Después de la conquista del Reino de Granada, los Reyes Católicos ordenaron el establecimiento de un sistema de defensa terrestre en la costa, integrado por un contingente de unos 1500 efectivos reales, que comprendía las guardas de costa y centinelas establecidas en las torres vigía para dar las alertas de los ataques, los alcaides y las guarniciones de las fortalezas del litoral y los capitanes, oficiales y componentes de las compañías de infantería y jinetes radicados en los núcleos de población costeros de mayor importancia estratégica. El sistema, a cuyo mando estaba el capitán general del reino -capitán general de la costa desde 1574-, se completaba con un cuerpo de oficiales de la administración militar que debían encargarse de todo lo concerniente a la administración de las rentas que nutrían el dispositivo defensivo, el pago de los salarios de la tropa, la inspección, revistas y alardes, así como otros aspectos relacionados con el control del fraude y el correcto funcionamiento del sistema.
Uno de los oficios más importantes era el del receptor y pagador -o tesorero- de los servicios moriscos, que llegaron a superar los 36.000 ducados a mediados del XVI. Se encargaba de gestionar el cargo y la data de estos impuestos, es decir, la percepción de los ingresos cobrados por los recaudadores locales y cogedores al por menor entre los cristianos nuevos y, por otro lado, realizar las libranzas y el pago de sueldos de la tropa ordinaria o de cualquier otra partida que se cargaba en los servicios -muchas eran sueldos para los subordinados y clientes de los Mendoza-. Al mismo tiempo, existía un pagador para aquellas guardas viejas de Castilla que servían temporalmente en reino, pagadas con una consignación aparte, que nada tenía que ver con los servicios granadinos. Este esquema se completaba con una serie de oficiales subalternos, contadores de compañías y un contador de los servicios moriscos, encargado de confeccionar los repartimientos, los padrones de pecheros y llevar a cabo toda la contabilidad y fiscalización de la recaudación, con capacidad para actuar contra aquellos cobradores al por menor que cometiesen fraude. Debido a la rebelión de las Alpujarras y la posterior expulsión de los moriscos del Reino de Granada, los servicios dejaron de cobrarse, con lo que el sistema cambió. La paga del ejército se cargó en la nueva Renta de Población y el receptor-pagador fue sustituido a partir de 1574 por un pagador de la gente de guerra, en la persona del que hasta entonces fuera pagador de las guardas viejas que residían en el Reino de Granada, cuya función se limitaría a gestionar el pago de salarios del personal militar desde entonces y a lo largo del XVII. La figura del contador de los servicios también dejó de operar y en 1591 se instauró el oficio de contador de la razón general del sueldo de la gente de guerra, con libros de cuenta y razón del pagador para llevar el control de la entrada y salida de dinero.
Otros cargos fundamentales fueron los veedores de gente de guerra y el veedor y visitador de fortalezas y guardas de costa. Dado lo extenso del litoral, los veedores de gente de guerra eran dos, uno para el distrito de levante y otro en poniente, establecidos normalmente en Almería y Vélez-Málaga respectivamente. El papel de estos oficiales era clave, ya que se encargaban de supervisar las revistas y alardes para la elaboración de las nóminas de la tropa junto con los contadores de cada compañía, controlar las licencias, bajas, equipamiento de los soldados y evitar que hubiese fraudes, de modo que su refrendo era indispensable para que se realizasen las libranzas por el pagador, así como otras funciones de fiscalización y control sobre el resto del sistema defensivo. El veedor y visitador de fortalezas, por su parte, estaba encargado de visitar e inspeccionar anualmente toda la red de fortalezas del reino y el sistema de torres vigía y guardas de costa, con el fin de velar por el mantenimiento de las guarniciones, el estado material y conservación de la artillería y demás pertrechos de los fuertes, así como que el personal de guardas de costa ejerciese sus funciones y no fuese absentista, realizando también una importante labor de fiscalización sobre los visitadores y requeridores de las guardas, inspectores del sistema a pequeña escala en cada distrito. Con esa información elaboraban los informes de las visitas que remitían al capitán general y al Consejo de Guerra, gracias a las cuales contamos con relaciones muy detalladas, no solo del nivel de cumplimento, eficacia y operatividad del sistema defensivo, sino también de los principales problemas, las obras y costes de reparación que necesitaban las fortalezas y torres del litoral, así como la comisión de fraudes, negligencias y otras prácticas ilícitas por parte de los alcaides y guardas de costa.
Este organigrama de la administración del ejército en el reino de Granada se completaba con otros oficiales. Los receptores y pagadores de la farda de la mar -unos 6.400 ducados anuales que a fines del XVI subieron a más de 9.000 ducados-, impuesto específico con el que se pagaba a las guardas de costa, los contadores, los visitadores de las guardas de costa de los ocho partidos de la costa, oficiales elegidos por los concejos locales para visitar sus distritos regularmente, firmar las nóminas y libranzas y controlar los alardes y el pago a los centinelas, y los requeridores -uno por partido-, responsables del cumplimiento de las obligaciones de las guardas, escuchas y atajadores de la costa. Asimismo, destacaban el tesorero de bienes confiscados a moriscos huidos allende -norte de África-, cuyo producto, en teoría, debía estar destinado a las obras de reparación de fortalezas y torres de la costa y que desaparecerá tras la rebelión, y otros oficios subalternos, vinculados a la Capitanía General, como el secretario o escribano de la Capitanía, los alcaldes y alguaciles mayores y los jueces de comisión, todos ellos encargados de auxiliar al capitán general en la administración de la jurisdicción militar, o bien de ejercerla directamente, como fue el caso de los dos auditores de gente de guerra para los distritos de poniente y levante, establecidos tras la guerra de las Alpujarras.
Los oficiales y burócratas de la administración militar en territorio granadino se integraron con facilidad en las oligarquías locales de la nueva sociedad establecida tras la conquista, gracias a la política de concesión de mercedes regias emprendida por los Reyes Católicos durante la primera fase de repoblación en el reino. El siguiente paso fue su incorporación a los gobiernos locales de las principales villas y ciudades con el control de numerosas regidurías, en gran medida, mediante procesos de patrimonialización y venalidad. Junto con la adquisición de estas mercedes y el acceso a los cargos concejiles, los oficios de la administración del ejército fueron también parte esencial de sus estrategias de promoción social, porque no solo les procuraron el sueldo que llevaban anejo, también les abrieron amplias posibilidades y recursos. Por ello, muchos de ellos lograron configurar verdaderas dinastías de proveedores, contadores, veedores, proveedores y otros cargos de la administración castrense, e hicieron todo lo posible para perpetuarse al frente de sus oficios.
Debido a la fuerte vinculación existente entre fiscalidad y gasto militar en la época, muchos financieros y agentes de crédito ocuparon un papel importante en el entramado militar desplegado por la Monarquía en el Reino de Granada. Gonzalo Vázquez de Palma, mercader de origen judeoconverso y agente del tesorero Alonso de Morales, fue arrendador de rentas a inicios del siglo XVI y ocupó cargos de la administración militar, como el de receptor de bienes confiscados a moriscos huidos al norte de África, pagador de las guardas viejas y tesorero del servicio morisco entre 1515 y 1521, con el que se pagaba buena parte del sistema defensivo. Alonso Núñez de Madrid, también agente de Alonso de Morales, ocupó los mismos cargos que Vázquez de Palma. Del mismo modo, hubo verdaderos “linajes” de tesoreros que se integraron en las oligarquías locales granadinas. Alonso de Toledo, uno de los mercaderes más importantes llegados a Granada tras la conquista, fue arrendador de la renta de la agüela y receptor y pagador de los servicios moriscos hasta 1530, fecha en que traspasó el cargo a su sobrino Alonso Suárez. Este último se colocó adecuadamente en la red clientelar de los Mendoza y desempeñó el oficio casi 30 años, pero fue suspendido por un alcance de casi 50.000 ducados en su tesorería. No obstante, consiguió que el cargo pasase a su cuñado Alonso Vélez de Mendoza, conocido agente de los Mendoza granadinos, que delegaría el ejercicio del oficio en su primo Baltasar Suárez hasta la desaparición de la renta con la expulsión de los moriscos. Después de la rebelión hubo otras familias de pagadores de la gente de guerra de la costa. Los Torres, Blas y su hijo Juan, pagadores entre 1574 y 1593, hasta la pérdida del cargo, por el descubrimiento de un importante alcance en sus cuentas y el procesamiento de Juan de Torres como judaizante. Y los Delgado de Mata, Alonso y su hijo Cristóbal, el primero pagador y proveedor de bastimentos y el segundo sucesor de su padre como pagador en 1611.
Algo parecido ocurrió con el oficio de veedor de gente de guerra, controlado durante varias generaciones por distintas familias situadas en las redes de poder local. En el distrito de poniente, en Málaga, tenemos el caso de los Verdugo y los Ronquillo. Francisco Verdugo fue veedor de la gente de guerra del partido occidental desde 1514 y ocuparía otros cargos de gran importancia, como el de proveedor de armadas y fronteras de África en Málaga. Verdugo consiguió varias regidurías malagueñas para sus hijos, a los que también logró traspasar sus oficios, el de veedor a Gómez Verdugo y el de proveedor de armadas a Pedro Verdugo. Juan Velázquez Ronquillo y su hermano Rodrigo fueron veedores hasta la muerte del último en 1575. Del mismo modo, en el partido de levante los Zayas fueron una dinastía de veedores, perpetuados por cuatro generaciones durante el siglo XVI, hasta su sustitución por un familiar de los Zayas, don Íñigo Briceño de la Cueva, importante representante de la oligarquía local almeriense y posteriormente gobernador general de la costa en el siglo XVII.
Estos son solo algunos ejemplos que demuestran cómo determinados oficiales de la administración militar granadina hicieron todo lo posible por trasmitir sus cargos en el linaje con recursos legales como las renuncias inter-vivos de padres a hijos o en terceras personas, parientes, etc., para evitar los problemas derivados de la minoría de edad de los descendientes. A ellos se les quiso legar unos oficios que representaban fuentes de ingresos, capacidad para intervenir en el sistema y obtener ciertos beneficios y, muy importante, usarlos como instrumentos para promocionar en la sociedad del Antiguo Régimen. De ahí que, junto con el acaparamiento de estos cargos, muchos de estos servidores del rey usasen otras estrategias de ascenso social como la obtención de hábitos de órdenes militares y la adquisición de señoríos, fundamentalmente por compra, como ha demostrado Enrique Soria Mesa. Así, los tesoreros del ejército Alonso y Francisco Núñez de Madrid crearon las bases para la creación del marquesado de Casablanca, el pagador del ejército y regidor de Granada Juan Álvarez de Zapata compró los Guájares para obtener los señoríos de Guájar Farauit y Guájar Fondón, el veedor Francisco Verdugo sentó las bases para que su hijo Pedro Verdugo comprase la jurisdicción de Torrox y el veedor y gobernador de la gente de guerra Íñigo Briceño de la Cueva compró el señorío de Torres de Alicún.
Autor: Antonio Jiménez Estrella
Bibliografía
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JIMÉNEZ ESTRELLA, Antonio, “Militares y oficiales de la administración militar: estrategias de ascenso social e integración en las elites del reino de Granada durante el siglo XVI”, en Inés Gómez González y Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz (eds.), La movilidad social en la España del Antiguo Régimen, Granada, Editorial Comares, 2007, pp. 193-221.
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