El 19 de julio de 1786 varios vecinos de la villa de Aguilar de la Frontera (Córdoba) se dirigieron al rey con la intención de fundar una Sociedad Económica de Amigos del País en “beneficio de su patria”. El Consejo de Castilla autorizó sus estatutos que fueron aprobados por el Rey mediante la Real Cédula de 29 de septiembre de 1787. La recién nacida sociedad celebró el 4 de noviembre de ese año su primera junta pública en las casas consistoriales de la villa, a la que asistieron las autoridades civiles, religiosas y militares provinciales y locales, y en la que se nombró al duque de Medinaceli, socio protector, aunque nunca llegó a actuar como tal.

El lema de la corporación, “Favorece instruyendo”, aludía a que “el principal objeto de la Sociedad ha de ser facilitar los medios para el establecimiento de la Agricultura, Industria, y Artes, desterrar el ocio, y mendicidad, promoviendo la enseñanza en esta Villa, y Pueblos de la comarca, para que sus individuos vivan de la aplicación a el trabajo”.

A los dos años de su constitución, la Sociedad solicitó al Consejo de Castilla agregarse a la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, para colaborar en el desarrollo de sus tareas. Sin embargo, esta solicitud de dependencia parecía responder a la búsqueda de apoyos ante el conflicto surgido entre los representantes locales del duque de Medinaceli y los directivos de la Sociedad Económica.

Esta entidad surgió gracias al impulso de un importante hacendado local, Alonso de Valenzuela, que desempeñó la dirección durante toda su existencia. Otros dos miembros destacados fueron los hermanos Manuel y Juan Vicente Gutiérrez de Salamanca. El primero, dedicado a la carrera de las armas, desarrolló su carrera como ingeniero militar, con cierto prestigio como dibujante y maquinista. Su hermano Juan Vicente destacó como arquitecto, diseñando varias obras de carácter público en su villa natal, como la Torre del Reloj y la plaza de San José. Aunque no sabemos si fue miembro de pleno derecho de la Sociedad, debe mencionarse también a Andrea de Varo Gil, que fue admitida como socia de mérito de la Junta de Damas de la Matritense el 5 de febrero de 1790. Andrea había presentado unas muestras de hilazas y manufacturas de estambres realizadas de las escuelas establecidas en la villa, en las que se trabajaba la lana. Alonso de Valenzuela consideraba que era “un individuo tan celoso, que ya con su eficacia, y Patriotismo, como con crecidos desembolsos, hacía felices al mayor número de la gente Pobre de dicha Villa”.

Entre las actividades de la Sociedad, se puede destacar su interés por la educación primaria, fundando una escuela de primeras letras, otra de latinidad y una de aritmética. En cuanto al fomento de la educación popular, creó varias escuelas-fábricas de tejidos. En junio de 1792, la económica pretendió ampliar la escuela patriótica ya en funcionamiento. Andrea de Varo Gil, que estaba muy involucrada en esta experiencia, escribió a la Junta de Damas madrileña para que le facilitara un préstamo de 12.000 reales para establecer una fábrica de medias de estambre, en la que se emplearía el producto resultante de la escuela patriótica de hilazas. Carlos IV concedió el préstamo necesario para establecer la fábrica, pero la experiencia no funcionó realmente tan bien como se había proyectado. En 1798, por orden de la Matritense, que había actuado como avalista en la operación, se cerró el establecimiento y se liquidaron los enseres que quedaban.

Otro proyecto frustrado fue la creación la escuela de agricultura. En 1797, siguiendo las recomendaciones del Informe sobre la ley agraria de Jovellanos, el director propuso la creación de una escuela de agricultura en la que se hiciesen las observaciones y experimentos necesarios para formar cartillas rústicas. A pesar de que la Matritense recomendó al duque de Medinaceli este establecimiento y este contestó positivamente, el nulo interés que demostraron los representantes ducales locales hizo imposible su establecimiento.

Por último, debe mencionarse la fundación de la Casa de Misericordia que se convirtió en el escenario de la confrontación entre los miembros de la Sociedad y los representantes señoriales. Pese a que este proyecto contaba con la aprobación del Consejo de Castilla, no debe obviarse el contexto excesivamente problemático en el que surgió, pues provocó un grave desencuentro entre los amigos del país y las autoridades locales, aunque esta conflictividad entre grupos rivales locales tenía un trasfondo más amplio, y venía de años antes, cuando Alonso de Valenzuela había desempeñado el puesto de síndico personero. Los contrarios al proyecto, entre los que se incluían el propio duque de Medinaceli y sus representantes en el pueblo que ocupaban los cargos municipales, protestaron por esta intromisión ante el Consejo de Castilla. Sus argumentos se reducían a que la Sociedad había arrebatado el control de la beneficencia local que estaba hasta entonces en manos de una congregación local de caridad, de la que Valenzuela había sido excluido, y además la Casa de Misericordia se había apropiado de los fondos de las obras pías del municipio.

Sin embargo, el fiscal de Consejo, tras analizar el expediente, desestimó todas las acusaciones, argumentando que la existencia de dos establecimientos de beneficencia no era incompatible, sino más bien beneficiosa, y los caudales destinados a la Casa de Misericordia procedían de un fondo sobrante que no había tenido un destino específico hasta entonces.

Esta conflictividad se había ido polarizando en dos grupos rivales perfectamente definidos. Alonso de Valenzuela era la cabeza del bando antiseñorial, que había entablado en 1784 una demanda de reversión del municipio a la Corona, probablemente estimulado por el éxito conseguido por la vecina población de Lucena que logró sustraerse del poder de la casa de Medinaceli pocos años antes. La Sociedad Económica, en manos de este grupo, se pudo convertir en el instrumento de oposición a la política señorial y municipal. Esta pugna debe encuadrarse también en un contexto de instrumentalización local de las políticas gubernamentales que permitieron la aparición y organización de grupos, con sus propias redes clientelares, al margen de las instituciones tradicionales señoriales.

La rivalidad entre ambos grupos retrajo a posibles candidatos a inscribirse en la Sociedad, por si podían sufrir represalias del bando opuesto. Cualquier evento local servía de excusa para lanzar públicamente dardos envenenados contra la entidad y sus socios, especialmente contra el director al que acusaban de servirse de la institución para sus intereses personales. Ante esta situación, el Consejo de Castilla trató de influir para que todo se resolviera pacíficamente e instó al apercibimiento de los culpables.

La Sociedad funcionó hasta el inicio de la Guerra de la Independencia. En 1815, el director perpetuo pretendió volver a ponerla en funcionamiento, sin éxito, pero hay noticias de que, a finales del siglo XIX, volvió a refundarse, permaneciendo abierta al menos hasta la segunda década del siglo XX.

 

Autora: Elisa Martín-Valdepeñas Yagüe


Fuentes

Real Cédula de S. M. y señores del Consejo en que se aprueban los Estatutos de la Sociedad económica de amigos del País de la Villa de Aguilar de la Frontera, con lo demás que se expresa, a fin de promover la Agricultura, Industria, y Oficios, Écija, Imprenta de Benito Daza, 1788.

Bibliografía

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MORAL RONCAL, Antonio del, “Los socios militares de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País (1 775-1815)”, en Militaria, 6, 1994, pp. 103-113.

RIVAS CARMONA, Jesús, “Don Juan Vicente Gutiérrez de Salamanca, arquitecto cordobés de los siglos XVIII y XIX, en Imafronte, 1, 1985, pp. 56-72.

WINDLER-DIRISIO, Christian, Élites locales, señores, reformistas. Redes clientelares y Monarquía hacia finales del Antiguo Régimen, Sevilla, Universidad de Córdoba-Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1997.

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