El 9 de noviembre de 1751 Julián de Arriaga y Ribera obtuvo el doble nombramiento de intendente general de Marina y presidente de la Casa de la Contratación. Julián de Arriaga, un marino del Cuerpo General de la Armada, que durante más de veinte años había ejercido su profesión embarcado en buques de la Armada, se situaba al frente de las dos instituciones decisivas para el control del tráfico naval a Indias y del comercio colonial. Arriaga no asumió sus nuevos cargos de forma inmediata al nombramiento, porque Ensenada decidió retenerlo en la Corte para integrarlo como uno de los tres miembros de la Junta Consultiva para política colonial, que había creado para asesorarle en cuestiones americanas y comerciales. Arriaga se incorporó a sus nuevos cargos durante la primera semana de agosto de 1752, siendo muy bien recibido en Cádiz por el presidente saliente, quien le brindó todo su apoyo, como reconocería Arriaga.
Como presidente de la Casa también Arriaga solicitaría dictámenes a la Junta para avalar sus decisiones relacionadas con el comercio colonial. Cumplía así con la nueva forma de gestión introducida por Ensenada para tratar las cuestiones y los asuntos de Estado, la llamada «vía reservada», que buscaba agilizar la toma de decisiones y la tramitación de las políticas, buscando la discreción y evitando las dilatadas consultas al Consejo de Indias.
Desde su llegada a Cádiz, Arriaga mantuvo una relación fluida y cercana con los comerciantes gaditanos, interesándose por sus negocios y mostrándose muy sensible a los problemas que le plantearon. En este sentido, uno de los primeros asuntos que tuvo que afrontar fue el problema sobre la exportación de aguardientes catalanes. Un negocio que durante la primera mitad del siglo adquirió tal magnitud, que se había convertido en la base de todas las exportaciones de Cataluña a América. Sin embargo, durante los últimos años de la década de los cuarenta la demanda había empezado a decaer; al inicio de los años cincuenta, coincidiendo con la etapa de la presidencia de Arriaga, los dueños de las embarcaciones mercantes rehusaban embarcarlos por las crecientes dificultades para darles salida en los mercados novohispanos a causa de los elevados precios que alcanzaban allí por la suma de los derechos que debían pagar en el virreinato (10 pesos y 2 reales el barril de vino y 9 pesos y 1 real del de aguardiente más un 8% de alcabala), y por la abundancia en los mercados novohispanos de productos similares de producción local. Recogiendo las sugerencias de los comerciantes gaditanos, de los productores y cosecheros, y de los cargadores de los mercantes, Arriaga elaboró una solicitud, que presentó a la junta consultora para su dictamen en enero de 1753. Su propuesta consistió en reducir los derechos a 6 pesos y 1 real el barril de vino y a 5 pesos el de aguardiente. La reducción impositiva produciría una bajada del precio final en Nueva España y esto, a su vez, un incremento de la demanda, que sería beneficioso tanto para estimular nuevamente la producción catalana, como para las ventas y en definitiva también para la Real Hacienda. Los miembros de la junta emitieron un dictamen favorable a la solicitud de Arriaga, recomendando a Ensenada su aprobación. Los resultados de la entrada en vigor de los nuevos derechos se notaron a finales de ese mismo año, cuando se contabilizó un notable incremento de los barriles embarcados en Cádiz.
Arriaga tuvo que dar su dictamen sobre el memorial que remitió a la Secretaría de Indias el comisario de empaques de azogues desde Sevilla, denunciando la considerable pérdida de azogues que se producía por los errores al empaquetar y transportar el mercurio en los navíos de la Armada. Según el comisario, la pudrición de los contenedores y los derrames del mercurio causaban un considerable perjuicio a la Real Hacienda. El azogue se introducía en baldeses, piezas de cuero de oveja suaves y moldeables (el mismo cuero que se utilizaba para hacer guantes), que se ataban con cuerdas de cáñamo, los baldeses iban en barriles de medio quintal y éstos, a su vez, se depositaban en cajas (tres barriles en cada caja) que viajaban en los pañoles (compartimentos en distintas partes de los navíos para transportar víveres, pertrechos, herramientas, etc.). Hasta 1745 los baldeses habían sido fabricados, mediante sucesivos asientos, por el gremio de guanteros de la Villa de Madrid, pero a partir de 1746 el asiento se cambió a favor de una fábrica de Pozuelo, y es a partir de esta fecha cuando empezaron los problemas que denunciaba el comisario. Para él la principal causa para la pérdida del azogue era que los pañoles se construían demasiado estrechos, por lo que las cajas tenían que ajustarse a base de golpes, que reventaban las cajas y los barriles, haciendo que los tablones rotos y las astillas rajaran los baldeses, perdiéndose el azogue por las fisuras. Para el comisario las causas de la pudrición eran el calor y la humedad durante las largas estancias de los navíos en puertos tropicales. Arriaga redactó su informe basándose en su propia experiencia durante las expediciones de azogues en las que había participado. Las flotas de Azogues formaban parte de la Carrera de Indias; en el siglo XVIII aproximadamente cada dos años se despachaba una flota hacia Veracruz, formada por dos, tres o cuatro navíos de la Armada cargados con el azogue; en el viaje de regreso traían a Cádiz la plata de la Real Hacienda y de particulares. Ocasionalmente, dependiendo de la demanda de azogue de las minas novohispanas, también se enviaron navíos cargados de azogue como registros sueltos. Arriaga empezaba su dictamen analizando detalladamente las denuncias del comisario. Si los barriles se rompían con tanta facilidad, solo podía deberse al sistema de unir los listones, clavándolos unos con otros con tachuelas, por lo que recomendaba unirlos con arcos de hierro, lo que además de reforzarlos, evitaría que las puntas de las tachuelas rajasen los baldeses. Si el agua penetraba los cajones e incluso los pañoles, era la consecuencia de haberse variado el sistema de construcción de los mismos. Tradicionalmente se utilizaban para su construcción paneles tan gruesos o más que los utilizados en el fondo del navío, porque la experiencia había demostrado que eran impermeables. En cuanto a la crítica sobre estibar los cajones en los pañoles a golpes, no era lo habitual, aunque reconocía que ocasionalmente algún golpe era inevitable para encajarlos bien. Por el contrario, si los cajones no quedaban bien ajustados en los pañoles, había muchas posibilidades de que por los balanceos durante la navegación se golpearan unas cajas con otras, terminando por abrirse. Descartados los puntos anteriores como los principales causantes de la pérdida del azogue, Arriaga se centró en el fondo del problema: la calidad de los baldeses, sobre la que el comisario, sorprendentemente nada mencionaba en su denuncia. Según Arriaga, la fábrica de Pozuelo que tenía el asiento desde 1746 no estaba en condiciones de ofrecer baldeses de la misma calidad que los que había venido suministrando el gremio de guanteros de la Villa de Madrid. Motivo por el que finalizaba su dictamen recomendando a Ensenada restablecer el asiento anterior con el gremio de guanteros de la Villa de Madrid sin escatimar gastos en su fabricación, exigiendo al asentista que utilizara las mejores pieles, seleccionadas entre animales sanos, que hubieran sido curtidas por las manos más cualificadas, de forma que quedaran suaves, sin fisuras, espinas ni dobleces. Casualmente, Francisco Sánchez de Villegas fue el superintendente y gobernador de las Minas de Almadén entre 1749 y 1757 y también fue uno de los principales accionistas de la fábrica de Pozuelo. Villegas había conseguido el apoyo de José de Carvajal y Lancaster para fomentar la producción de dicha fábrica, sorteando momentáneamente las opiniones contrarias que surgieron.
Otro asunto destacado en el que colaboró Arriaga estaba relacionado con el corte palo, una tintórea muy solicitada por la industria textil inglesa, que llevaban a cabo colonos ingleses asentados ilegalmente en varios territorios de Honduras, con el apoyo naval y logístico explícito del gobernador de Jamaica. Desde principios del siglo las autoridades coloniales habían intentado en varias ocasiones expulsarlos con poco éxito, porque al poco tiempo volvían a ocupar y reconstruir los asentamientos. La junta consultiva para política colonial que asesoraba a Ensenada con la participación de Arriaga había diseñado una doble estrategia militar y comercial para solucionar definitivamente el problema. Al mismo tiempo que se organizaba una expedición militar con apoyo de la Armada para la expulsión de los colonos, se estableció un monopolio para el corte de palo en Campeche y su comercialización desde Cádiz, para revendérselo a los ingleses. El oficial mayor de la Secretaría de Indias, José Banfi, fue el encargado de crear una compañía privilegiada en la que intentó que participaran los comerciantes gaditanos, sin éxito, porque los comerciantes alegaron desconocer el negocio y no disponer de canales para la venta y distribución del palo. Entonces Banfi decidió ofrecer el negocio en forma de asiento al santanderino Juan de Isla, quien ya tenía un asiento para proveer de maderas a la Marina y otro más para construir navíos en el astillero de Guarnizo. El plan de Banfi contemplaba que la Real Hacienda financiara el corte del palo a través del virreinato novohispano. El gobernador de Campeche organizaría la tala y almacenamiento de la tintórea y Juan de Isla debería encargarse del transporte a Cádiz en cuatro de los navíos que había construido, para compensar sus gastos se le autorizó a llevar mercancías en los viajes de ida. Pero Isla, después de haber hecho cuatro transportes, renunció a continuar con el asiento, quedando más de 80.000 quintales de palo mal almacenados esperando a ser transportados. Para evitar perder la inversión hecha de 300.000 pesos de anticipo a Isla y 160.000 enviados al virrey de Nueva España y a los gobernadores de La Habana y Yucatán para pagar los jornales de los cortadores y el almacenaje del palo cortado, Ensenada pidió a Arriaga que intentara que algunos comerciantes gaditanos se encargaran del transporte a Cádiz del palo antes de que empezara a pudrirse. Como contrapartida se les permitiría enviar un registro con mercancías a las provincias de Honduras, Campeche y Tabasco. Arriaga se reunió con los comerciantes, que se negaron a entrar en el negocio, porque Honduras estaba sobrante de mercancías debido al contrabando practicado por los ingleses que estaban en la zona, mientras que Campeche y Tabasco tenían tan poca población que con introducir géneros por valor de 100.000 pesos tenían para abastecerse mucho tiempo. Arriaga propuso a Ensenada que el palo fuera trasladado en balandras a Veracruz, desde donde podría ser transportado a Cádiz en los navíos de la flota de Azogues. Si los oficiales de Veracruz coordinaban bien el transporte del palo desde Campeche a Veracruz, cuando la próxima flota de Azogues llegara a Veracruz encontraría el palo preparado para cargarlo y no perderían tiempo para poder emprender el viaje de regreso a Cádiz. Ensenada aprobó las sugerencias de Arriaga, pero la crisis por la caída del ministro en julio de 1754 suspendió su puesta en marcha.
Arriaga sucedió a Ensenada en los ministerios de Marina e Indias y no se resignó a perder los 80.000 quintales de palo, por lo que dispuso que el gobernador de Yucatán y los oficiales de Veracruz enviaran en todas las ocasiones que se presentasen el palo que ya estaba cortado a Veracruz. Para recuperar el dinero adelantado a Juan Fernández Isla por el asiento que no había llevado a cabo, pidió a los mismos gobernadores que recaudaran de los comisionados de Isla en América las cantidades que habían cobrado por la tala y la venta del palo, y que requisaran todo el palo que todavía tuvieran almacenado, asegurando los importes en cajas reales por separado, una por cada comisionado, evitando que declararan quiebras o se fugaran sin rendir cuenta. También ordenó a Fernández Isla que pusiera a disposición del nuevo presidente de la Casa todo el palo que tuviera almacenado en Santander. Previamente, había pedido a Abaría que intentara buscar un comprador para el palo. Pocas semanas después Abaría le comunicó con gran satisfacción que el comerciante Federico Dubois había accedido a comprar el palo de Santander a 28 reales de plata el quintal.
Estas fueron algunas actuaciones concretas llevadas a cabo por Arriaga como presidente de la Casa de la Contratación durante los dos años que permaneció en Cádiz, ejerciendo sus cargos, hasta que a finales de julio de 1754 fue nombrado secretario de Marina y un mes más tarde también secretario de Indias. Teniendo en cuenta la gran carga de trabajo que él había tenido durante su estancia gaditana, una de sus primeras decisiones, siendo ya ministro, fue desdoblar los cargos de intendente de Marina y presidente de la Casa, que habían sido ejercidos por la misma persona desde la creación del cargo de intendente de Marina en 1717 hasta ese momento. Como intendente general de Marina nombró al jefe de escuadra Juan Gerbaut, que en aquel momento ejercía como ministro del arsenal de La Carraca; como presidente de la Casa nombró a Esteban José de Abaría, quien había desarrollado toda su actividad profesional ligado a la Casa, siendo en el momento del nombramiento superintendente de la Contaduría.
Autora: María Baudot Monroy
Bibliografía
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