El 10 de febrero de 1676 el Consulado de Mercaderes de Sevilla firmaba con la Corona un nuevo asiento de esclavos que le otorgaba el monopolio de la administración de licencias para introducir esclavos en Indias durante los siguientes cinco años. A dicho acuerdo se llegaba tras la bancarrota declarada por los anteriores asentistas, Antonio García y Sebastián Silíceo, quienes habían comenzado el contrato apenas un año antes. El Consejo de Indias optó por negociar con la corporación sevillana un nuevo contrato que no dependiera de las posesiones que neerlandeses e ingleses tenían en el Caribe, a través de las cuales se había comenzado a operar en el asiento de la compañía genovesa de Domingo Grillo y Ambrosio Lomelín (1663-1674). Con el objetivo de no fomentar el comercio (mayoritariamente ilícito) de estas islas con las Indias, el Consejo pretendía que los nuevos titulares priorizaran el rescate de esclavos en las factorías comerciales africanas. Por su parte, los mercaderes sevillanos solo asumirían la administración del tráfico de esclavos con el modelo de asiento que habían llevado a cabo los portugueses en la primera mitad del siglo XVII, es decir, vehiculando la venta de licencias a particulares solventes con los recursos para introducir esclavos en los puertos indianos, en ningún caso liderando o monopolizando dicha introducción (ver Asientos de negros o esclavos).
El contrato establecía la administración de la venta de 10.000 toneladas de navíos esclavistas en los próximos cinco años, por las que el Consulado de Sevilla pagaría al fisco real a razón de 112,5 pesos/tonelada incluyendo en dicha cantidad el pago de todos los impuestos. Esto suponía una innovación fiscal, pues anteriormente la unidad a partir de la cual se fiscalizaba este tráfico había sido la licencia, cabeza o la pieza de Indias. Habida cuenta de que este modelo confiaba el contrato a las propuestas de compra de toneladas por parte de particulares solventes, el Consulado de Sevilla afianzó su propuesta pagando junto al Consulado de Mercaderes de Lima un donativo de 250.000 pesos a la Real Hacienda para que no se viera agraviada por dejar de ingresar los 300.000 pesos anuales que pagaban los asentistas anteriores.
Gracias a este modelo de asiento, el consulado sevillano abría las posibilidades a la participación de hombres de negocios castellanos, flamencos o genoveses solventes que tuvieran los debidos contactos con individuos extranjeros que quisieran invertir en el tráfico de esclavos hispánico.
Los problemas no tardaron en llegar. La Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales (West-Indische Compagnie-WIC) obstaculizó los negocios de los capitanes con licencias del Asiento que llegaron a sus factorías en la costa occidental africana. Por un lado, dicha compañía representaba a distintos particulares como la familia Coymans, previamente interesados en el asiento firmado con Antonio García, por lo que habían sido perjudicados por la quiebra de este titular. Por otra parte, ni la WIC ni los Estados Generales holandeses estaban dispuestos a ceder al intento de la administración española para circunvalar el tráfico a través de Curazao, su puesto comercial avanzado en el Caribe.
En los tres primeros años a cargo del Asiento, el Consulado de Mercaderes de Sevilla apenas había vendido un tercio de las licencias, de las cuales no todas se habían traducido en introducciones de esclavos en los puertos indianos. Ante el bloqueo impuesto por la WIC, la mayor parte de las personas esclavizadas habían sido compradas por los particulares con licencia en factorías comerciales portuguesas. En 1678, la pérdida durante el viaje de los navíos de Sebastián de Roteta, Diego de Acosta y Jácome Armida, las últimas 600 toneladas que se habían vendido, el Consulado retomó las negociaciones con los neerlandeses para desbloquear la situación.
Las nuevas negociaciones con la compañía neerlandesa transcurrieron en paralelo a la propuesta de Juan Barroso del Pozo y Francisco Petite, dos hombres de negocios afincados en Cádiz, para subcontratar buena parte del Asiento del Consulado. Tras esta propuesta estaban los intereses económicos de Nicolás Porcio (yerno de Barroso del Pozo) y Baltasar Coymans (encargado de la firma Coymans en Andalucía), ambos avecindados en Cádiz. La propuesta se concretó a finales del verano de 1678, la misma consistía en la compra de 6.000 toneladas para introducir esclavos antes de finales de 1681. A efectos prácticos, Barroso y Petite se hicieron con casi todo lo que restaba del Asiento. Al mismo tiempo, la WIC y la familia Coymans solicitaban poder vender las 1800 piezas de Indias que aguardaban en Curazao para ser introducidas en los navíos del Asiento.
El Consulado de Mercaderes de Sevilla fue el encargado de negociar las propuestas ante el Consejo de Indias, organismo que accedió con salvedades a ambas, como por ejemplo que las piezas de Indias que los neerlandeses tenían en Curazao fueran introducidas sin superar las 850 toneladas de las comprendidas en el subcontrato firmado con los comerciantes gaditanos.
En enero de 1679 tanto el Consulado de Sevilla como el Consejo de Indias firmaron el acuerdo presentado por Juan Barroso del Pozo. Al mismo tiempo, la WIC accedía a conceder la entrada de los navíos del Asiento en sus factorías africanas a cambio de un trato preferente. En los siguientes años, el Consulado de Sevilla no concedió licencias a aquellos capitanes que no se comprometieran a comprar los esclavos en las factorías neerlandesas situadas en África o el Caribe.
En noviembre de ese mismo año llegaron a la bahía de Cádiz tres navíos procedentes de las Provincias Unidas para embarcarse con destino a América donde comenzarían a introducir esclavos en nombre de Juan Barroso del Pozo. Pocos meses después introdujeron las primeras armazones de esclavos en los puertos de Cartagena de Indias, La Guaira y Portobelo.
A mediados de 1681, debido a los problemas de liquidez del Asiento y las estrictas políticas sobre las ventas al fiado impuestas por Nicolás Liebergen, gobernador de la isla de Curazao en esas fechas, dos navíos de Barroso fueron detenidos en Willemstad. Pese a los esfuerzos de los agentes del Asiento en la isla, Liebergen terminó embargando el Jesús Nazareno, uno de los buques insignia de Barroso, y lo remitió a Ámsterdam, donde fue vendido junto a toda su mercancía como pago de las deudas de los asentistas con la WIC.
Cuando la noticia llegó a Sevilla, el Consulado decidió ejecutar la fianza de 100.000 pesos que contemplaba el subcontrato con Juan Barroso por posible incumplimiento, habida cuenta de que el gaditano había perdido uno de sus navíos principales a unos meses de la conclusión del contrato. Algo que provocó las protestas de Juan Barroso, Francisco Petite y Nicolás Porcio ante la corporación sevillana y, más tarde, el Consejo de Indias.
En los últimos meses de 1681, el Asiento fue renegociado en Madrid por Nicolás Porcio en nombre de su suegro. Los excesos cometidos por las autoridades neerlandesas en Curazao fueron subsanados por parte de la WIC cambiando el gobierno de la isla, al tiempo que el embargo ejecutado por el Consulado de Sevilla se juzgó en el Consejo como prematuro, conclusión condicionada sin duda a la vista de la firma de un nuevo y ventajoso contrato monopolístico, esta vez con Juan Barroso del Pozo y Nicolás Porcio.
Después de todo, pese a las dificultades sufridas, los navíos de Juan Barroso habían introducido en los dos últimos años del Asiento del Consulado más esclavos que el resto de los capitanes que compraron licencias durante los cinco años del contrato.
El 31 de enero de 1682 se firmaba un nuevo contrato entre la Corona, Juan Barroso del Pozo y Nicolás Porcio. Este retomaba el modelo de Asiento inaugurado por la compañía de Grillo y Lomelín, comprometiéndose a introducir un total 10.000 toneladas de navíos en un plazo de cinco años, pagando 112.5 pesos/tonelada a la Real Hacienda. Como compensación, en las 10.000 toneladas quedaban incluidas las 1.000 restantes que el Consulado aún tenía derecho a navegar por haberlas perdido en diferentes accidentes durante los años de su Asiento.
Finalmente, el Consejo de Indias, de la mano del Consulado de Mercaderes de Sevilla, no cumplió con sus pretensiones de ejercer un mayor control sobre el comercio indiano a partir del Asiento. Asimismo, tampoco evitó la dependencia de compañías extranjeras en la introducción de un número constante y fluido de esclavos en América. Sin embargo, la Monarquía Hispánica pudo captar y canalizar a través del Asiento a algunas de las redes mercantiles más dinámicas del momento, algo que tuvo ventajosas repercusiones que exceden las pretensiones del presente artículo.
Autor: Jonatán Orozco Cruz
Bibliografía
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OROZCO CRUZ, Jonatán, “Redes transnacionales de comercio en el asiento de negros: la compañía de Juan Barroso del Pozo y Nicolás Porcio (1675-1682)” en IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José e MELERO MUÑOZ, Isabel María (coords.), Hacer Historia Moderna. Líneas actuales y futuras de investigación, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2020, pp. 319-331.
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SCELLE, George, La traite négrière aux Indes de Castille : contrats et traités d’assiento. Étude de droit public et d’histoire diplomatique puisée aux sources originales et accompagnée de plusieurs documents inédits, Paris, Recueil Sirey, 1906.
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