La expulsión de los moriscos del reino de Granada en los años de 1570 y 1571 provocó una enorme pérdida demográfica y económica que muy pronto trató de ser compensada por la monarquía de Felipe II mediante el inicio de un vasto proceso repoblador. Vano intento aquel, pues ni de lejos se logró tal objetivo, antes al contrario, en líneas generales y tanto en términos cuantitativos como cualitativos el proyecto de repoblación no culminó con éxito, salvo en algunos espacios poco afectados por la guerra. En conjunto, la contienda había dejado tras de sí un paisaje de destrucción de casas, sistemas de riego, cosechas e interrupción de la actividad económica en general, incluyendo el comercio y el trabajo de la seda. No obstante las repercusiones fueron menores en el oeste y norte del reino, y más graves en el este, las Alpujarras y valle de Lecrín. Por ende, era preciso recuperar el vacío poblacional dejado por los moriscos y recuperar la economía, para lo cual hubo que llevar hasta el reino de Granada a pobladores procedentes de Castilla. De inmediato, casi en paralelo al desarrollo de la guerra, se adoptaron las primeras medidas para iniciar la reconstrucción económica y demográfica del reino. Se iniciaba así un largo proceso que no iba a finalizar hasta el año de 1595 en que se promulgaron unas instrucciones nuevas tras la visita realizada en 1593.

La historiografía ha distinguido tres grandes etapas en el proceso repoblador. La primera que iría entre 1570 y 1576, en la que se procede a la confiscación de los bienes de moriscos, se dictan las primeras normas organizativas de la repoblación y se acomete al apeo, deslinde y amojonamiento de lugares del reino, al mismo tiempo que se traen a los nuevos pobladores no sin antes precisar sus derechos y obligaciones, así como las franquicias y privilegios que disfrutarían por venir a poblar el reino de Granada. La segunda fase se desarrollaría a partir de 1577-1579, cuando se publican nuevos reglamentos y se sustituye el pago de la renta en especie por dinero. La última fase se abrió en 1595 cuando la citada visita, desarrollada dos años antes, observó problemas de todo orden en el asentamiento de la población, incluyendo el incumplimiento sistemático de la legislación repobladora.

Desde el primer momento la real provisión de 24 de febrero de 1571, que convocaba a los súbditos del rey a trasladarse al reino de Granada, puso de manifiesto el interés de la corona por establecer una división en la repoblación al distinguir entre los lugares “Alpujarras, Sierras y Marinas” y las “Vegas, Valles y Llanos, diferenciación que venía a reflejar el mayor impacto de la guerra en las primeras, la mayor despoblación y el superior riesgo de vivir en esas zonas. A quienes fuesen a vivir a esas tierras se les ofreció protección desde los lugares de origen a los de destino, tierras suficientes como para mantener a sus familias, casas a cambio de un exiguo censo anual y diversas franquicias, entre ellas la exención del pago de alcabalas. Para los neopobladores de Alpujarras, Sierras y Marinas se aumentaron las franquicias con el fin de alentarlos a que se decidieran a poblar esos espacios menos atractivos. Sin embargo, no tuvieron el éxito esperado esas primeras disposiciones y muchas de las familias que se habían aventurado a poblar el reino acabaron regresando a los lugares de donde habían partido. Fueron necesarias nuevas disposiciones en ese mismo año de 1571 que ampliaban aún más los privilegios y ventajas de Alpujarras, Sierras y Marinas, a la vez que se establecían las condiciones que debían cumplir los nuevos pobladores y se precisaba la distribución de bienes de moriscos que percibirían. Se concretaba así la distribución de todo género de hacienda, las conocidas “suertes de población”, integradas por casa, tierras y árboles, que se repartirían en función del “caudal” -léase medios de producción- de cada poblador, todo lo cual debía quedar reflejado en un “libro de apeo y repartimiento” -también llamado “libro de población”- en el que se haría constar cualquier cambio de titularidad de los bienes repartidos así como cualesquier otras incidencias. A partir de ese momento el dominio de las propiedades confiscadas a los moriscos se dividiría entre el dominio directo, que se lo reservaba la corona, y el útil, que quedaría en manos del nuevo poblador, a cambio del cual este último debía pagar el censo de la renta, se obligaba a residir con su familia en la localidad y a mantener la explotación del terrazgo asignado de acuerdo con los usos y costumbres del lugar.

Para supervisar aquella empresa repobladora la monarquía recurrió a la visita, un instrumento de control ampliamente experimentado en el gobierno de la monarquía para indagar sobre agentes de gobierno e instituciones y, en este caso, para investigar sobre el cumplimiento de la planificación trazada para la repoblación del territorio. Así, se desarrollaron visitas durante los años de 1573-1574, 1576, 1578 y 1593, siendo la más importante de todas ellas esta última, pues pudo evaluar en un largo plazo de más de dos décadas los resultados del plan trazado y observar las deficiencias del mismo, así como constatar los abusos y arbitrariedades de los poderosos que estaban lastrando seriamente el asentamiento de la nueva población. Junto con las visitas, los concejos fueron encargados del gobierno de los lugares de repoblación, erigiéndose en activos agentes de información para seguir el proceso repoblador.     

Aunque la repoblación respondió a un plan minuciosamente trazado en la corte, diversos problemas dificultaron su aplicación, o cuando menos contribuyeron a que su aplicación práctica distara mucho de los postulados iniciales. Así, los nuevos pobladores se encontraron durante los primeros años de su instalación en el reino con el peligro en las tierras del interior del bandolerismo morisco, o monfí, y de la piratería y el corso berberisco en los lugares costeros. Por otro lado, el último tercio del siglo se caracterizó, en buena parte de sus años, por presentar unas adversas condiciones climáticas que se tradujeron en malas cosechas. Sin embargo, fueron tan lesivos para los nuevos pobladores esos factores como los humanos, esto es, la acción nefasta de los grupos sociales dominantes que, junto a sectores eclesiásticos, cometieron toda suerte de abusos y exacciones sobre la población.

En ese contexto, la intervención de los señores en el proceso repoblador fue compleja y desigual según espacios y contextos. Sin embargo, Antonio Muñoz Buendía estableció una acertada periodización de la participación señorial, en la que pudo constatar una primera fase de iniciativa señorial, en la que los señores intentaron minimizar por sí mismos las consecuencias de la expulsión de los moriscos trayendo repobladores con el fin de recuperar sus economías y sus rentas, fase que tuvo su continuidad en un segundo momento de conflictividad entre las autoridades regias y los señores cuando se trataron de revocar las iniciativas señoriales en materia de repoblación. Y, por último, se llegaría a una tercera fase de estabilización de la repoblación en la que los señores acatarían las disposiciones de las autoridades, encarnadas en el Consejo de Población, si bien seguirían reivindicando volver al estatus previo a la rebelión en cuanto a la percepción de derechos y rentas.

Lo cierto es que la repoblación significó una considerable ruptura demográfica y una alteración del hábitat existente antes de la guerra de los moriscos. La fractura fue más intensa en las zonas rurales que en los medios urbanos y en aquellos lugares que habían tenido más presencia morisca. Las estimaciones que se han hecho para finales de siglo, por tanto, transcurridas ya tres décadas del inicio de la repoblación, se acercan a una pérdida demográfica cercana al 30%, aunque con desigualdades entre unas y otras zonas del reino. Por lo que se refiere al hábitat, el menor número de repobladores llegados en relación a los moriscos que había antes de la rebelión se tradujo en una clara concentración de la población, quedando numerosos pueblos y alquerías moriscos despoblados para siempre. No obstante, las principales ciudades del reino se vieron mucho menos afectadas, pues conservaban un mayor contingente poblacional cristiano-viejo desde las primeras repoblaciones de finales del siglo XV.

Por último, por lo que hace al origen de los nuevos pobladores del reino de Granada, los estudios de Bernard Vincent demostraron ya hace años que el factor de proximidad geográfica desempeñó un papel trascendental, de modo que, por ejemplo, de la misma manera que en el sector oriental del reino predominaron los levantinos y murcianos, en la parte más occidental, en concreto en el condado de Casares, fueron mayoritariamente los gaditanos los que se decidieron a repoblar sus tierras. En términos generales, predominaron los repobladores procedentes de la Baja Andalucía, seguidos por levantinos, murcianos y originarios de Castilla la Nueva, quedando a mucha mayor distancia los procedentes de tierras gallegas y extremeñas.                                                        

 

Autor: Francisco Andújar Castillo


 Bibliografía

BARRIOS AGUILERA, Manuel, La convivencia negada. Historia de los moriscos del Reino de Granada, Granada, Ed. Comares, 2008.

BRAVO CARO, Juan Jesús, “El proceso repoblador”, en BARRIOS AGUILERA, Manuel (ed.), Historia del Reino de Granada, T. II, Granada, Universidad de Granada, 2000, pp. 583-607.

MUÑOZ BUENDÍA, Antonio, “La repoblación del Reino de Granada a finales del quinientos: las instrucciones particulares de 1595”, en Chronica nova, 20, 1992, pp. 253-298.

VINCENT, Bernard, “La repoblación del Reino de Granada: espacios y tiempos”, en Chronica nova, 25, 1998, pp. 111-137.

VINCENT, Bernard, “La repoblación del Reino de Granada (1570-1580): el origen de los repobladores”, en ANDÚJAR CASTILLO, Francisco y BARRIOS AGUILERA, Manuel (eds.), Hombre y territorio en el Reino de Granada (1570-1630): estudios sobre repoblación, Ed. Instituto de Estudios Almerienses y Universidad de Granada, 1995, pp. 45-56.

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