En la administración corregimental de la España Moderna los gobiernos político-militares estaban emplazados en zonas estratégicas, plazas marítimas y territorios recientemente sometidos a la Corona, por lo que su implantación, su nuevo establecimiento y, en definitiva, su consolidación institucional, dependían de las prioridades defensivas o represivas aplicadas sobre el solar y su vecindario. Las gobernaciones estaban asistidas por un teniente de corregidor, alcalde mayor, designado en la primera mitad del siglo por los gobernadores bajo la aprobación del Consejo. El peso social y político de los hombres del Ejército fue fundamental en el destino de estos pueblos a su cargo. Por su condición de oficiales de alta graduación, pertenecían a familias de ilustre linaje, sobre todo andaluzas y castellanas y, por tanto, formaban parte de los sectores privilegiados de su tiempo, con notables vinculaciones respecto a las élites.
En el caso de Andalucía los gobiernos se localizaban a lo largo del litoral y formaban parte del entramado militar de las Capitanías Generales de la Costa de Granada y de la Costa de Andalucía. Se transformaron en gobiernos político-militares ocho corregimientos que uniformaron el mando del territorio comprendido, de oeste a este, desde el litoral atlántico al Cabo de Gata.
Tras la Guerra de Sucesión varios corregimientos políticos se mantuvieron adscritos al gobierno militar, de forma que el corregidor reunía ambos poderes. Esta conjunción gubernativa, provocada por las exigencias del conflicto bélico, se prolongó durante todo el siglo, a pesar de los posteriores intentos reformadores. Los corregidores militares, alcanzaron dichos puestos como premio a sus servicios en campaña, al mismo tiempo que el acceso a dichos gobiernos les brindó la oportunidad de formar parte del aparato burocrático del Estado, y determinados destinos constituyeron el final de la carrera militar, como honroso retiro para oficiales generales de avanzada edad.
Durante el reinado de Felipe V los corregidores de esta índole imprimieron un carácter netamente militarista a la organización administrativa de los municipios a su mando. El desempeño de sus competencias no estuvo exento de abusos de poder y conflictos con otras autoridades.
La provincia de Cádiz se encontraba casi totalmente controlada por el régimen de gobierno castrense pues de los ocho gobiernos político-militares establecidos en la Andalucía del siglo XVIII cinco correspondían a ese territorio (Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María, Cádiz, Tarifa y Campo de Gibraltar).
La villa de Sanlúcar de Barrameda se incorporó al patrimonio real en 1645 y compartió su designación como sede de la Capitanía General de la Costa de Andalucía con El Puerto de Santa María. El elegido para el gobierno de la circunscripción de Sanlúcar de Barrameda debía ser un oficial con grado de teniente general o de mariscal de campo, por la circunstancia de que Sanlúcar de Barrameda era plaza jurada de armas.
La ciudad de El Puerto de Santa María, anteriormente patrimonio jurisdiccional del duque de Medinaceli, fue agregada a la corona por Felipe V en el año 1729. Más tarde se unió el corregimiento político al gobierno militar por real orden de marzo de 1739. Su dimensión territorial era muy reducida, ya que solo comprendía entre sus límites a la propia ciudad. Sin embargo, el evidente interés militar de la plaza por su calidad estratégica y su condición de residencia de los Capitanes Generales, junto a las iniciativas del cabildo municipal, favorecieron una importante inversión en obras públicas que la hicieron destacar por su alto grado de urbanización.
El corregimiento de Cádiz aparece datado desde 1515, y el destino económico y político de su capital estuvo marcado desde antiguo por su vocación comercial. El descubrimiento de América convirtió a esta capital en un puente de relación de las colonias ultramarinas con la Península, y en el centro estratégico del monopolio mercantil español, donde acudían los negociantes europeos interesados en la redistribución de sus productos. Dentro de su jurisdicción incluía el antiguo emplazamiento del Real Arsenal de La Carraca. Fundado por Patiño e inaugurado en 1729 con el propósito de prestar servicios de construcción, reparación y custodia de los buques de la Marina Real, al mismo tiempo que cumplía funciones de presidio. Durante el siglo XVIII la ciudad de Cádiz fue el puerto de mayor importancia para el comercio español, tras el declive de Sevilla. El valor estratégico de su emplazamiento merecía una especial adecuación de sus defensas y fortificaciones. Su crecimiento económico y poblacional fue extraordinario, y debido a esa entidad administrativa obligó al establecimiento de dos alcaldías mayores. Por este motivo también se estableció otra alcaldía mayor en la denominada Real Isla de León, hasta 1766 que por orden de Carlos III obtuvo la segregación de la capital. El cambio de denominación por la de San Fernando se produjo en honor del rey Fernando VII, a principios del siglo XIX, época en la que transformó su rango de villa por el de ciudad.
Tras la reconquista de su territorio, Tarifa fue un señorío que perteneció a la Casa de Medina Sidonia desde 1447, y aunque sólo constituía un enclave fortificado de escasa población, con el tiempo se convirtió en un corregimiento señorial de Capa y Espada, cuyas autoridades eran designadas por el propio marqués de ese linaje. No obstante, su histórica situación fronteriza le confirió el carácter de plaza fuerte cuyo control era de indudable interés para la Corona. Después de un litigio entablado entre los titulares del señorío y la propia población tarifeña, en el año 1597 la monarquía pudo restablecer el estatuto de realengo.
La ciudad de Gibraltar fue donada por Enrique IV en 1469, en favor del señor jurisdiccional de Medina Sidonia, con la dignidad de marqués de Gibraltar. Los Reyes Católicos lograron recuperarla para la Corona en 1502. El corregimiento de Gibraltar se circunscribía al Peñón, y se remontaba al siglo XVI, aunque en sus orígenes extendió su influencia de gobierno hasta la demarcación de Ronda y Marbella, por razones probablemente defensivas. La pérdida de la plaza en 1704, tras la firma del Tratado de Utrech (1713), obligó a partir de 1706 a la creación de una nueva entidad administrativa, con la denominación de corregimiento del Campo de Gibraltar. Su asentamiento en la retaguardia del Peñón se repartió en torno a la antigua ermita de San Roque, el señorío abandonado de Ojén en Algeciras, los caseríos de los Barrios y la ermita de San Isidro. Además, parte de los habitantes que huyeron de la ocupación inglesa se refugiaron en los núcleos vecinos de Tarifa y Jimena, y en poblaciones más lejanas como Medina Sidonia, Ronda y Málaga. A partir de un gobierno municipal, constituido en 1706, se nombró un corregidor interino en 1713, y tres años más tarde se erigió su régimen con la categoría política de corregimiento de Capa y Espada. No obstante, a causa de la peligrosa vecindad extranjera, el Peñón fue objeto de intentos de recuperación y de continua vigilancia por parte de las autoridades responsables del resguardo de la orilla norte del Estrecho. Así, en favor del control territorial, las competencias políticas y militares se unieron definitivamente por un real decreto en el año 1738, al mismo tiempo que se reforzaron los territorios cércanos a la Roca, en la Línea de la Concepción, con la construcción de varios fuertes en su bahía. En San Roque se domicilió el corregidor, mientras que en Algeciras se localizó la residencia del alcalde mayor, y en Los Barrios se encargó de la jurisdicción a uno de los regidores. A mediados del siglo XVIII, ante el incremento de las necesidades administrativas, se establecieron tres alcaldías mayores situadas en Algeciras, Los Barrios y San Roque, respectivamente.
La conquista de la ciudad de Málaga se produjo en el año 1487 y su control reportó la tenencia de un importante enclave costero frente al norte de África, donde acantonar las fuerzas navales necesarias para llevar a cabo las campañas de la política exterior castellana. En el siglo XVI el corregimiento de Málaga incluyó en su circunscripción administrativa el partido de Vélez hasta que en 1641 Vélez-Málaga se convirtió en un corregimiento de Letras.
En el primer tercio del siglo XVIII experimentó varios cambios de categoría: empezó la centuria como gobernación político-militar hasta 1718, que por real decreto se confirió la gestión militar al mando del capitán general de la Costa de Granada. Sin embargo, en 1724 volvió a la situación anterior. Su gobierno también se encontraba asistido en lo jurídico por dos alcaldes mayores, puesto que la entidad de su circunscripción demandaba un extenso control en asuntos de administración de justicia. Su privilegiado emplazamiento marítimo, muy próximo al Estrecho de Gibraltar y a las plazas del norte de África, obligaba al refuerzo de sus fortificaciones, apoyadas en la línea de la costa por otras localidades como Marbella y Vélez-Málaga. Su destino de plaza fuerte se vio comprometido tras la pérdida del Peñón, momento en el que se evaluó la solidez de su atrincheramiento. Además, a su función abastecedora de los presidios norteafricanos, se añadía su carácter mercantil, pues tras Cádiz y Barcelona constituyó uno de los puertos marítimos de mayor entidad en el Mediterráneo.
En el siglo XVII la población de Motril pertenecía al corregimiento de Granada, bajo la autoridad de un teniente de corregidor. A partir de 1658 se creó como corregimiento de Capa y Espada eximido de Granada. En 1688 se unieron las jurisdicciones militar y política en una gobernación, con la asistencia de un alcalde mayor, según la Cámara de Castilla debido a los graves inconvenientes que se sufrían con la separación del gobierno militar y político, para la administración de justicia y para la tranquilidad pública.
A principios del siglo XVII Almería se encontraba agregada al corregimiento de Guadix, hasta 1678 en que se creó como corregimiento de Letras independiente de aquel. Sin embargo, su categoría administrativa sufrió un cambio en 1708, y como consecuencia de su privilegiado emplazamiento en el Mediterráneo se convirtió en gobierno militar y político, por lo que se hizo precisa la asistencia de un alcalde mayor letrado.
Autora: María Luisa Álvarez y Cañas
Bibliografía
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