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Esta entrada reproduce un Periscopio Fiscal y Legal de PwC, elaborado por Mar\u00eda Eugenia Guzm\u00e1n y Julio Calvo, socios de laboral de PwC Tax & Legal; y por Miguel Rodr\u00edguez-Pi\u00f1ero, colaborador de este blog, accesible mediante este\u00a0enlace<\/p>\n
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Las modificaciones legales tienen sus palancas o factores originadores del cambio. La novedad es que en los \u00faltimos a\u00f1os a las palancas tradicionales (programas de gobierno, crisis econ\u00f3micas, aprobaci\u00f3n de normas internacionales) se han unido otras que podemos calificar como VUCA, vol\u00e1tiles, inciertas, complejas y ambiguas.<\/p>\n
Algunos de los motores m\u00e1s recientes de reformas laborales han tenido este car\u00e1cter, como la Pandemia Covid, la invasi\u00f3n de Ucrania o la erupci\u00f3n del volc\u00e1n de La Palma. Otros eventos tambi\u00e9n merecen esta calificaci\u00f3n, aunque han sido menos dram\u00e1ticos o espectaculares. Nos referimos a pronunciamientos de tribunales internacionales, que nos obligan sorpresivamente a plantearnos nuestra interpretaci\u00f3n de las normas o incluso el contenido de la norma. Ha habido sentencias de este calado en todos los campos del Derecho (pensemos en las sentencias de las cl\u00e1usulas suelo, por poner s\u00f3lo un ejemplo), pero en nuestro \u00e1mbito, el Derecho del Trabajo, est\u00e1n teniendo \u00faltimamente un impacto trascendental. Cada pocas semanas sabemos de una sentencia de Luxemburgo o de Estrasburgo, o de una resoluci\u00f3n de un organismo administrativo, que determinan que nuestro Derecho, o al menos la forma en que lo interpretamos, es inadecuado de acuerdo con los est\u00e1ndares fijados en normas internacionales o unioneuropeas que Espa\u00f1a se ha comprometido a cumplir.<\/p>\n
Un caso muy notable ha sido la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de enero de 2024, asunto C 631\/22, Ca Na Negreta. En esta resoluci\u00f3n el Tribunal concluye que la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola que permite al empresario poner fin al contrato de trabajo por hallarse el trabajador en situaci\u00f3n de incapacidad permanente para ejecutar las tareas que le incumben en virtud de dicho contrato debido a una discapacidad sobrevenida es contraria tanto al Derecho de la Uni\u00f3n (Directiva 2000\/78\/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupaci\u00f3n, art\u00edculos 21 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni\u00f3n Europea) e internacional (Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). Y ello porque la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola cuestionada, en concreto el art\u00edculo 49.1.e) del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, impone la extinci\u00f3n de contrato sin obligar a la entidad empleadora a realizar ajustes razonables que hagan posible a la persona mantener su actividad laboral. Nuestra legislaci\u00f3n asume la incapacidad para trabajar, lo que lleva aparejada la extinci\u00f3n del v\u00ednculo contractual. No en vano se le llama \u201cincapacidad permanente total\u201d, y se reconoce una prestaci\u00f3n econ\u00f3mica de la Seguridad Social a la persona incursa en esta situaci\u00f3n. En nuestro modelo legislativo se entiende que se produce un abandono del mercado de trabajo, por lo que es la propia declaraci\u00f3n de incapacidad la que opera como causa extintiva. Pues bien, esto es lo que el Tribunal de Justicia considera contrario a Derecho, por suponer una discriminaci\u00f3n por discapacidad.<\/p>\n
Ante esto, el legislador laboral (en este caso gubernamental) se ha visto obligado a reaccionar, procediendo a una reforma del citado apartado del art\u00edculo 49 del Estatuto. Previamente, la Ministra de Trabajo y Econom\u00eda Social, y el presidente del Comit\u00e9 Espa\u00f1ol de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), acordaron derogar el despido autom\u00e1tico por incapacidad permanente, que es lo que se ha empezado a hacer en el \u00faltimo Consejo de Ministros, celebrado el 21 de mayo de 2024. Concretamente, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en materia de extinci\u00f3n del contrato de trabajo, para poder iniciar su tramitaci\u00f3n parlamentaria.<\/p>\n
El cambio legislativo busca obligar a las empresas a realizar los ajustes razonables que permitan a las personas con discapacidad ejercer su derecho al trabajo.<\/p>\n
Para hacerlo posible se procede a modificar el art\u00edculo 49.1.e) del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, eliminando la referencia a la extinci\u00f3n autom\u00e1tica por gran incapacidad, incapacidad permanente absoluta e incapacidad permanente total. Se separar\u00e1n las causas que aparecen ahora en esta letra del art\u00edculo 49: la muerte de la persona trabajadora, por un lado, que seguir\u00e1 siendo supuesto autom\u00e1tico de extinci\u00f3n contractual; y las dem\u00e1s, para las que se limita la posibilidad de extinguir el contrato por la empresa, imponiendo ahora que esta extinci\u00f3n quede condicionada a la voluntad de la persona trabajadora.<\/p>\n
La persona que se encuentre en una de estas situaciones podr\u00e1 solicitar:<\/p>\n