas estructurales del mercado laboral español, la caída de los salarios, etc.
Si de verdad la paralización de la LOMCE (2013) va a suponer la apertura de un proceso de diálogo y consenso sobre la Educación en España las expectativas son muchas y ambiciosas. La básica y fundamental es lograr una escuela pública de calidad para todos y todas. Una escuela inclusiva que acoja la diversidad presente en la sociedad, que se construya con la participación de todos sus protagonistas y para las generaciones presentes y futuras.
Hablar de un pacto por la Educación nos acerca a sistemas educativos de otros países de nuestro entorno como el finlandés, tan alabado y envidiado por sus resultados en los informes PISA (unas pruebas que merecen su propio espacio en este blog), que supone una manera de pensar y de comprender cuál es el fin último de la Educación. En Finlandia el 98 % de los centros educativos y formativos son públicos, se legisla con una vigencia mínima de 30 años, con acomodaciones puntuales a los tiempos bajo consenso, y la educación pública es totalmente gratuita (incluidos los materiales escolares y el comedor).
Quizás sea el momento de revertir los términos y apostar por una escuela pública de calidad en España, sin recortes de personal, ni de medios, ni de infraestructuras. Reparar, ampliar y construir centros públicos, frente a la política educativa basada en la creación de un mercado inmobiliario de centros escolares dirigido a la escuela concertada, sufragado con fondos públicos y amparado en una legislación que fomenta las plazas concertadas frente a las públicas.
Si va a producirse el diálogo no está de más que las personas que participen en estos encuentros consideren y reflexionen sobre el fin último de la Educación y de la escuela, la organización social creada expresamente para albergar el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje que, en palabras de Bolívar (2010: 22), su finalidad consiste “no es enseñar todo lo que es posible saber, sino que todos aprendan lo que no debiera permitirse ignorar” (Bolívar, 2010: 22)[1].
[1] Bolívar, A. (2010). Competencias básicas y currículo. Madrid: Síntesis.
