A lo largo de la Edad Moderna no fueron infrecuentes los conflictos sociales, cuyas variadas causas constituyen una muestra de las disfunciones del modelo de organización propio del Antiguo Régimen y de las tensiones internas que recorrían el entramado social. En pocas ocasiones, al menos en España, tales conflictos desembocaron en rebeliones generalizadas, lo que ha podido alimentar una falsa imagen de conformidad de la población respecto a los marcos establecidos. Con frecuencia, sin embargo, se puede rastrear la existencia de conflictos localizados aquí y allá que obligan a revisar tal imagen deformada y a admitir que la conflictividad representó una constante, ya se mantuviera contenida dentro de los cauces admitidos o se desbordara a través de manifestaciones de violencia.
La irrupción del Estado centralizado como agente perturbador de los equilibrios tradicionales, la fiscalidad abusiva, las carestías y el hambre popular en períodos de crisis agrarias, los conflictos religiosos, el malestar ante la guerra y las levas militares, la defensa de privilegios o la resistencia frente a ellos y las imposiciones señoriales fueron, entre otros, factores que desencadenaron la protesta y desataron brotes de violencia social en el Antiguo Régimen. La existencia de esta conflictividad contradice la imagen de una sociedad orgánica y armoniosa, fundamentada en profundos consensos y en la que cada estamento tenía unas funciones reconocidas que cumplir complementarias del resto.
Como se ha apuntado, las causas de los conflictos sociales fueron diversas. La polarización social y el muy diferente grado de acceso a los recursos, desde los más básicos, determinó el estallido de conflictos, sobre todo en las coyunturas más críticas. En un estudio clásico, Antonio Domínguez Ortiz documentó la oleada de alteraciones que se produjeron a mediados del siglo XVII, en una época de carestía y de caos monetario. Estas alteraciones, que constituyeron auténticos motines de hambre, se extendieron a numerosas ciudades y villas de Andalucía: Granada, Sevilla, Córdoba, Málaga, Tarifa, Ayamonte, Sanlúcar de Barrameda, Palma del Río. Écija, Estepa, Osuna, Ardales, Lucena, Loja, Bujalance, Luque, Montefrío, Alhama y Vélez Blanco. Los sublevados protestaban por el precio del pan y la depreciación de la moneda de vellón, forzaban cambios en las autoridades locales y hacían patente su malestar al grito de “Viva el rey y muera el mal gobierno”.
La violencia del poder constituyó también una fuente de conflictos. Mercedes Gamero ha trazado un sugestivo cuadro de las manifestaciones de la violencia del poder en la Andalucía rural del siglo XVII, en el que se integran disputas de competencias, problemas derivados de la usurpación de tierras de aprovechamiento comunal, disputas entre facciones en el poder, la protección de miembros del gobierno local a facinerosos o la utilización abusiva del poder, incluyendo coacciones físicas.
En el cuadro de la conflictividad social hay que tener presente también las violencias señoriales. Los señores jurisdiccionales se prevalieron a menudo de su posición para imponer a las comunidades rurales nuevas exigencias que significaban una ampliación de las bases de su poder. En el siglo XVI fue frecuente la apropiación de tierras de aprovechamiento comunal por parte de los señores, justificada en dudosos derechos señoriales. Asimismo, se produjeron numerosos casos de imposición de nuevos tributos, que engrosaban las haciendas señoriales a costa de sus vasallos jurisdiccionales.
En Andalucía, las apropiaciones de tierras vecinales por parte de los señores profundizaron en el proceso histórico de formación de la gran propiedad latifundista. En Osuna, desde finales del siglo XV los Téllez Girón, condes de Ureña y señores de la villa, usurparon tierras y derechos municipales, exigieron vehementemente viejos monopolios señoriales, se apropiaron ilegalmente de rentas eclesiásticas y mercantiles y se entrometieron en la justicia y en el gobierno concejil. En El Puerto de Santa María, a fines del siglo XV y comienzos del XVI, la Casa de Medinaceli arrendó en beneficio propio tierras comunales e impuso rentas sobre las actividades económicas emergentes, como el comercio, la pesca o la producción de sal, alterando los equilibrios existentes en las relaciones con sus vasallos.
La reacción frente a la imposición señorial se encauzó generalmente por vía judicial, apelando los vecinos de las villas y lugares de los señoríos a los tribunales reales como representantes del poder arbitral de la Corona. Sin embargo, éstos trataron de mantener la equidistancia entre las partes en conflicto, demorando sine die la resolución de los pleitos, lo que forzó en ocasiones soluciones transaccionales, que generalmente favorecieron a la parte señorial, la cual buscó el entendimiento con los poderosos locales a cambio de ciertas concesiones.
En ocasiones, las imposiciones arbitrarias sobre la población no procedían directamente de los señores jurisdiccionales, sino de las clientelas de estos que integraban las oligarquías locales de poder. En Osuna, en 1746, la marcha de un pesquisidor que había asumido interinamente la jurisdicción ordinaria para corregir ciertos abusos que habían tenido lugar en esta villa señorial provocó un motín popular protagonizado por los vecinos, que se resistían a volver a ser gobernados por los agentes del duque de Osuna. Los vecinos habían sufrido los efectos de la especulación con los precios del trigo, que amenazaba con una carestía y preferían estar bajo la jurisdicción de un corregidor real que había garantizado con sus buenos oficios el abastecimiento del pósito y el control efectivo del precio del pan. Según un expresivo testimonio de estos sucesos, los vecinos vitoreaban al corregidor real, exigiéndole que se quedara en la villa, mientras criticaban a los anteriores regidores:
Viva, viva V.S., a V.S. queremos, que es nuestro padre, que a no haber estado aquí hubiéramos perecido, y no a los demás, que son padrastros y quieren vender el trigo caro, y así no se ha de ir V.S.
La resistencia contra una fiscalidad abusiva también formó parte del cuadro de los conflictos sociales. En los primeros días de 1720, todas las tiendas de mercaderes y gremios de El Puerto de Santa María cerraron, en protesta por el aumento de la contribución de cientos, registrándose algunas alteraciones públicas. El fantasma de la falta de abastecimiento planeaba sobre la ciudad,
de cuyo conjunto de circunstancias (…) resultaba el andar acuadrillados los vecinos por las calles y esquinas públicas vertiendo voces impacientes por las extorsiones tan continuas que experimentaban.
La presencia de tropas sobre el territorio constituyó también una fuente permanente de problemas para los vecinos de los lugares por donde transitaban. Hasta que no se construyeron cuarteles, ya en el siglo XVIII, la población pechera estaba obligada a proporcionar alojamiento en sus casas y bastimentos a las tropas en tránsito, lo que representó un motivo de roces y conflictos. Los ejemplos de estas situaciones son numerosísimos. Citaremos aquí sólo algunos que tuvieron lugar en Puerto Real en el siglo XVII.
En 1664, el síndico procurador mayor de la villa pidió que se llevara a cabo una averiguación judicial sobre los trastornos causados por un regimiento de 1.600 hombres bajo el mando del coronel Abraham Bernardt, de nación alemana, acuartelado en el lugar. Dicho regimiento salió hacia Jerez de la Frontera con orden del duque de Medinaceli, capitán general del Mar Océano, el día dos de agosto, y para esta expedición diversos capitulares, eclesiásticos y labradores facilitaron 24 carretas y 64 bagajes, por no poder suplirlos la vecindad, ya que ésta era corta y se hallaba “agotada para el despacho de dicha infantería”. Los bagajes puestos a disposición del regimiento deberían haber sido relevados en Jerez, pero esta ciudad, como hizo también más adelante la villa de Lebrija, ofreció una cierta cantidad de dinero al coronel para que pasara adelante con los tomados en Puerto Real, que siguieron así hasta Utrera. Los soldados, según denunciaba el síndico, fueron dando “muchas garrochadas y maltratando a los bueyes, y muchos palos a los carreteros”, una parte de los cuales huyeron o se encontraban en cama a causa de los malos tratos recibidos, además de haber perdido los aparejos.
Otro ejemplo lo encontramos en 1689. Dicho año se encontraba alojado en Puerto Real un tercio de soldados de la Real Armada y los alcaldes ordinarios manifestaban que “se necesita de mucho desvelo, trabajo y asistencia de sus mercedes, así de día como de noche, para la quietud de los vecinos y sosiego de diferentes embarazos que cada día ocurren entre ellos y los soldados”.
Un año después, el 24 de noviembre de 1690, se concentró un gran tumulto de soldados de la Real Armada que transitaban por la villa para embarcarse en las naos de los tercios de los maestres de campo don Jerónimo Marín y don Pedro Fernández de Navarrete. En tales circunstancias se produjo una disputa entre un regidor y un notable de la villa con motivo del alojamiento de la tropa, como consecuencia de la cual resultó herido el regidor. El suceso resulta, una vez más, sintomático de las tensiones locales causadas por la presencia de tropas.
Autor: Juan José Iglesias Rodríguez
Bibliografía
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DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Alteraciones andaluzas, Madrid, Narcea, 1973.
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