joseivanperezlopez@gmail.com<\/a><\/p>\n Publicado en Trabajo, Persona, Derecho, Mercado 7 (2023)<\/i>\u00a021-58<\/p>\n https:\/\/dx.doi.org\/10.12795\/TPDM.2023.i7.06<\/a><\/p>\n <\/p>\n La protecci\u00f3n de las personas trabajadoras mayores frente a la tecnolog\u00eda es un aspecto esencial en un mundo laboral en constante cambio. Con la expansi\u00f3n de la digitalizaci\u00f3n, es crucial implementar medidas que salvaguarden los derechos e integridad de este grupo poblacional. Las personas mayores a menudo enfrentan desaf\u00edos al adaptarse a las nuevas tecnolog\u00edas en el entorno laboral, y la brecha digital, caracterizada por la falta de acceso o habilidades digitales, puede dejar a estas personas en una posici\u00f3n realmente vulnerable.<\/p>\n A medida que evoluciona la forma de desempe\u00f1ar el trabajo, surgen nuevas necesidades relacionadas con la renovaci\u00f3n competencial del trabajador en sinton\u00eda con las nuevas caracter\u00edsticas del mercado actual. Sin embargo, esta necesidad de adaptaci\u00f3n no es igual para todos, ya que existen grupos espec\u00edficos que requieren atenci\u00f3n, intervenci\u00f3n y apoyo de las instituciones p\u00fablicas para garantizar el acceso equitativo al empleo y la igualdad de oportunidades.<\/p>\n Las pol\u00edticas de protecci\u00f3n de las personas mayores trabajadoras frente a la tecnolog\u00eda deben abordar aspectos como la formaci\u00f3n espec\u00edfica, adaptada a sus niveles de experiencia, y la creaci\u00f3n de entornos de trabajo tecnol\u00f3gicamente accesibles. Combatir las nuevas brechas digitales es un factor clave para las personas trabajadoras mayores que pueden tener dificultades para acceder a ciertos tipos de aprendizaje espec\u00edfico debido a la falta de herramientas b\u00e1sicas.<\/p>\n A pesar de la protecci\u00f3n normativa general para estos trabajadores, es necesario especificar medidas concretas que ayuden efectivamente a su renovaci\u00f3n y adaptaci\u00f3n al nuevo mercado laboral. Este nuevo contexto global no debe permitir que los avances tecnol\u00f3gicos se conviertan en una causa de exclusi\u00f3n o discriminaci\u00f3n para ning\u00fan trabajador, especialmente en cualquier Estado de Derecho.<\/p>\n Los art. 3.3 y 145 del TUE establecen que la UE promover\u00e1 un desarrollo sostenible europeo basado en un crecimiento econ\u00f3mico equilibrado y una econom\u00eda social de mercado orientada al pleno empleo y al progreso social. Tambi\u00e9n se propone el desarrollo de una estrategia coordinada para potenciar una fuerza laboral cualificada, formada y adaptable a los mercados laborales capaces de responder al cambio econ\u00f3mico.<\/p>\n Partimos, por tanto, del Derecho Originario de la Uni\u00f3n, que reconoce, en resumidas cuentas, la vinculaci\u00f3n de los Estados miembros a las pol\u00edticas supranacionales, as\u00ed como la adaptaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las mismas.<\/p>\n El art. 15.2 CDFUE reconoce que toda persona ciudadana tiene la libertad de buscar un empleo, de trabajar, de establecerse o de prestar servicios. El art. 14 CEDH reconoce, en t\u00e9rminos generales, que no se pueden hacer distinciones por circunstancias personales o basadas en la condici\u00f3n social.<\/p>\n Por su parte, el Pilar Europeo sobre Derechos Sociales[1]<\/a><\/span>\u00a0consagra otros derechos y principios, entre los que destacan: el derecho a la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo; el principio de crecimiento sostenible; la promoci\u00f3n del progreso econ\u00f3mico y social; la cohesi\u00f3n; la convergencia, etc. Sin embargo, se priva de esta protecci\u00f3n a las personas desempleadas, lo que contradice los principios mencionados al confrontarlo con lo dispuesto en su Considerando 15, que establece que<\/p>\n los principios consagrados en el Pilar Europeo de Derechos Sociales conciernen a los ciudadanos de la Uni\u00f3n y a los nacionales de terceros pa\u00edses con residencia legal.<\/p>\n La Recomendaci\u00f3n del Consejo[2]<\/a><\/span>\u00a0de 22 de mayo de 2018, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente establece el derecho de los ciudadanos a una educaci\u00f3n, una formaci\u00f3n y un aprendizaje inclusivos y de calidad, con el objetivo de mantener y adquirir habilidades que permitan una plena participaci\u00f3n en la sociedad y una gesti\u00f3n exitosa de las transiciones en el mercado laboral.<\/p>\n El Informe PISA[3]<\/a><\/span>\u00a0de la OCDE revela que existe un gran n\u00famero de adolescentes y adultos con competencias digitales m\u00ednimas o insuficientes, y que un 44% de la poblaci\u00f3n europea tiene competencias o conocimientos digitales escasos o pr\u00e1cticamente nulos. No se hace menci\u00f3n espec\u00edfica a las personas trabajadoras senior o mayores de 45 a\u00f1os.<\/p>\n En respuesta al nuevo paradigma tecnol\u00f3gico, se propone adaptar los derechos fundamentales europeos a la era digital, convirti\u00e9ndolos en derechos fundamentales digitales, tal como se establece en la Declaraci\u00f3n Europea sobre los Derechos y Principios digitales para la D\u00e9cada Digital[4]<\/a><\/span>. Esta conversi\u00f3n legal transforma las protecciones abstractas previas en aut\u00e9nticos derechos subjetivos p\u00fablicos, dotando al derecho de contenido sustantivo. La declaraci\u00f3n establece una serie condiciones de trabajo equitativas, justas, saludables y seguras, as\u00ed como a una protecci\u00f3n adecuada en el entorno digital y en el lugar de trabajo f\u00edsico, con independencia de la situaci\u00f3n laboral y de la modalidad o la duraci\u00f3n del empleo. Por primera vez, se alude a la negociaci\u00f3n colectiva, a los sindicatos y a la patronal, como actores relevantes en el proceso de transformaci\u00f3n digital y laboral, incluyendo tambi\u00e9n el uso de herramientas digitales en el trabajo.<\/p>\n Este nuevo enfoque de la UE garantiza el pleno respeto a los nuevos derechos fundamentales: la protecci\u00f3n de los datos, la no discriminaci\u00f3n e igualdad de g\u00e9nero, la protecci\u00f3n de los consumidores y la neutralidad tecnol\u00f3gica.<\/p>\n Pese al gran esfuerzo de concienciaci\u00f3n sobre las nuevas formas de discriminaci\u00f3n, superando las formas cl\u00e1sicas, las nuevas tecnolog\u00edas pueden provocar una inaplicaci\u00f3n o ineficacia de las mismas. El r\u00e1pido cambio y sofisticaci\u00f3n de las tecnolog\u00edas, junto con la aparici\u00f3n de la inteligencia artificial, afectan gravemente a la seguridad jur\u00eddica y a la capacidad de previsi\u00f3n de respuesta efectiva de los Estados miembros, ya que su caracter\u00edstica principal es la invisibilidad con la que opera, en una apariencia de neutralidad creada por la propia inteligencia artificial[5]<\/a><\/span>. Las nuevas tecnolog\u00edas suponen un nuevo factor de exclusi\u00f3n, sobre todo para los tradicionales grupos sociales alejados de las ense\u00f1anzas contempor\u00e1neas. Su r\u00e1pida evoluci\u00f3n consigue escapar del alcance de diversas normativas, vaci\u00e1ndolas de contenido protector.<\/p>\n Los primeros esbozos de este escenario normativo pretenden delimitar las l\u00edneas fundamentales desde las cuales se argumentar\u00e1n las distintas facetas discriminatorias que sufren las personas trabajadoras mayores, en especial la brecha digital, cuya vulneraci\u00f3n atenta contra las normas y principios m\u00e1s b\u00e1sicos y esenciales de la Uni\u00f3n europea, y como su elusi\u00f3n puede comprometer los valores de la Uni\u00f3n y de cualquier Estado de Derecho.<\/p>\n Las personas mayores acumulan diversos factores de discriminaci\u00f3n no reconocidos expresamente en las normativas supranacionales, entre los que se incluyen: a) Edadismo laboral; b) analfabetismo digital o falta de habilidades digitales frente a los nativos digitales de la generaci\u00f3n tecnol\u00f3gica; c) bajo nivel de educaci\u00f3n; d) discapacidades y problemas f\u00edsicos derivados de la edad avanzada; e) dificultad a\u00f1adida de adaptaci\u00f3n a la transformaci\u00f3n tecnol\u00f3gica; f) exclusi\u00f3n del mercado laboral actual.<\/p>\n Dada la complejidad del asunto, se requiere la promulgaci\u00f3n de una ley aut\u00f3noma, separada y espec\u00edfica que regule la brecha digital, para abordar concretamente la cuesti\u00f3n, ya que su incidencia en tantos \u00e1mbitos, esferas y dimensiones tan heterog\u00e9neas difumina el camino normativo de protecci\u00f3n a seguir. El contexto din\u00e1mico y mutante de los avances tecnol\u00f3gicos junto con la digitalizaci\u00f3n y la inteligencia artificial, supone a\u00f1adir otro factor m\u00e1s, relacionado con la incertidumbre, pues la tecnolog\u00eda opera con guante blanco o de forma invisible, ya que su acci\u00f3n e incidencia se ejecuta desapercibida, en una apariencia de neutralidad automatizada. Tal y como afirman algunos autores, las nuevas tecnolog\u00edas han actuado m\u00e1s como un factor de exclusi\u00f3n que de inclusi\u00f3n[6]<\/a><\/span>. Seg\u00fan datos de la Uni\u00f3n, cerca del 90% del empleo europeo requiere competencias digitales b\u00e1sicas y, sin embargo, s\u00f3lo el 58% de los ciudadanos europeos posee dichas competencias, por lo que se evidencia la eficacia relativa de las pol\u00edticas supranacionales[7]<\/a><\/span>. Por ello, la Uni\u00f3n Europea ha pisado el acelerador a diversos programas e iniciativas para dar efectividad a los derechos reconocidos, tales como La Agenda de Capacidades Europeas[8]<\/a><\/span>, el Plan de Acci\u00f3n de Educaci\u00f3n Digital[9]<\/a><\/span>\u00a0y la Coalici\u00f3n por las Capacidades y Empleo Digitales[10]<\/a><\/span>. Dichas instituciones pretenden, en definitiva, dar eficacia real a las exigencias detalladas en la citada declaraci\u00f3n de Derechos Digitales, garantizando la dignidad humana, los derechos fundamentales, la no discriminaci\u00f3n, el libre desarrollo de la personalidad y su orientaci\u00f3n al bien com\u00fan. Se constatan dos hechos relevantes: primero, que existe un desarrollo formalista de protecci\u00f3n de las discriminaciones ya mencionadas y, segundo, una ausencia total de efectividad en la ejecuci\u00f3n f\u00e1ctica de aquellas, dejando inoperable cualquier acci\u00f3n de protecci\u00f3n a favor de las personas mayores.<\/p>\n La OCD define la brecha digital como aquella distancia existente entre individuos, \u00e1reas residenciales, \u00e1reas de negocios y geogr\u00e1ficas en los distintos niveles socio-econ\u00f3micos, en relaci\u00f3n con sus oportunidades para acceder a las TIC, como a su uso de internet para una amplia gama de actividades[11]<\/a><\/span>. En resumen, se distinguen tradicionalmente tres tipos de brechas: a) Brecha de acceso; b) brecha de uso o de conocimiento; y c) brecha de calidad o generacional.<\/p>\n La disparidad en las habilidades tecnol\u00f3gicas puede excluir a este grupo de importantes beneficios, como la comunicaci\u00f3n virtual, el acceso a servicios en l\u00ednea y la participaci\u00f3n en actividades sociales digitales. Las barreras que contribuyen a la brecha digital en personas mayores incluyen la falta de familiaridad con dispositivos electr\u00f3nicos, la reticencia al cambio y la percepci\u00f3n de la tecnolog\u00eda como algo intimidante. Superar esta brecha requiere estrategias espec\u00edficas, como programas de capacitaci\u00f3n adaptados a sus necesidades, la promoci\u00f3n de la accesibilidad en interfaces digitales y la creaci\u00f3n de comunidades de apoyo.<\/p>\n Desde la Uni\u00f3n europea, se percibe un gran obst\u00e1culo para el desarrollo profesional efectivo de las personas mayores si no encuentran medios ni herramientas para satisfacer el conjunto de derechos que est\u00e1n a disposici\u00f3n de las personas trabajadoras nativos digitales, es decir, aquellos que saben desenvolverse de forma solvente en \u00e1reas relacionadas con las competencias digitales.<\/p>\n Un Estudio[12]<\/a><\/span>\u00a0evidencia el descenso de las dos primeras brechas, de acceso y uso, pero contin\u00faan siendo elevadas en t\u00e9rminos generales (Fig. 1).<\/p>\n Los datos revelan una conclusi\u00f3n general sobre las tres brechas digitales identificadas. Casi la mitad de las personas mayores no utilizaban Internet, aunque se observa una evoluci\u00f3n positiva de los datos, debido principalmente a la incidencia de la falta de competencias digitales b\u00e1sicas femeninas.<\/p>\n Figura 1<\/p>\n<\/figcaption> Fuente:<\/i>\u00a0CSIC, Envejecimiento en red (2019).<\/p>\n<\/figure>\n Dentro de la tercera brecha, la denominada generacional, el factor determinante es la edad. La edad es el hecho originador del tercer tipo de brecha, la cual se ha definido por algunas autoras como la distancia que separa a los nativos digitales de los inmigrantes digitales[13]<\/a><\/span>. Estas brechas no poseen un car\u00e1cter est\u00e1tico, inalterado o concreto, sino din\u00e1mico, mutante y abstracto. Afectan a distintos \u00e1mbitos de la vida cotidiana, no solo laborales, como el pago electr\u00f3nico, el servicio de posventa, el stock de las tiendas o el uso de anglicismos. La generalidad de \u00e1mbitos y dimensiones afectados por la brecha digital nos lleva a pensar que sea un concepto jur\u00eddico indeterminado. Esto implica un ejercicio de delimitaci\u00f3n, aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de la normativa por parte de los tribunales. Este problema de concreci\u00f3n jurisdiccional requiere para el reconocimiento de dicha discriminaci\u00f3n dos cosas, primero, una situaci\u00f3n f\u00e1ctica discriminatoria provocada por la brecha digital y, en segundo lugar, un procedimiento iniciado por el perjudicado (en este caso, la persona mayor), Adem\u00e1s, el tribunal debe reconocer la discriminaci\u00f3n por la brecha digital y su nexo causal. Por ejemplificar esta reflexi\u00f3n jur\u00eddica, fij\u00e9monos en la brecha digital generacional presente en los instrumentos telem\u00e1ticos de pago. La Directiva Europea sobre servicios de pago[14]<\/a><\/span>\u00a0no preve\u00eda nada respecto a discriminaciones por estas cuestiones. Se siguieron impulsando medidas para fomentar este tipo de pago telem\u00e1tico sin tener en cuenta la brecha generacional existente. El BCE public\u00f3 un Estudio[15]<\/a><\/span>\u00a0que afirmaba que todav\u00eda el dinero en efectivo sigue siendo el instrumento de pago m\u00e1s utilizado, ignorando que, por ejemplo, en Espa\u00f1a, el porcentaje de personas mayores que utilizan esta forma pago[16]<\/a><\/span>\u00a0es muy alto (71%), frente al de las personas j\u00f3venes (43%), y un nulo uso de dispositivos electr\u00f3nicos, digitales tecnol\u00f3gicos o similares, tal y como se evidencia en la tabla 1:<\/p>\n Tabla 1.<\/p>\n1. Introducci\u00f3n\u00a0\u00a0^\u00a0<\/a><\/span><\/h3>\n
<\/a>2. Contexto y normativa supranacional aplicable\u00a0\u00a0^\u00a0<\/a><\/span><\/h3>\n
<\/a>2.1. Diagn\u00f3stico europeo sobre los derechos de los Trabajadores mayores\u00a0\u00a0^\u00a0<\/a><\/span><\/h3>\n
<\/a>3. Brecha digital. concepto y caracter\u00edsticas<\/span>\u00a0\u00a0^\u00a0<\/a><\/span><\/h3>\n
<\/span><\/p>\n