En el contexto de las reformas que se produjeron durante el reinado de Carlos III se enmarca la visita de inspección realizada por el mariscal de campo Antonio María Bucarelli a la costa del reino de Granada. El objetivo no era otro que reforzar el sistema defensivo granadino mediante un ambicioso plan que hiciera frente con mayores garantías al eterno problema del corso en este territorio. El resultado de la inspección se plasmó en un reglamento publicado el 18 de agosto de 1764 en el que se trazó un amplio programa de construcción de atalayas, castillos, torres, baterías y casas fuertes, de cuyo diseño y construcción se iban a ocupar los ingenieros militares. Para toda la costa el plan preveía una mayor intensificación de las construcciones en el espacio más vulnerable, esto es, el más oriental del reino, en donde la intrincada orografía había facilitado durante los siglos anteriores la acción de corsarios y piratas.
El proyecto de fortificación fue obra del ingeniero director José Crame, quien planificó la construcción de atalayas, torres para dos cañones y baterías para cuatro cañones. Los elementos más simples eran las atalayas, en forma de cono truncado, que servían para la comunicación con las fortificaciones de mayor calado. Las torres para dos cañones se organizaban en dos plantas abovedadas, situándose la batería sobre la terraza. Las baterías para cuatro cañones fueron las obras de mayor envergadura, pues amén de disponer los cuatro cañones en la parte que daba al mar disponían de espacio para albergar tropas de caballería, infantería y artillería, incluyendo estancias para el alojamiento de la tropa y de la oficialidad, que se organizaban en torno a un patio rectangular, e incluso contaban con una capilla y sacristía. Las baterías contaban también para su protección con un foso, hornabeque y barbacana. Completaban esa estructura defensiva las “casas fuertes” para la caballería -de las cuales se construyeron tan solo dos- que servían para alojar a las tropas dicha arma que se debían ocupar de patrullar por el litoral.
El gran logro de esa vasta empresa constructiva estuvo en el sistema venal adoptado para su financiación, si bien no era nada novedoso pues en aquella época en la Secretaría del Despacho de Guerra estaban abiertas varias operaciones de ventas de empleos militares. No en vano el propio Bucarelli había sido comisionado junto con el inspector de caballería, el marqués de Villadarias, para el aumento de la caballería decretado en 1763, el cual se había financiado por el procedimiento de venta de empleos, si bien la decisión política de acometer el programa fue de Juan Gregorio Muniain, “ministro” de la guerra desde el mes de abril de 1766. El método de financiación consistía en evaluar los costes de las fortificaciones costeras y buscar quienes estuviesen dispuestos a correr con los gastos de tales obras. A cambio, el rey les entregaría sus correspondientes despachos de oficiales del ejército, en su gran mayoría en el arma de caballería, de mayor nivel salarial que la de infantería, y con mayor prestigio social, pues no en vano era el arma nobiliaria por excelencia. Se trataba de cambiar dinero para obras defensivas por grados en el ejército: una operación financiera en la que el aspirante a un empleo en el ejército realizaba una fuerte inversión inicial que sería devuelta por el rey, en lo material, en cómodos plazos en forma de sueldos mensuales, y en lo social, en el prestigio de la carrera militar y los honores pertinentes, asimilados a la hidalguía, que correspondían a quienes desempeñasen empleos iguales o superiores al de capitán.
Puesto que la cotización de cada uno de los empleos estaba claramente regulada por las ventas de empleos realizadas en los años precedentes en el arma de caballería, cada tipo de nueva obra defensiva en la costa del reino de Granada tuvo su estimación equivalente en empleos a vender. Así, el coste de construcción de una simple atalaya permitía, a cualquier individuo que estuviese dispuesto a sufragarlo, obtener un despacho de capitán de infantería o teniente de caballería; la mayor envergadura y coste de una torre para dos cañones de 24 libras proporcionaba un grado y su correspondiente sueldo de capitán de caballería; por último financiar cada una de las baterías para cuatro cañones tenía un coste estimado de dos grados de capitán de caballería, aunque para la construcción de cuatro de ellas surgió un hábil intermediario -José Arias- quien firmó un asiento con el rey y luego procedió a la venta privada de los ocho despachos que obtuvo por tal “servicio”. Por estos procedimientos, entre 1767 y 1769, para financiar la construcción de las nuevas defensas de la costa del reino de Granada el rey concedió un total de 26 despachos de oficiales del ejército, la mayor parte de ellos de capitanes de caballería, que para muchos individuos suponía su ingreso en el ejército, si bien hubo casos como el de Manuel Rengel, que estando sirviendo como capitán del regimiento de caballería de la Costa de Granada ascendió en junio de 1766 al rango de teniente coronel por el servicio de haber financiado a sus expensas la batería de Torreblanca, en el partido de Mijas. Posteriormente se venderían nueve empleos más de capitán para financiar las torres que en los años anteriores no habían encontrado “proponentes” dispuestos a financiar su construcción. Al menos hasta 1774 se pueden documentar compras de empleos por el servicio de financiar la construcción de torres en la costa del reino de Granada.
Los precios por los que se compraban estos empleos no tenían un valor fijo, pues dependían de varios factores: de que la compra se hiciese directamente a la Secretaría de Guerra o algún asentista como el mencionado José Arias; del contrato de construcción firmado con los maestros de obras encargados de la construcción; y del estado general del “mercado” de empleos, que fluctuaba en razón a la demanda. Así, por ejemplo, en la costa de Almería, los precios oscilaron entre los 70.000 reales pagados en 1767 por cada una de las patentes de capitán para la construcción de la batería de Rodalquilar por José Requejo y Luis de la Cerda, y los 100.500 abonados en 1770 por cada uno de los hermanos Gómez Corbalán para la construcción de la batería de San Felipe de los Escullos.
La operación de financiar la construcción de torres a cambio de grados en el ejército no fue algo pensado exclusivamente para el reino de Granada. También la costa de Galicia vio reforzado su sistema defensivo por el mismo método, aunque allí el menor peligro corsario se reflejó en un menor número de nuevas construcciones y las que se erigieron fueron de menor envergadura. De ahí que, a diferencia de Granada, en la costa de Galicia los empleos que se vendieron para construir defensas de artillería fueron del arma de infantería.
Por tanto, la construcción de torres y baterías para defender la costa del reino de Granada supuso una gran oportunidad para la movilidad social y profesional de los naturales de este territorio. La oportunidad fue doble, pues a la obtención de un empleo de capitán se sumaba el ascenso social que posibilitaba una compra que, al menos sobre el papel, no precisaba de ninguna “calidad social” para el desembolso del dinero. Para los aspirantes a certificar una hidalguía, el grado de capitán -que en el ejército presuponía haber superado unas pruebas de nobleza- era un aval irrefutable de su pertenencia al estamento nobiliario. Por otro lado, para los hidalgos y las pequeñas oligarquías locales, adquirir un empleo supuso la posibilidad de avanzar, de promocionar en la escala social al adquirir un rango que les situaba a las puertas de un hábito de las ordenes militares, pues la presentación de una prueba de nobleza tan concluyente como un despacho de capitán de caballería permitía un acceso más directo a ese grado nobiliario.
Desde la perspectiva defensiva la gran empresa de fortificación supuso la creación de una sólida “frontera de piedra” para hacer frente al corso y la piratería berberisca pero justamente se acometían esas obras, en paralelo, España desarrollaba una acción diplomática con los países del norte de África mediante la firma de tratados de paz que hizo que el uso de los nuevos sistemas defensivos perdiera en buena parte su razón de ser. La firma del tratado de paz y comercio con Marruecos en el año de 1767 marcaría un punto de inflexión en las relaciones entre España y el sultanato alauí, si bien esa etapa de paz se vería interrumpida con la declaración de guerra de España a Marruecos en octubre de 1774. Un nuevo tratado de paz, el firmado en Aranjuez el 30 de mayo de 1780, sellaba de nuevo las relaciones pacíficas entre ambas naciones.
Autor: Francisco Andújar Castillo
Bibliografía
ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Galones por torres: la financiación del sistema defensivo de la costa del Reino de Granada, una operación venal del reinado de Carlos III”, en Chronica nova, 29, 2002, pp. 7-25.
GIL ALBARRRACÍN, Antonio, “La defensa de la costa del reino de Granada durante la edad moderna y contemporánea”, en TORO CEBALLOS, José (coord..), Funciones de la red castral fronteriza: homenaje a Don Juan Torres Fontes, Jaén, Diputación Provincial de Jaén, 2004, pp. 301-317.
GIL ALBARRACÍN, Antonio, Documentos sobre la defensa de la costa del Reino de Granada (1497-1857), Barcelona, G.B.G., 2004.
