![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/grupo.us.es\/iwpr\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/TJUE.jpg?resize=522%2C597\")
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Eugenia Guzm\u00e1n, socia responsable de laboral de PwC Tax & Legal<\/strong><\/p>\n Julio Calvo, socio de laboral de PwC Tax & Legal<\/strong><\/p>\n Miguel Rodr\u00edguez-Pi\u00f1ero, catedr\u00e1tico de Derecho del Trabajo y Senior Advisor de PwC Tax & Legal<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Todav\u00eda recordamos aquel mes de septiembre de 2016, cuando el Tribunal de Justicia emiti\u00f3 una sentencia que golpeaba la l\u00ednea de flotaci\u00f3n de nuestro Derecho del Trabajo, la distinci\u00f3n entre contratos temporales e indefinidos, con la sentencia de Diego Porras que inici\u00f3 una saga de pronunciamientos, en Luxemburgo y en nuestro pa\u00eds, sobre la situaci\u00f3n del tratamiento que se daba a los trabajadores temporales en Espa\u00f1a. La sangre no lleg\u00f3 al r\u00edo, finalmente, porque el propio Tribunal reconoci\u00f3 que hab\u00eda llegado demasiado lejos cuando consider\u00f3 que ambos colectivos ten\u00edan unos mismos derechos en materia de indemnizaci\u00f3n por finalizaci\u00f3n de contrato, y en fallos posteriores admiti\u00f3 que los temporales pod\u00edan tener uno menos favorable debido precisamente a la particularidad de su contrataci\u00f3n, en la que ya se preve\u00eda su terminaci\u00f3n.<\/p>\n Esta sentencia era, en realidad, una m\u00e1s de una larga sucesi\u00f3n de fallos, incrementada desde 2016, respecto de la Directiva 1999\/70\/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duraci\u00f3n determinada. Esta norma, que aplicaba uno de los grandes acuerdos del di\u00e1logo social europeo, no impresion\u00f3 mucho en el momento de su aprobaci\u00f3n, dado el amplio espacio que dejaba a los Estados miembros para su implementaci\u00f3n, y lo escaso de sus mandatos. Sin embargo, con el tiempo, y en manos del Tribunal de Justicia, se ha convertido en la norma europea que m\u00e1s dolores de cabeza ha dado al Reino de Espa\u00f1a en su calidad de Estado miembro de la Uni\u00f3n. Un alto porcentaje de las sentencias dictadas lo han sido respecto de nuestro Derecho; y, de \u00e9stas, una mayor\u00eda en relaci\u00f3n con el empleo temporal irregular en el sector p\u00fablico.<\/p>\n Razones hab\u00eda para ello dado que nadie discute que tenemos un problema con la contrataci\u00f3n temporal, que se agrava en el empleo p\u00fablico. No es de extra\u00f1ar, por ello, que una norma aparentemente inane nos hiciera mucho da\u00f1o, porque ten\u00edamos muchos frentes abiertos. La pr\u00e1ctica de muchos empleadores p\u00fablicos ha llevado a situaciones llamativas en cuanto a la duraci\u00f3n de las interinidades, que han hecho que las instituciones europeas se fijen en nosotros. La sentencia de Diego Porras fue una muestra de este inter\u00e9s.<\/p>\n Desde entonces, las cosas han cambiado mucho. Se ha consolidado la figura del trabajador indefinido no fijo (INF) como respuesta a las pr\u00e1cticas irregulares en la contrataci\u00f3n temporal en lo p\u00fablico; se ha reformado el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores para reducir el recurso a la temporalidad; se ha modificado el Texto Refundido del Estatuto B\u00e1sico del Empleado P\u00fablico para controlar el porcentaje de temporalidad en este sector; y se han puesto en marcha procesos de consolidaci\u00f3n de trabajadores temporales en el sector p\u00fablico. La cosa parec\u00eda m\u00e1s o menos controlada; hab\u00edamos aprendido y reaccionado.<\/p>\n Ahora ha llegado la sentencia de 22 de febrero de\u00a02024,\u00a0en los asuntos acumulados C\u201159\/22, C\u2011110\/22 y C\u2011159\/22, con treinta y dos cuestiones prejudiciales (muchas repetidas de un asunto a otro), en la que se analizan y cuestionan m\u00faltiples aspectos de este marco normativo espa\u00f1ol, como una especie de causa general respecto de su validez desde la perspectiva de la Directiva de 1999.<\/p>\n El titular ha sido, por supuesto, que el TJUE obliga a Espa\u00f1a a hacer fijos a todos los interinos. \u00c9sta es la lectura m\u00e1s alarmista (para la administraci\u00f3n), y la m\u00e1s atractiva desde el punto de vista de la actualidad. Tambi\u00e9n para muchos abogados que llevan a\u00f1os anunciando que exist\u00eda una v\u00eda para que los interinos se hicieran fijos, por aplicaci\u00f3n de la Directiva de 1999 y acudiendo a la jurisdicci\u00f3n europea. El n\u00famero de interinos que ha optado por esta v\u00eda es elevado, y esta sentencia parece haberles dado la raz\u00f3n.<\/p>\n No es esto lo que dice la sentencia, en realidad. Lo que s\u00ed afirma es que la cl\u00e1usula 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duraci\u00f3n determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, en la que se impone a los Estados arbitrar medidas para \u201cprevenir los abusos como consecuencia de la utilizaci\u00f3n sucesiva de contratos o relaciones laborales de duraci\u00f3n determinada\u201d, debe interpretarse en el sentido de\u00a0que\u00a0\u201cla conversi\u00f3n de esos contratos temporales en contratos fijos puede constituir tal medida\u201d<\/strong>. Puede constituir una medida adecuada no significa que sea la \u00fanica medida adecuada, o que sea la consecuencia necesaria de los mandatos de la Directiva. Esta conversi\u00f3n operar\u00eda frente a los abusos derivados de la utilizaci\u00f3n sucesiva de contratos temporales, incluidos los contratos indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente; y s\u00f3lo a falta de medidas adecuadas en el Derecho nacional para prevenir y, en su caso, sancionar tales abusos.<\/p>\n Hay que analizar en detalle este pronunciamiento para entender su alcance, y sobre todo para valorar en que situaci\u00f3n queda nuestro pa\u00eds. Se suceden las interpretaciones, algunas de ellas claramente interesadas y maximalistas. Es necesario evitar ser parcial y superficial, porque esta sentencia puede tener un impacto muy importante en Espa\u00f1a. Especialmente en un momento en el que existen corrientes que propugnan una revisi\u00f3n en profundidad de instituciones centrales de nuestro Derecho a partir de normativa y jurisprudencia internacional, aplicando el control de convencionalidad y utilizando de manera sistem\u00e1tica la cuesti\u00f3n prejudicial ante el Tribunal de Justicia no tanto para interpretar normas de la Uni\u00f3n, sino para forzar reformas de las nacionales.<\/p>\n