Las creencias religiosas son cada vez más plurales en los países democráticos. Buena prueba de ello es la encuesta del CIS que revela que el aumento de la población identificada con alguna otra confesión que no es la católica ha pasado del 0,76% al 5,67%, un incremento de 5 puntos, lo que modifica, por completo, el mapa social religioso (esto implica que el análisis social y antropológico resulten necesarios) y la forma en la que se deben plantear las políticas públicas a este respecto, ya que consideramos imprescindible crear espacios de interlocución y coordinación entre las Administraciones Públicas y las confesiones religiosas.
Además, no puede olvidarse que la religión posee un creciente protagonismo en la esfera pública; el hecho religioso no puede mantenerse en la privada, tal y como se deriva del impacto cada vez más importante de aquélla en el ámbito político (pensemos sino en la inclusión de la cuestión religiosa en los programas electorales de los partidos políticos más representativos). Los cambios sucesivos de gobiernos en los distintos territorios y las normas dimanantes de los distintos poderes legislativos durante su período de mandato, demuestran la necesidad de un exhaustivo análisis para determinar los cambios necesarios en las políticas públicas sobre diversidad religiosa.
Ahora bien, para que en el marco social la convivencia cultural y religiosa resulte enriquecedora, no puede obviarse la importancia de un elemento de carácter esencial, el Derecho, que ha de ser el cauce para implementar dichas políticas encaminadas a la gestión de la diversidad. La finalidad de éste no ha de ser sino facilitar los medios para poner en práctica instrumentos políticos que permitan configurar un marco de igualdad en todos los ámbitos relativos al elemento religioso. De ahí, la conveniencia y la urgencia en el establecimiento de unas líneas básicas en las políticas públicas a las que nos referíamos.
Si ya todo ello implica un reto muy importante dentro de un ordenamiento jurídico, el pluralismo territorial que caracteriza a España, a través de la transferencia de competencias a las CCAA, hace que la gestión relativa a esa diversidad sea todavía más complicada, puesto que se han de tomar decisiones equilibradas y acordes, para impedir la violación de la igualdad y asegurar el respeto de la libertad religiosa en territorios con distintos gobiernos y competencias delegadas.
Sólo desde el exacto conocimiento de la realidad social religiosa (a través de la Sociología y la Antropología) y de las diferentes actitudes adoptadas por los legisladores regionales ante la diversa realidad jurídica existente en nuestro país puede llegarse al conocimiento global del estado actual de la regulación en este capítulo, desde la perspectiva pluriterritorial, y al establecimiento de posibles soluciones a los problemas que hoy en día se suscitan; problemas éstos que surgen en el ámbito social y que se han de solucionar en el legislativo a través de la implementación de políticas públicas.
Dentro del complejo marco jurídico pluriterritorial en el que se ha convertido nuestro ordenamiento, ha cobrado una gran importancia la regulación de la diversidad religiosa, a través de diferentes materias que no son sino el desarrollo del contenido de los derechos de libertad e igualdad religiosas. Incluso, algunas de las CCAA, como Cataluña o Andalucía, han reflejado, en sus propios Estatutos, el reconocimiento de esa diversidad. Cuestiones como la enseñanza de la religión y la contratación de su profesorado, los cementerios, la asistencia religiosa, la alimentación, el reconocimiento de festividades religiosas, el establecimiento de lugares de culto o el patrimonio histórico-artístico son algunas de las materias que se regulan a nivel autonómico.
Por otra parte, no debe olvidarse que, si las políticas públicas establecidas en los distintos territorios autonómicos para la gestión de la diversidad basada en las creencias no se enfocan de forma correcta, podrían provocarse graves tensiones y conflictos en la convivencia de mayorías y minorías que poseen diferentes costumbres y tradiciones (nos remitimos a los problemas ya citados).
El objeto de este proyecto es la delimitación teórica de las políticas públicas, basándonos en el pluralismo, no sólo religioso sino también territorial, además de la identificación de las prácticas culturales y religiosas, definiendo áreas de convergencia y divergencia entre Comunidades y facilitando el diálogo intercultural e interreligioso a través de las normas autonómicas. Para ello se habrán de estudiar y analizar las políticas públicas sobre libertad e igualdad religiosas en cada una de las Autonomías y así, a través de propuestas de lege ferenda, determinar la posibilidad de establecer un modelo inclusivo común asumible por todas ellas ya que el tratamiento de los derechos fundamentales analizados en este proyecto no debe quedar sometido a un tratamiento político del hecho religioso.