La Real Sociedad Vejeriega de Amigos del País emerge en el fenómeno de las sociedades patrióticas y de la sociabilidad ilustrada durante el último tercio del siglo XVIII, en la que ha sido considerada por los historiadores como segunda etapa fundacional de las Sociedades Económicas gaditanas (1786-1808), junto a las de Medina Sidonia, Puerto de Santa María, Alcalá de los Gazules y Tarifa, gracias a la iniciativa y estímulo del Obispo de Cádiz José Escalzo y Miguel.
Su constitución no fue nada fácil ya que desde el primer momento se puso de manifiesto el soterrado enfrentamiento existente entre los vecinos y el Duque de Alba, a la sazón señor de la villa; de hecho, aunque la solicitud vecinal para su creación fue tramitada en 1788 no se recibiría la aprobación correspondiente hasta 1791. El problema salió a la luz cuando los vecinos, alentados por el Obispo y siguiendo las directrices emanadas del gobierno, se aunaron entre sí al interpretar que los objetivos de este tipo de asociaciones podría ser una solución a los problemas que tenía planteados la localidad en el terreno económico y social, además de servir como instrumento de contención frente a las arbitrariedades cometidas por el Duque. Especialmente les motivaba la idea de erigir una asociación que tuviera como punto de partida conocer la realidad del entorno para detectar las deficiencias existentes y así buscar las soluciones necesarias; esto implicaba hacer un examen exhaustivo de las tierras, de su extensión y distribución de la propiedad, de los cultivos existentes y de los que podrían introducirse, de la situación de la ganadería, del estado del comercio y de los distintos oficios existentes en la localidad en aras de incrementar la producción y contribuir al bien común. Todo lo cual puso al descubierto los abusos cometidos por los titulares del señorío que, según los vecinos, era “el causante de la desolación de los plantíos” en sus tierras. De modo que, nada más conocerse públicamente la iniciativa vecinal, el Síndico Personero, un hombre leal a los intereses ducales, comenzó una ofensiva contra los promotores acusándoles “de soliviantar a la población” al querer introducir “cambios peligrosos, novedades en el gobierno e intereses contrarios al público, a los derechos de la villa y al señor del pueblo, y fomentar partidos opuestos entre la población”, acusaciones de las que se defendían los socios acusando al Síndico de conspirar y defender los derechos del Duque en contra de la vecindad. A tal extremo llegó el enfrentamiento que derivó en un pleito, sustanciado ante el Consejo de Castilla, que duraría varios años.
La solicitud cursada había sido suscrita por cincuenta y cuatros vecinos, cuya sociografía revela la inter-estamentalidad propia de estas sociedades, ya que pertenecían a todos los grupos sociales, la mayor parte al estamento llano, donde destacan labradores y ganaderos; catorce eclesiásticos -entre ellos el cura del sagrario de la catedral de Cádiz y el Vicerrector del Colegio de San Bartolomé de esa misma ciudad-, cuatro cargos municipales, tres cargos relacionados con la Real Hacienda, tres comerciantes, tres marinos, dos abogados, un representante del Duque de Medina-Sidonia, un escribano y un cirujano. Esos individuos se auto-definían como sujetos “animados de un ardiente patriotismo”, convencidos de las grandes ventajas que conseguirían para su localidad la creación de una Sociedad cuyos objetivos podrían devolverle la fertilidad y riqueza que había tenido en la Antigüedad “tan celebradas por escritores que llegaron a comparar sus campos elíseos con estos parajes en sus obras”; que estaban igualmente motivados “de un verdadero celo por el bien de la patria y el Estado por lo que pretendían desterrar la mucha indigencia que se ha experimentado en un pueblo a quien tanto había favorecido la naturaleza (…) y destruir de raíz el demasiado ocio que ocasionaron tan fatales defectos”. Para que quedara constancia de dicho espíritu idearon un escudo donde aparecía una vaca “demostrando en su grosura la abundancia de pastos, y encima dos cornucopias cruzadas de las cuales salen abejas”, coronado por dos versos; uno de Ovidio sobre la orla que decía “Pense dabat omnia tellum” y otro de Virgilio en la circunferencia que rezaba “in quacumque voces artes haudtanda sequentur”, con los que se pretendía hacer referencia al florecimiento de esta población en el pasado, “la alta situación del pueblo y así mismo su cercanía al mar”.
La incorporación a la Sociedad implicaba, como en el resto de sociedades similares, el pago de una cuota anual que, en el caso de Vejer quedó estipulada en treinta reales anuales y, siguiendo el tipo de funcionamiento explicitado en los Estatutos, debía dotarse de una junta directiva conformada por una serie de cargos -Director, Vice-director, Secretario, Censor, Contador y Tesorero- con una duración anual, excepto en el caso del Secretario, cuyo mandato sería trienal. Estaba prevista la celebración de reuniones ordinarias todos los lunes por la tarde, a las tres en los meses invernales, a las cuatro en primavera y otoño, y a las cinco en el verano, presididas por el Director, para tratar los asuntos normales y corrientes de la Sociedad. Con carácter anual debía celebrarse también una reunión a la que debían asistir todos los socios donde se pondrían en común las actividades realizadas, el trabajo de las Comisiones, los objetivos previstos etc. y para ello se utilizaba la fiesta patronal, el quince de agosto. En caso de que surgiera un asunto que necesitara un tratamiento especial, estaba prevista en los Estatutos la celebración de una Junta extraordinaria.
Para comenzar su andadura los socios se fueron distribuyendo en las diversas comisiones de trabajo constituidas al efecto. La de Agricultura mostraba un conocimiento realista de su entorno, por lo que recomendaba el uso de abonado para aumentar la producción así como la puesta en cultivo de todas las tierras incultas; la plantación de nuevos cultivos como moreras, olivares, viñas, mimbreras -por su relación con la cestería, una actividad tradicional en el pueblo- y pinares de los que se pudiera obtener madera, que sería llevada al arsenal de la Carraca para la construcción naval; también les parecía útil la siembra de algodón, lino y cáñamo, y el incremento de la cría de ganado vacuno y caballar. Ante la insuficiencia de recursos que tenían los jornaleros, afectados por el paro estacional, muchos de ellos abocados a la indigencia, la mendiguez, la hambruna o la emigración, la comisión propuso la realización de obras públicas por parte del estado, donde podrían encontrar un empleo del que obtener un salario para mantener a sus familias. En cuanto a las manufacturas, los miembros de la Comisión de Industria se decantaron claramente por la elaboración de hilazas y tejidos toscos u ordinarios, sobre todo las famosas jergas, así como por el establecimiento de telares de estameñas y cinterías; igualmente proponían la creación de fábricas de ladrillos, cántaros, tinajas y ladrillos, en un intento de favorecer la alfarería, como se estaba haciendo en otros pueblos de la provincia. Por lo que respecta a las transacciones mercantiles, la Comisión de Comercio se inclinaba claramente por atender prioritariamente al pequeño comercio de lino y esparto para la elaboración de calcetas, sogas y esterados, en la idea de exportarlas a Cádiz y América, donde existía una fuerte demanda por no haber ninguna producción. Además pensaban que esos productos podían ser vendidos al por menor y a precios populares para ser adquiridos por mujeres que con su elaboración encontrarían un medio de ganarse la vida. Para llevar a cabo dicho comercio se adjudicaba un importante papel al río Barbate como vía de comunicación fluvial hacia la capital y otros puntos como Ceuta y Málaga.
Por su parte, la de Educación orientó sus objetivos a la obtención de una estructura educativa adecuada a la población, poniendo especial interés en la educación de las niñas. Ya en los Estatutos se preveía “el establecimiento de Escuelas gratuitas, donde las niñas pobres, además de tener una educación cristiana, aprendan a coser, hilar y tejer, buscando por este medio ponerlas a cubierto del libertinaje, indigencia y torpe ociosidad”. De ahí que los socios quisieran potenciar las denominadas Escuelas de Amigas existentes en la localidad asegurándose su control y poniendo a su frente mujeres que fueran “juiciosas y loables”, de una conducta moral intachable y que tuvieran una cierta preparación en la materia que enseñaran, además de tener que “superar un riguroso examen para acreditar su suficiencia”.
A pesar de los obstáculos que encontraron en el camino, primero en su propio entorno como después en la situación general del país -el cambio de coyuntura económica, los conflictos bélicos- sabemos que la mantuvieron funcionando hasta el estallido de la Guerra de la Independencia. Los registros documentales que se conservan de ella no nos permiten realizar un balance de su gestión ni de sus realizaciones durante esos años pero sí nos han dado la oportunidad de conocer las intenciones, los objetivos y los intereses que animaron a los vejeriegos a fundar y respaldar una asociación que pudiera servir de motor para el desarrollo económico y social de su localidad.
Autora: Gloria Ángeles Franco Rubio
Fuentes
A.H.N. Consejos, legs. 1082, 1384, 6031 y 3658.
A.R.S.M. legs. 75/32, 104/1 y 119/11.
Bibliografía
FRANCO RUBIO, Gloria, “La Sociedad Económica de Amigos del País de Vejer: el compromiso de los vejeriegos con el progreso hace dos siglos», en Janda, 13, 1997, pp. 79-100.
FRANCO RUBIO, Gloria, “Hacia una re-construcción de la sociabilidad ilustrada: las Sociedades Gaditanas de Amigos del País”, en Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, I, 2002, pp. 177-209.