Desde el desarrollo de la imprenta en Europa, el control sobre los libros y las ideas que estos podían contener fue una de las principales preocupaciones de la corona española. Este control sobre los libros se daba en dos momentos principales, la censura previa y el control sobre la circulación de los mismos. El control sobre la circulación estuvo en cabeza de la Inquisición, desde mediados del siglo XVI hasta bien entrado el XIX, dada la capacidad de la maquinaria burocrática con que esta institución contaba, lo que le permitía hacer presencia en los principales puertos de mar y tierra del reino.

Aunque la normativa para llevar a cabo esta actividad de control estaba en manos del Consejo de Castilla, el Santo Oficio también producía normativas propias, con el fin de subsanar necesidades precisas, a través de las Instrucciones y las Cartas Acordadas, además de los Edictos e Índices expurgatorios y prohibitorios. El aparato burocrático inquisitorial fue vital para la ejecución y puesta en práctica de esta normativa, y dentro de este fue especial la importancia de los tribunales de distrito y la red de comisarios inquisitoriales quienes podían controlar con facilidad el tránsito de libros e, incluso, controlar textos manuscritos que aún estaban en proceso de impresión.

La circulación de los libros estaba especialmente controlada en lo referente a su tránsito hacia América, actividad en la que la Monarquía y la Inquisición trabajaban de forma cooperativa. La principal fuente para el siglo XVIII son los Registros de Navío en donde se encuentran las licencias inquisitoriales expedidas por los oficiales del Tribunal, para permitir el transporte de libros hacia el Nuevo Mundo. Estas licencias, lejos de ser uniformes, variaban dependiendo de quién la expedía y en dónde lo hacía. En este sentido, en Andalucía en el siglo XVIII encontramos dos puertos principales, que contaban con sus propios funcionarios inquisitoriales.

En primer lugar, encontramos el Puerto de Santa María, en donde se llevaban a cabo numerosas revisiones de libros. En este hubo varios comisarios que ejercieron la actividad de control, pero sin duda el más prolífico fue don Luis Miguel de Peña y Hierro. Según nos muestran las fuentes, llevaba a cabo su oficio de control de los libros de forma bastante estricta, al menos en cuanto a procedimiento se refiere. En este sentido, Peña y Hierro, una vez recibía los listados de libros, se apoyaba en el criterio de los superiores de los conventos Franciscanos y Jesuitas de la ciudad, ya fuera Fray Sebastián de la Merced de Dios o Fray Francisco Castañeda, respectivamente, con el fin de que estos usaran sus conocimientos de teología y derecho para evitar que algún libro prohibido se colase en el viaje hacia América.

Sin embargo, esta aplicación estricta del procedimiento parece que era solo en la forma, pues diferentes licencias nos muestran que el comisario Peña y Hierro daba por sentado que libros que debían ser expurgados ya lo estaban, sin siquiera revisarlos. Así en su oficio otorgaba licencias porque “suponía ya corregidos” los libros que debían estarlo.

Ahora bien, esta procedimentalización de la revisión de libros, convirtiéndola en un mero trámite, pareció ser práctica común por parte de los comisarios de la época. Así, en el puerto de Cádiz, encontramos el caso del Licenciado Esteban Gámez del Olmo, Chantre dignidad de la catedral de esa ciudad, y comisario titular del Santo Oficio. Este pertenecía a la familia de los Olmo, quienes, durante la segunda mitad del siglo XVIII, controlaron el arcedianato de Medina y la dignidad de Chantre de la mencionada catedral gaditana. De esta familia se dice que contaban con poca formación intelectual, habiendo en varias generaciones de dignatarios eclesiásticos solo un doctor y un licenciado, nuestro comisario.

Este comisario, aunque uno de los más prolíficos en términos de cantidad de licencias expedidas, parece ser también uno de los más laxos. La estructura de las licencias otorgadas por Gámez del Olmo nos muestra que se limitaba a echarle un vistazo a la memoria de libros presentada por el mercader. De hecho, a pesar de que la ley ordenaba lo contrario, rara vez las licencias otorgadas por este comisario contenían las mentadas memorias de libros. Lo anterior implicaba que, al igual que en el caso de Peña y Hierro, no existió una revisión real de los libros contenidos en los cajones, sino solo una revisión de listados de libros, lo que abría la posibilidad de la existencia de un contrabando de obras prohibidas.

Sin embargo, como en cualquier institución humana, al igual que existieron comisarios laxos, existieron otros que tomaban su trabajo muy en serio y lo realizaban de forma rigurosa. Tal es el caso del también comisario en Cádiz, a finales del siglo XVIII, el Dr. Pedro Sánchez Manuel Bernal. Este comisario relevó en sus funciones al licenciado Gámez del Olmo a partir de 1769. Además de comisario titular de la Inquisición, Sánchez era Maestre Escuela Dignidad de la Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad, Juez Decano Apostólico, y Real del Tribunal de Cruzada, Subsidio, y Escusado, Sub-Colector de Expolios, Vacantes, y Medias Anatas.

La actividad de este comisario fue famosa, no solo en el control de libros, sino en otros rubros, como el control del arte, como la famosa censura que realizó al Cristo de la capilla de la Palma, el cual, debido a su aspecto físico, era llamado el “Cristo de las tetas”. Esto escandalizó al comisario, quien de su propio bolsillo aportó dinero para su reforma y publicó un edicto en el cual anunciaba pena de destierro para quien volviera a llamarlo por su apodo profano. Sin embargo, su rigor con los libros era tal, que incluso se vio investigado por el Santo Oficio, pues incautó libros de Rousseau y otros autores prohibidos al mercader inglés Mateus, en 1777, contraviniendo el tratado de paz firmado en 1667 entre España y Gran Bretaña. Sus revisiones de libros eran impecables y rigurosas, llegando a recoger numerosos libros prohibidos, como los 550 que recogió tras la muerte del Marqués de la Cañada, cuando revisó su biblioteca.

En su hacer como comisario de puerto, Sánchez se relacionó con diferentes autoridades religiosas para llevar a cabo un escrutinio efectivo de los libros y las fuentes nos muestran evidencia de que realmente cumplía cabalmente con la revisión, tanto de los listados, como de los cajones físicos de los libros. Esto es una muestra de que, el control de libros, que estuvo fuertemente basado en la figura de los comisarios de puerto, dependía en su aplicación del comisario de turno y del interés y el rigor que este quisiera otorgarle. Esto nos lleva a pensar que, frente a lo que se cree normalmente, las prácticas censorias y de control llevadas a cabo por la Inquisición no eran homogéneas y dependían de los contextos y los actores que las llevaban a cabo.

 

Autor: Alberto José Campillo Pardo


Bibliografía

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