Las compañías privilegiadas del Antiguo Régimen fueron grandes empresas a las cuales los estados de la época, siguiendo los principios de la cultura económica mercantilista, les concedieron lucrativos monopolios sobre mercados territoriales o productos concretos y que inauguraron la financiación a través de acciones que cotizaban en los nacientes mercados de valores. El origen de estas corporaciones, esenciales en la historia del desarrollo capitalista occidental, tuvo lugar en la Europa del Norte a principios del siglo XVII, singularmente en Inglaterra y Holanda, cuyas compañías de las Indias Orientales (es decir, las que operaban en los mercados asiáticos) se convirtieron en el buque insignia de esta revolución comercial. Desde su cuna anglo-holandesa, y merced a su éxito incontestable, las compañías privilegiadas se expandieron por el resto de Europa. A Francia llegaron en la segunda mitad del siglo XVII, durante el reinado de Luis XIV, el Rey Sol, y bajo las directrices de su influyente ministro de Finanzas, Jean-Baptiste Colbert. Su implantación en España resultó algo más tardía, entrado ya el siglo XVIII, pero también cobró gran importancia y modificó sensiblemente la estructura mercantil nacional, de manera muy relevante para Andalucía.
A lo largo del siglo XVII, especialmente durante la segunda mitad de la centuria, se debatió con frecuencia la oportunidad de importar a España este modelo empresarial. No faltaban los partidarios, procedentes de minorías bien informadas acerca del escenario económico europeo, pero la respuesta de las autoridades siempre fue negativa. Lo fue, sobre todo, en lo relativo a la Carrera de Indias. Ante las evidentes contradicciones y limitaciones del sistema de flotas y galeones tradicional, algunos entendían que las compañías privilegiadas constituían la alternativa lógica. Entre los proyectos que se truncaron, que fueron varios, quizás ninguno resulte tan pintoresco como la del mercader borgoñón Juan Cano, que postulaba la creación de una compañía general de mercaderes, como parte de un plan que incluía también una zona de puerto franco en Cádiz y varias manufacturas reales de textiles. La propuesta era una adaptación fiel de las políticas del colbertismo, pero recibió un rechazo tan severo que el propio Cano fue encarcelado temporalmente para evitar la difusión de sus ideas. A todas luces, ni el Consejo de Indias ni la Casa de la Contratación ni mucho menos el Consulado de Cargadores deseaban que se fomentaran mensajes de este tipo, que imaginaban un sistema institucional distinto, en el que los poderes tradicionales perdían gran parte o todo su peso específico.
Así las cosas, las compañías privilegiadas no terminarían introduciéndose en el comercio indiano hasta bien entrado el siglo XVIII. No cabe duda de que ejercieron un papel muy renovador en él, si bien debe advertirse que nunca con el protagonismo adquirido en el panorama mercantil noreuropeo, en tanto que la alternativa definitiva que el reformismo borbónico estableció para el sistema de convoyes fue el entonces llamado Libre Comercio. No obstante, no puede ponerse en tela de juicio el profundo cambio que estas compañías representaron; no solo por aportar nuevas formas de negociar y de capitalizar las actividades mercantiles, sino también porque abrían una brecha en el monopolio comercial de Cádiz al conectar directamente otras regiones españolas con varios mercados americanos. Algunos de los territorios más avanzados económicamente de la España peninsular se comprometieron a mejorar la conexión mercantil con espacios americanos que se encontraban relativamente en los márgenes del sistema de flotas y galeones, pero que gozaban de un gran potencial que solo se estaba aprovechando a través del comercio interamericano. De este modo se establecieron compañías privilegiadas en Madrid, San Sebastián o Barcelona, que en la primera mitad del XVIII inauguraron las primeras conexiones directas con América alternativas a la Carrera de Indias del XVI y el XVII.
El primer ensayo fue la Compañía de Honduras, fundada en 1714, justo al término de la Guerra de Sucesión, que no terminó de cuajar. El primer hito significativo lo constituyó la famosa Compañía Guipuzcoana de Caracas, constituida en 1728, la cual, como su propio nombre indica, ofreció inicialmente a comerciantes vascos la posibilidad de comerciar privilegiadamente con la Capitanía General de Venezuela, sobre todo con el cacao. La Real Compañía de La Habana (1740) se estableció en la corte y se le reservó el monopolio de venta de los productos isleños en España, singularmente del tabaco. La Compañía de Barcelona, nacida en 1755, se le concedió una situación ventajosa para operar en Puerto Rico, Santo Domingo y Margarita, así como en Cumaná, y su actividad fue uno de los motores iniciales de la industria textil catalana. Si bien la primera mitad del XVIII fue la época dorada para la creación de las compañías comerciales, no faltó alguna fundación de importancia en la segunda mitad de la centuria, donde destacaremos la Real Compañía de Filipinas, aparecida en 1785, fruto de una refundación de la extinguida Compañía de Caracas destinada a fomentar el comercio en el archipiélago asiático.
Desde una perspectiva eminentemente andaluza, merece la pena resaltar la Real Compañía de San Fernando, a pesar de que no se trató exactamente de una compañía privilegiada de comercio, sino de un híbrido intermedio entre esta tipología y la de las compañías industriales. Establecida en Sevilla en 1748, pretendía fomentar la industria textil y canalizar su comercialización tanto en Europa como en América, con el ánimo evidente de reanimar los sectores secundario y terciario en la capital andaluza, antaño esplendorosos, pero severamente perjudicados por la crisis económica del siglo XVII. Un objetivo ambicioso, que la Compañía jamás alcanzó, lo que motivó su degradación progresiva y postrer desaparición, en fecha próxima a 1787, sumida en el fracaso.
Autor: José Manuel Díaz Blanco
Bibliografía
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