Javier Calvo Navarrete<\/p>\n
Alumno del doble M\u00e1ster de acceso a la abogac\u00eda + Asesor\u00eda y consultor\u00eda Laboral<\/p>\n
Universidad Loyola<\/p>\n
Suele ser frecuente que nuestros convenios colectivos establezcan f\u00f3rmulas de incremento salarial que incluyan el \u00cdndice de Precios al Consumo (IPC en adelante) de un periodo temporal -normalmente anual- anterior. De hecho, as\u00ed ocurre, por se\u00f1alar algunos ejemplos, en el a\u00fan vigente Cap\u00edtulo VI del AENC (2023-2025<\/a>) o, por mencionar otro caso, en las extraordinariamente complejas \u201cdirectrices\u201d que establec\u00eda el II Acuerdo para el Empleo y la Negociaci\u00f3n Colectiva 2012, 2013 y 2014<\/a>.<\/p>\n En general, estas cl\u00e1usulas no sol\u00edan plantear graves problemas m\u00e1s all\u00e1 de los derivados de la sobrevenida falta de una \u201cpublicaci\u00f3n oficial\u201d de este mismo dato. Las controversias solo se iniciaron cuando, ya fuese como consecuencia de la crisis econ\u00f3mica de principios de la d\u00e9cada pasada, o de la Pandemia de la Covid-19 en 2020, este IPC anual result\u00f3 no solo inferior al previsto, sino incluso negativo. Y ello ya que en estos casos acab\u00f3 plante\u00e1ndose si cuando la f\u00f3rmula de incremento inclu\u00eda, sobre todo como uno de los sumandos o factores, este IPC, el mismo deb\u00eda tomarse como cero y excluirse -al no haber sido previsible esta posibilidad- o incorporarse como n\u00famero negativo con el consiguiente riesgo de que el resultado no fuera un incremento, sino incluso una reducci\u00f3n o detracci\u00f3n salarial para los empleados.<\/p>\n La respuesta tradicional se encontraba recogida por la STS (Social, Secci\u00f3n 1) n\u00fam. 659\/2018, de 21 de junio (Rec. 197\/2017, ECLI:ES:TS:2018:2622)<\/a> que buscando asentar consenso, analiz\u00f3 una cl\u00e1usula convencional que preve\u00eda una revisi\u00f3n salarial del 0,85 del IPC del a\u00f1o anterior; por lo que, con un IPC final del -1%, la empresa procedi\u00f3 a aplicar una reducci\u00f3n salarial del 0,85% \u00a0que fue, l\u00f3gicamente, impugnada por la parte social. Pues bien, la resoluci\u00f3n, trayendo a colaci\u00f3n una doctrina reiterada que se consideraba \u201cconsistente y sin fisuras\u201d -v\u00e9ase STS (Social, Secci\u00f3n 1) de 28 de noviembre de 2011 <\/a>(Rec. 29\/2011, ECLI:ES:TS:2011:8968)-, consider\u00f3 inaplicable un IPC negativo si este no aparec\u00eda clara y expresamente contemplado en la norma convencional que regulaba las revisiones salariales con periodicidad anual. La tesis contraria hubiera supuesto, siempre seg\u00fan nuestro M\u00e1s Alto Tribunal, una disminuci\u00f3n del salario de los trabajadores, sin que tampoco fuera aplicable la cl\u00e1usula \u00abrebus sic stantibus\u00bb.<\/p>\n Y, de hecho, esta misma l\u00f3gica pareci\u00f3 mantenerse en nuestra jurisprudencia, al menos hasta la ya cercana STS (Social Secci\u00f3n 1) n\u00fam. 971\/2024 de 3 de julio de 2024 (Rec. 249\/2022, ECLI:ES:TS:2024:3889<\/a>) que, con cita de otras muchas, ven\u00eda a sostener que \u201cen supuestos en los que el IPC fuera del 0% (o inferior) una revisi\u00f3n a la baja ha de preverse de forma espec\u00edfica por los negociadores\u201d. En palabras del mismo Tribunal -reiterando lo que ya hab\u00eda se\u00f1alado en otras Sentencias de la Sala de lo Social como las de 18 de febrero de 2010 (Rec. 87\/2009, ECLI:ES:TS:2010:1420<\/a>) o la n\u00fam. 1039\/2017 de 20 de diciembre de 2017 (Rec. 237\/2016, ECLI:ES:TS:2017:4734<\/a>)- \u00abun cambio tan significativo del sistema de revisi\u00f3n, pasando de una cl\u00e1usula de revisi\u00f3n solo al alza, que es la m\u00e1s generalizada en la negociaci\u00f3n colectiva, a otra de doble direcci\u00f3n y por consiguiente mucho m\u00e1s desfavorable para los trabajadores – habr\u00eda exigido una redacci\u00f3n mucho m\u00e1s clara y contundente\u2026 ante la escueta literalidad del precepto. La tesis de la empresa solo se sostendr\u00eda si hubiera podido acreditar que los negociadores del convenio tuvieron presente la posibilidad de ese desfase a la baja del IPC real\u00bb. En definitiva, ante los elementos normalmente literales de la propia redacci\u00f3n de estas cl\u00e1usulas, se optaba normalmente por una interpretaci\u00f3n \u201cunidireccional\u201d en la que el IPC solo pod\u00eda sumar, pero nunca restar.<\/p>\n Por todo ello, result\u00f3 cuanto menos llamativa la posterior y relativamente reciente STS (Social, Secci\u00f3n 1) n\u00fam. 272\/2025, de 2 de abril (Rec. 4\/2023, ECLI:ES:TS:2025:1645)<\/a>. En ella se analizaba un supuesto en el que el incremento salarial se calculaba aplicando a las tablas del a\u00f1o anterior el IPC resultante del 2020 -que como se recordar\u00e1, fue negativo, del -0,50%- al que se sumaba el 0,75 %. Pues bien, partiendo de una detenida interpretaci\u00f3n literal, pero tambi\u00e9n y, sobre todo, finalista y sistem\u00e1tica de la espec\u00edfica cl\u00e1usula, la Sala vino a destacar, en primer lugar, c\u00f3mo, a pesar de la existencia de precedentes de IPC negativos, las partes no optaron por aclarar este aspecto ni fijar una \u201ccl\u00e1usula suelo\u201d, del mismo modo que, en segundo lugar, los trabajadores no tendr\u00edan que devolver nada, limit\u00e1ndose la aplicaci\u00f3n del IPC negativo a reducir el incremento del 0,75 a un 0,25 resultado de aplicar al mismo el IPC negativo del -0,50. De ah\u00ed que la Sentencia concluyese considerando que nos encontrar\u00edamos ante una cl\u00e1usula \u201csemibidireccional\u201d (sic), y declarando que el mencionado incremento adicional del 0,75% deb\u00eda reducirse compens\u00e1ndose con el valor negativo del IPC resultante del 2020 -de -0,50-, limit\u00e1ndolo al 0,25%. En definitiva, y al menos a nuestro juicio, se\u00f1alando que en estos supuestos de aminoraci\u00f3n del incremento, que no de reducci\u00f3n salarial, las cl\u00e1usulas tendr\u00edan un efecto \u201csemibidireccional\u201d, permitiendo, al menos, reducir el incremento mediante la aplicaci\u00f3n en la f\u00f3rmula del IPC negativo, y siendo necesario para evitar decrementos que se establecieran \u201cclausula suelo\u201d.<\/p>\n M\u00e1s all\u00e1 de lo acertado o no de esta doctrina, el cambio de orientaci\u00f3n, a\u00fan parcial, con las sentencias anteriores parece evidente. Si en la doctrina tradicional, la ausencia de claridad, o m\u00e1s espec\u00edficamente, la no previsi\u00f3n expresa de la aplicaci\u00f3n de un IPC negativo, supuso la exclusi\u00f3n o inaplicaci\u00f3n de este elemento en el c\u00e1lculo del incremento, en la nueva, fundamentalmente desde una nueva perspectiva finalista, parec\u00eda alcanzarse la conclusi\u00f3n opuesta, al menos mientras no hubiese obligaci\u00f3n de devoluci\u00f3n o minoraci\u00f3n de salarios, lo que, adem\u00e1s, planteaba la duda de si en tales casos habr\u00eda que aplicar el IPC negativo hasta reducir el incremento, sin que, eso s\u00ed, pudiera irse m\u00e1s all\u00e1.<\/p>\n