El contrabando era una práctica frecuente entre los agentes de la administración, tanto en la península como en América, y revestía distintas formas debido a que las posibilidades de enriquecimiento ilícito se movían al compás de sus intereses, vínculos y atribuciones. Las circunstancias intrínsecas de las Indias, como sus vastas distancias con la península como pretendido centro de poder, tendían a favorecer las conductas irregulares de los agentes gubernamentales. Lo que contribuyó a que el contrabando fuera uno de los principales medios de articulación económica y política de la monarquía hispánica.
El contrabando revelaba la vitalidad comercial que existía en los diferentes puertos hispánicos fuera de los marcos normativos del pretendido monopolio gaditano, a través de las conexiones directas que existían entre dichos puertos y otros imperios, como el británico, el francés o el holandés, que definieron la identidad de las ciudades portuarias y su hinterland, y reforzaron los enlaces con la economía colonial global. Su existencia estaba asociada al funcionamiento del aparato burocrático-comercial que establecía un estrecho vínculo entre administración y comercio, puesto que la colaboración entre mercaderes y autoridades en los tratos comerciales era bastante usual y se fijaba a través de redes de clientelismo entre ellos.
El contrabando era una práctica que afectaba a todos los ámbitos y esferas del poder, entre ellas, las instituciones hispanoamericanas implantadas en España y América. En los diferentes organismos era habitual la relación que existía entre funcionarios y comerciantes, con el fin de realizar intercambios mercantiles al margen de las regulaciones que pretendían paliarlas. Dentro de esta visión, de un contrabando normalizado y una participación y cooperación de los agentes de la Corona, se acentuaron las paradojas del accionar político del imperio hispánico.
Los funcionarios participaban activamente en el contrabando por diversas razones, entre ellas, destacaba la cortedad de su sueldo que, incluso, a veces, no tenían una asignación regular, por lo que podían verse avocados a solicitar un préstamo de dinero para obtener las fianzas necesarias para el cargo. Vivir en una ciudad portuaria solía suponer altos costes. Con referencia a estos elementos, en la época se admitía que los funcionarios de la Corona debían percibir un salario adecuado no sólo a razón de sus empleos, sino también para que no sucumbieran a posibles tentaciones.
Existía, pues, una conjugación de las estructuras administrativas y las actividades comerciales donde los agentes de la monarquía anteponían sus intereses locales a las disposiciones gubernamentales, creando coyunturas de interacciones, pugnas de poder y autonomías. A través de casos particulares, se evidenciaba también la relación intrínseca que existía entre la administración y el contrabando. De hecho, la propia administración local abría el camino, ya que las autoridades locales solían aceptar o exigir dádivas para cohonestar el ilícito, a veces incluso generándolo como negocio propio. En consecuencia, observamos cómo las autoridades, destacando especialmente a gobernadores y empleados de las Aduanas y, también, a funcionarios, no sólo toleraron el contrabando, como ocurría con las arribadas fraudulentas, sino que incluso participaban de él. Esto demuestra la asociación de intereses que había entre los distintos agentes y como existió una alianza entre funcionarios y comerciantes que aseguró el éxito de una actividad comercial no autorizada por la Corona, en la que todos los sectores de la sociedad eran participes.
Por tanto, el contrabando cobraba amplias magnitudes en el seno de la sociedad moviéndose dentro del intercambio entre el mundo político-administrativo y el socioeconómico, inscribiéndose en una maraña de relaciones sociales adaptadas a las complejas realidades que caracterizaban el mundo hispánico, que ponían en evidencia el juego político e institucional dentro de los cuales operaban numerosos intereses. Esta corrupción estaba ligada a las redes personales que organizaban el funcionamiento de las jerarquías y el mando político, en el que los lazos de poder sobre los que se sustentaban estos negocios no autorizados, que se identificaban con autoridades locales y daban estabilidad a un sistema donde el contrabando era una práctica habitual. Ello generaba una organización estructurada informal de relaciones personales que potenciaba un sistema permanente de tensiones y aceptaciones, entre los distintos poderes en el que se sustentaba la monarquía hispánica, y que afectaba sobremanera a las esferas sociales, políticas y económicas de los imperios ultramarinos.
Estos hechos tienen sus explicaciones en la imbricación entre lo político-administrativo y lo socioeconómico en la historia de una institución mediante un juego generalizado de relaciones interpersonales encuadrado en un marco de configuraciones cambiantes. Ello ilustra cómo los funcionarios tejían sus propias redes de intereses, con múltiples agentes como mercaderes o autoridades, y cómo se aprovechaban de ellas para asegurar los intercambios de bienes y servicios, procurar solidaridad y ayuda en las necesidades y sustentar su identidad, posición y capital social.
Autora: Rocío Moreno Cabanillas
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