Francisco Lozano Lares, Universidad de M\u00e1laga<\/p>\n
Orcid:\u00a00000-0002-4054-7241<\/a><\/p>\n fll@uma.es<\/a><\/p>\n Este trabajo fue publicado en la revista \u00abTrabajo, persona, derecho, mercado\u00bb, n\u00ba7, 2023, pgs.21-58<\/p>\n https:\/\/dx.doi.org\/10.12795\/TPDM.2023.i7.01<\/span><\/a><\/p>\n La incapacidad temporal de las personas trabajadoras aparece contemplada en el art.\u00a045.1.c) del ET como una de las causas legales de suspensi\u00f3n del contrato de trabajo con derecho a reserva del puesto de trabajo, por lo que, una vez cesada la causa legal de suspensi\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral, la persona trabajadora tendr\u00e1 derecho a reincorporarse al puesto de trabajo reservado (art.\u00a048.1 ET). L\u00f3gicamente, en la medida en que la relaci\u00f3n laboral queda suspendida, las partes contratantes, mientras dure la suspensi\u00f3n, quedan exoneradas de sus obligaciones rec\u00edprocas de prestar servicios profesionales y de remunerar dichos servicios (art.\u00a045.2 ET), lo que, para la persona trabajadora, puede entra\u00f1ar una verdadera situaci\u00f3n de necesidad cuando su principal o \u00fanica fuente de ingresos sea el salario que dejar\u00e1 de percibir temporalmente, de ah\u00ed que el sistema de Seguridad Social haya articulado una prestaci\u00f3n econ\u00f3mica consistente en un subsidio que, bajo determinadas condiciones y requisitos, sustituir\u00e1 al salario durante la situaci\u00f3n de incapacidad temporal.<\/p>\n La tipificaci\u00f3n de las diversas situaciones constitutivas de incapacidad temporal se encuentran en el art.\u00a0169.1 del Real Decreto\u00a0Legislativo 8\/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), donde aparecen descritas hoy las tres grandes causas que tradicionalmente han venido teniendo la consideraci\u00f3n legal de impedimentos temporales para trabajar, como son la enfermedad, ya tenga origen com\u00fan o profesional, el accidente, sea o no de trabajo, mientras se reciba asistencia sanitaria en ambos casos, y los per\u00edodos de observaci\u00f3n por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el trabajo. A estas tres situaciones de incapacidad temporal cl\u00e1sicas, hay que unir tambi\u00e9n, tras la adopci\u00f3n del Real Decreto-ley 2\/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliaci\u00f3n de derechos de los pensionistas, la reducci\u00f3n de la brecha de g\u00e9nero y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema p\u00fablico de pensiones, otras tres nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal que son las debidas a una menstruaci\u00f3n incapacitante secundaria, las derivadas de una interrupci\u00f3n del embarazo, voluntaria o no, que impida trabajar, mientras se reciba asistencia sanitaria por el servicio p\u00fablico de salud competente, y la gestaci\u00f3n de la mujer trabajadora desde el d\u00eda primero de la semana trig\u00e9sima novena.<\/p>\n Conviene advertir que en todas estas situaciones de incapacidad temporal, pese a tener suspendida su relaci\u00f3n laboral, la persona trabajadora no solo podr\u00e1 ser beneficiaria del subsidio correspondiente cuando acredite los requisitos legalmente establecidos, sino que adem\u00e1s seguir\u00e1 en alta en el r\u00e9gimen de seguridad social donde est\u00e9 encuadrada, puesto que la obligaci\u00f3n de cotizar contin\u00faa durante todo el tiempo de suspensi\u00f3n del contrato de trabajo, tal como prev\u00e9 el art.\u00a0144.4 LGSS, cualquiera que sea la causa determinante de la incapacidad temporal, tanto si esta deriva de una contingencia com\u00fan (enfermedad com\u00fan o accidente no laboral), de una contingencia profesional (accidente de trabajo o enfermedad profesional) o de cualquiera de las tres nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal ya comentadas.<\/p>\n En las situaciones de incapacidad temporal confluyen, pues, toda una variada gama de efectos laborales y de seguridad social cuyo detonante es la decisi\u00f3n de un facultativo que, a trav\u00e9s de los partes m\u00e9dicos de baja y alta, delimita el marco temporal donde se desplegar\u00e1n dichos efectos. De ese modo, los partes m\u00e9dicos de baja y alta acaban teniendo unas repercusiones laborales y de seguridad social de gran calado, puesto que afectan a la empresa, que ha de seguir manteniendo la relaci\u00f3n laboral y la cotizaci\u00f3n de la persona trabajadora mientras dure la baja por incapacidad temporal, a la propia persona trabajadora, que cuenta con una habilitaci\u00f3n formal que le permite interrumpir temporalmente la actividad laboral de forma justificada, percibiendo cuando proceda una prestaci\u00f3n econ\u00f3mica sustitutiva del salario, y a la administraci\u00f3n de seguridad social, que bien a trav\u00e9s del INSS o de las mutuas colaboradoras con la seguridad social (en adelante, mutuas), habr\u00e1 de abonar el subsidio que proceda. Se produce as\u00ed, como ha advertido acertadamente la doctrina, un cierto \u201cdesencuentro entre el contrato de trabajo y la incapacidad temporal\u201d, puesto que todas las reglas sobre nacimiento, duraci\u00f3n y extinci\u00f3n de esta causa de suspensi\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral han sido delegadas t\u00e1citamente a la normativa de la seguridad social, que proyectar\u00e1 sus efectos sobre el contrato de trabajo[1]<\/a><\/span>.<\/p>\n En una primera aproximaci\u00f3n b\u00e1sica, podr\u00eda decirse, por tanto, que la administraci\u00f3n sanitaria, que es una instancia externa al contrato de trabajo, condiciona el proceso de incapacidad temporal hasta el punto de poder entrar en conflicto con la empresa, que ver\u00e1 reducida al m\u00ednimo la rentabilidad que espera obtener del trabajador contratado[2]<\/a><\/span>, por lo que tendr\u00e1 inter\u00e9s en que la situaci\u00f3n de baja m\u00e9dica dure lo menos posible, con la persona trabajadora, que podr\u00eda ver lesionado su derecho fundamental a la salud y sus derechos laborales y prestacionales si el parte de alta se expide de forma precipitada, y con la propia administraci\u00f3n de seguridad social, que ha de asumir en \u00faltima instancia el coste del subsidio por incapacidad temporal. Esta separaci\u00f3n, en concreto, entre quien decide la baja y su continuidad (la administraci\u00f3n sanitaria) y quien ha de abonar el subsidio (la administraci\u00f3n de seguridad social) ha venido generando, adem\u00e1s, una desconfianza de las entidades que gestionan y pagan la prestaci\u00f3n por incapacidad temporal hacia los servicios p\u00fablicos de salud[3]<\/a><\/span>, lo que ha propiciado continuas reformas legales a lo largo de las cuatro \u00faltimas d\u00e9cadas consistentes en la atribuci\u00f3n de mayores potestades de control a los servicios m\u00e9dicos dependientes del INSS y de las mutuas, hasta el punto de poder afirmarse ya que la fiscalizaci\u00f3n de los procesos m\u00e9dicos de incapacidad temporal ha dejado de ser exclusiva de los servicios p\u00fablicos de salud para recaer en gran medida sobre el INSS y las mutuas. Nos encontramos, pues, con una situaci\u00f3n sumamente compleja en la que, adem\u00e1s del facultativo del servicio de salud competente y la inspecci\u00f3n de los servicios de salud, pueden intervenir otros muchos actores, como los m\u00e9dicos de las mutuas, que pueden proponer altas m\u00e9dicas en procesos de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes y tienen competencias plenas en materia de expedici\u00f3n de partes de bajas y altas m\u00e9dicas cuando la incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, o los m\u00e9dicos adscritos al INSS, que pueden controlar en todo momento el proceso de incapacidad temporal.<\/p>\n Por todo ello, aunque el objetivo de este trabajo no sea otro que el de analizar los procedimientos de impugnaci\u00f3n de altas m\u00e9dicas articulados por la normativa de seguridad social para que la persona trabajadora en baja por incapacidad temporal pueda hacer valer sus derechos sociales en una situaci\u00f3n de cierta vulnerabilidad, tendremos que describir primero todo el entramado de agentes y circunstancias que, de un modo u otro, intervienen en la delimitaci\u00f3n de las situaciones de incapacidad temporal.<\/p>\n El acto formal que determina el inicio de la situaci\u00f3n de incapacidad temporal es el parte m\u00e9dico de baja, cuya fecha de expedici\u00f3n se toma como fecha del hecho causante del subsidio a que se tenga derecho[4]<\/a><\/span>. El facultativo competente para expedir el parte m\u00e9dico de baja depende del origen de la contingencia. As\u00ed, cuando la incapacidad temporal derive de contingencias comunes[5]<\/a><\/span>, el facultativo competente ser\u00e1 el m\u00e9dico del servicio p\u00fablico de salud que haya efectuado el reconocimiento de la persona trabajadora afectada, tal como dispone el art.\u00a02.1 del Real Decreto\u00a0625\/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gesti\u00f3n y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco d\u00edas de su duraci\u00f3n. Como regla general, dicho facultativo del servicio p\u00fablico de salud ser\u00e1 el m\u00e9dico de atenci\u00f3n primaria, al que tambi\u00e9n se le conoce como m\u00e9dico de familia o m\u00e9dico de cabecera[6]<\/a><\/span>, para el que la expedici\u00f3n de los partes m\u00e9dicos de baja y alta puede representar una carga burocr\u00e1tica que le convierte en controlador \u201cdirecto y real\u201d de la situaci\u00f3n de incapacidad temporal[7]<\/a><\/span>. Hay que tener en cuenta, en efecto, que la gesti\u00f3n administrativa asociada a un proceso de incapacidad temporal no suele ser bien acogida por los facultativos, tanto por su complejidad como por el recelo, el desinter\u00e9s o la falta de motivaci\u00f3n que les puede generar el hecho de que, teniendo que prestar la asistencia sanitaria de la persona trabajadora en baja, hayan venido experimentando una \u201cprogresiva invasi\u00f3n o p\u00e9rdida de competencias\u201d, como el control por parte del INSS de la incapacidad temporal a partir del d\u00eda 365, la posibilidad de que los facultativos adscritos al INSS expidan altas m\u00e9dicas o que las emisiones de nuevas bajas por reca\u00eddas queden dentro de sus competencias[8]<\/a><\/span>. La soluci\u00f3n a esa desconfianza entre el INSS y la administraci\u00f3n sanitaria parece que puede venir de la mano de los programas de racionalizaci\u00f3n y mejora de la gesti\u00f3n de la incapacidad temporal que se vienen implementando a partir del a\u00f1o 2006 mediante convenios de colaboraci\u00f3n entre el INSS y las Comunidades Aut\u00f3nomas que, como sabemos, tienen atribuidas las competencias en materia de asistencia sanitaria[9]<\/a><\/span>.<\/p>\n Cuando se trate de una incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, en cambio, habr\u00e1 que comprobar en primer lugar quien tiene atribuida la gesti\u00f3n de dichas contingencias. Cuando la gesti\u00f3n de las contingencias profesionales corresponda al INSS, siempre ser\u00e1 el m\u00e9dico del servicio p\u00fablico de salud que haya reconocido al trabajador el que deba expedir la baja, tal como sucede en el caso de las contingencias comunes, pero si las contingencias profesionales son gestionadas por la mutua a la que se encuentre asociada la empresa, que ser\u00e1 lo m\u00e1s habitual[10]<\/a><\/span>, corresponder\u00e1 expedir el parte m\u00e9dico de baja al facultativo del servicio m\u00e9dico de la propia mutua. Hay que tener en cuenta, adem\u00e1s, que la gesti\u00f3n de la incapacidad temporal por contingencias profesionales tambi\u00e9n puede ser asumida por las propias empresas en virtud del mecanismo de la colaboraci\u00f3n voluntaria previsto en el art.\u00a0102.1.a) LGSS, en cuyo caso ser\u00edan los propios servicios m\u00e9dicos de la empresa colaboradora quienes tendr\u00edan que expedir el parte m\u00e9dico de baja[11]<\/a><\/span>.<\/p>\n El reconocimiento m\u00e9dico que ha de preceder a la expedici\u00f3n del parte m\u00e9dico de baja es el que permitir\u00e1 al facultativo competente identificar la patolog\u00eda o situaci\u00f3n especial que determina la incapacidad temporal. Y los requisitos formales del parte m\u00e9dico de baja no var\u00edan en funci\u00f3n de quien lo expida, por lo que, tanto si corresponde al m\u00e9dico del servicio p\u00fablico de salud como al m\u00e9dico de la empresa colaboradora o de la mutua, el facultativo competente habr\u00e1 de entregar una copia del parte m\u00e9dico de baja a la persona trabajadora[12]<\/a><\/span>, remitiendo al INSS los datos contenidos en el parte m\u00e9dico de baja, por v\u00eda telem\u00e1tica, de manera inmediata, y, en todo caso, en el primer d\u00eda h\u00e1bil siguiente al de su expedici\u00f3n.<\/p>\n Ser\u00e1 el INSS, por tanto, quien tenga que comunicar a la empresa, en el primer d\u00eda h\u00e1bil siguiente al de su recepci\u00f3n, los datos de \u00edndole meramente administrativa que permitan identificar a la persona trabajadora que haya causado baja por incapacidad temporal. Y una vez recibida la comunicaci\u00f3n del parte m\u00e9dico de baja, la empresa tiene la obligaci\u00f3n de transmitir al INSS, a trav\u00e9s del sistema RED, los datos econ\u00f3micos que posibiliten el c\u00e1lculo del subsidio por incapacidad temporal que corresponda[13]<\/a><\/span>. De ese modo, el INSS gestionar\u00e1 el proceso de incapacidad temporal si es ella la entidad gestora competente o remitir\u00e1 el parte m\u00e9dico de baja y los datos comunicados por la empresa al ISMAR o, en su caso, a la mutua que tenga atribuida la gesti\u00f3n del proceso de incapacidad temporal[14]<\/a><\/span>.<\/p>\n Una vez expedido el parte m\u00e9dico de baja la persona trabajadora queda legitimada para dejar en suspenso su deber contractual de trabajar, situaci\u00f3n que puede prolongarse, mediante los pertinentes partes m\u00e9dicos de confirmaci\u00f3n de la baja, hasta el m\u00e1ximo legalmente previsto de 365 d\u00edas naturales de duraci\u00f3n de la situaci\u00f3n de incapacidad temporal, momento a partir del cual el control del proceso incapacitante pasa a ser competencia exclusiva del INSS en los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 170.2 LGSS[15]<\/a><\/span>. Siendo esta la din\u00e1mica formal prevista por la normativa de seguridad social para justificar la inasistencia al puesto de trabajo, con los costes que ello implica para la empresa[16]<\/a><\/span>\u00a0y para las arcas de la seguridad social, bien puede decirse que el acto formal que da inicio a la situaci\u00f3n de incapacidad temporal es el que abre la caja de pandora de la criminalizaci\u00f3n[17]<\/a><\/span>\u00a0y de la permanente sospecha de fraude por parte de las personas beneficiarias de la prestaci\u00f3n[18]<\/a><\/span>, frente a las que el legislador ha venido articulando toda una amplia gama de mecanismos de control por parte del INSS y de las mutuas con el objetivo com\u00fan de \u201creducir las bajas de complacencia, que tanta repercusi\u00f3n negativa provocan sobre el dinero p\u00fablico y sobre los est\u00e1ndares de productividad empresarial\u201d[19]<\/a><\/span>. En cualquier caso, m\u00e1s all\u00e1 de esa idea obsesiva del legislador por la fiscalizaci\u00f3n del proceso de incapacidad temporal[20]<\/a><\/span>, nadie pone en duda la natural reticencia que pueda tener la empresa ante el per\u00edodo de absentismo justificado que el parte m\u00e9dico de baja inaugura, lo que le llevar\u00e1 a estar pendiente del cumplimiento del deber de buena fe contractual que seguir\u00e1 teniendo la persona trabajadora durante la situaci\u00f3n de suspensi\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral. En este sentido, la doctrina judicial ha tenido ocasi\u00f3n de ir perfilando el tipo de conductas que han de ser consideradas como transgresoras de la buena fe contractual, teniendo como nota com\u00fan todas ellas su car\u00e1cter contradictorio con la finalidad esencial que la persona trabajadora ha de buscar durante la suspensi\u00f3n del contrato por incapacidad temporal, \u201cque no es otra que la de perseguir su pronta recuperaci\u00f3n y reincorporaci\u00f3n al trabajo\u201d[21]<\/a><\/span>.<\/p>\n Por otro lado, aunque nuestro objeto de estudio no sea la impugnaci\u00f3n de las bajas m\u00e9dicas, hay que tener en cuenta que, cuando el parte m\u00e9dico de baja sea expedido por el facultativo o el inspector m\u00e9dico del servicio p\u00fablico de salud, estamos ante\u00a0<\/i>\u201cun acto administrativo ejecutivo e impugnable\u201d[22]<\/a><\/span>, al menos por parte de las mutuas, que no deja de ser una entidad privada con un inter\u00e9s leg\u00edtimo en la causa, sin que falten ejemplos de impugnaci\u00f3n de una baja m\u00e9dica por parte de una mutua en la que se lleg\u00f3 a estimar la demanda interpuesta por resultar acreditado \u201cque se hab\u00eda producido una simulaci\u00f3n intencionada de s\u00edntomas psiqui\u00e1tricos, sin que concurrieran dolencias justificativas de la baja\u201d[23]<\/a><\/span>.<\/i><\/p>\n Pese a ser el punto de inicio de los efectos suspensivos del contrato de trabajo, no puede decirse, sin embargo, que el parte m\u00e9dico de baja genere una gran litigiosidad, como s\u00ed sucede, en cambio, con el parte m\u00e9dico de alta, en la medida en que es el acto formal que cierra el proceso de incapacidad temporal, que pone fin a la situaci\u00f3n de absentismo justificado, lo que puede llegar a suponer numerosas, variadas y complejas situaciones de conflicto entre los diversos agentes implicados, puesto que su expedici\u00f3n conduce necesariamente a la supresi\u00f3n de los derechos sociales adquiridos con el parte de baja, del que es su reverso natural. No debemos perder de vista que, con la expedici\u00f3n del parte m\u00e9dico de alta, se produce la extinci\u00f3n de la situaci\u00f3n de incapacidad temporal, dej\u00e1ndose de percibir el subsidio que se tuviera reconocido desde el mismo d\u00eda en que se expida el alta[24]<\/a><\/span>, y la persona trabajadora tendr\u00e1 que reincorporarse necesariamente a su puesto de trabajo al d\u00eda siguiente al de la expedici\u00f3n del parte de alta, que es el d\u00eda en que este produce sus efectos[25]<\/a><\/span>.<\/p>\n Ahora bien, las potenciales situaciones de conflicto variar\u00e1n sobremanera en funci\u00f3n de quien expida el parte m\u00e9dico de alta, no siendo tan problem\u00e1ticas\u00a0a priori<\/i>\u00a0cuando sea el m\u00e9dico de atenci\u00f3n primaria el que, tras el preceptivo reconocimiento m\u00e9dico de\u00a0su paciente<\/i>, considere que este ya est\u00e1 plenamente recuperado o ha mejorado lo suficiente como para expedir el parte de alta. Muy distinta ser\u00e1 la percepci\u00f3n de la persona trabajadora, por contra, cuando quien expida el parte de alta sea el inspector m\u00e9dico adscrito al INSS o el m\u00e9dico de la mutua, con los que no tiene ninguna relaci\u00f3n de confianza como la que por lo com\u00fan tendr\u00e1 con su m\u00e9dico de cabecera. Hay que tener en cuenta a este respecto que la justificaci\u00f3n formal o material de la situaci\u00f3n de incapacidad temporal \u201cpuede decaer a lo largo de la duraci\u00f3n del proceso\u201d, lo que podr\u00eda conducir a un caso de absentismo injustificado[26]<\/a><\/span>, que es la raz\u00f3n de fondo, como venimos diciendo, de las cada vez m\u00e1s intensas facultades de control y seguimiento del proceso incapacitante atribuidas al INSS y a las mutuas. Conviene detenerse, por tanto, en la identificaci\u00f3n de las distintas instancias m\u00e9dicas que, dependiendo de las circunstancias y de la contingencia causante de la incapacidad temporal, podr\u00edan expedir el parte m\u00e9dico de alta de acuerdo con lo establecido en la normativa de seguridad social.<\/p>\n En los casos de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, la expedici\u00f3n del parte m\u00e9dico de alta corresponder\u00e1 al m\u00e9dico de atenci\u00f3n primaria o facultativo del servicio p\u00fablico de salud que hubiera expedido la baja, que ser\u00e1 el m\u00e9dico competente, como regla natural, podr\u00edamos decir, para emitir el parte de alta tras el reconocimiento del trabajador[27]<\/a><\/span>. Ahora bien, cuando haya\u00a0sospechas<\/i>\u00a0de absentismo injustificado, el parte m\u00e9dico de alta tambi\u00e9n podr\u00eda ser expedido por los inspectores m\u00e9dicos del servicio p\u00fablico de salud, que lo emitir\u00e1n por iniciativa propia, tras el reconocimiento m\u00e9dico del trabajador afectado, por los inspectores m\u00e9dicos del INSS, que tienen plenas competencias para expedir altas m\u00e9dicas a todos los efectos hasta el cumplimiento del plazo m\u00e1ximo de duraci\u00f3n de la incapacidad temporal de trescientos sesenta y cinco d\u00edas[28]<\/a><\/span>, e incluso pueden llegar a ser expedidas a propuesta del m\u00e9dico de la mutua competente[29]<\/a><\/span>.<\/p>\n El hecho de que el parte de alta pueda ser expedido por los inspectores m\u00e9dicos del servicio p\u00fablico de salud no constituye ninguna novedad, puesto que la evaluaci\u00f3n de la capacidad funcional de las personas trabajadoras es parte consustancial de las funciones de los servicios de inspecci\u00f3n y control de la administraci\u00f3n sanitaria[30]<\/a><\/span>. La facultad de los inspectores m\u00e9dicos del INSS de expedir \u201caltas m\u00e9dicas a todos los efectos<\/i>\u201d s\u00ed que es relativamente novedosa, en cambio, y representa uno de los cap\u00edtulos m\u00e1s relevantes de la estrategia del legislador de aumentar el control de los procesos de incapacidad temporal. Fue la Ley 35\/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo[31]<\/a><\/span>, la que en primera instancia atribuy\u00f3 a los inspectores m\u00e9dicos del INSS y del ISMAR la facultad de expedir altas m\u00e9dicas\u00a0econ\u00f3micas<\/i>, con efectos prestacionales, puesto que les concedi\u00f3 las mismas competencias para emitir altas m\u00e9dicas, a todos los efectos, que las atribuidas a la Inspecci\u00f3n de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social u \u00f3rgano equivalente del respectivo servicio p\u00fablico de salud[32]<\/a><\/span>, tal como indica hoy, en relaci\u00f3n con los inspectores m\u00e9dicos del INSS, el art.\u00a0170.1 LGSS, donde adem\u00e1s se indica que dichas competencias podr\u00e1n ser ejercidas<\/p>\n hasta el cumplimiento del plazo de duraci\u00f3n de trescientos sesenta y cinco d\u00edas de los procesos de incapacidad temporal.<\/p>\n Seg\u00fan lo dispuesto en la citada Ley 35\/2010, de 17 de septiembre, la atribuci\u00f3n de eficacia plena a las altas emitidas por el INSS o el ISMAR empezar\u00eda a ser efectiva a partir de la fecha que determinara la Secretar\u00eda de Estado de la Seguridad Social. Dicho mandato fue cumplido por Resoluci\u00f3n de 15 de noviembre de 2010 de la Secretar\u00eda de Estado de la Seguridad Social, por la que se fijaba la fecha en la que las Direcciones Provinciales del INSS y del ISMAR asumir\u00edan competencias en relaci\u00f3n con la gesti\u00f3n de la prestaci\u00f3n por incapacidad temporal[33]<\/a><\/span>. En cualquier caso, como el ISMAR segu\u00eda careciendo de inspectores m\u00e9dicos a la altura del a\u00f1o 2023, el ya citado Real Decreto-ley 2\/2023, de 16 de marzo, suprimi\u00f3 toda referencia a estos, atribuy\u00e9ndose en exclusiva a la inspecci\u00f3n m\u00e9dica del INSS las competencias en materia de altas m\u00e9dicas con efectos prestacionales[34]<\/a><\/span>.<\/p>\n En lo que respecta a la facultad de los m\u00e9dicos de las mutuas de proponer el alta m\u00e9dica en los procesos de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes, conviene recordar que, en ese af\u00e1n del legislador por controlar el absentismo laboral injustificado, el art.\u00a044 del Real Decreto-Ley 6\/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificaci\u00f3n de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, lleg\u00f3 a atribuir la posibilidad de expedir las denominadas altas m\u00e9dicas econ\u00f3micas, con efectos prestacionales,<\/p>\n a los M\u00e9dicos de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales respecto del personal al servicio de los asociados a \u00e9stas.<\/p>\n La operatividad de esta facultad qued\u00f3 condicionada, no obstante, a lo que se dispusiera reglamentariamente, pero el art.\u00a06 del RD 625\/2014, de 18 de julio, que te\u00f3ricamente tendr\u00eda que haber desarrollado esa habilitaci\u00f3n legal, le hizo caso omiso, y tampoco fue tenida en cuenta por el propio legislador al redactar la Ley 35\/2014, de 26 de diciembre, por la que se modific\u00f3 la LGSS en relaci\u00f3n con el r\u00e9gimen jur\u00eddico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. As\u00ed, al regular la gesti\u00f3n por parte de las mutuas de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, dicha norma s\u00f3lo les atribuir\u00eda la facultad de \u201cformular propuestas motivadas de alta m\u00e9dica\u201d, como puede verse en el art.\u00a082.4.b) de la vigente LGSS, por lo que aquella exorbitante previsi\u00f3n del Real Decreto-Ley 6\/2000, de 23 de junio, qued\u00f3 derogada de forma t\u00e1cita.<\/p>\n Cuando la incapacidad temporal derive de contingencias profesionales y la persona trabajadora est\u00e9 protegida en una entidad gestora de la seguridad social, ser\u00e1 el m\u00e9dico de atenci\u00f3n primaria, el inspector del servicio p\u00fablico de salud o el inspector m\u00e9dico adscrito al INSS quienes puedan expedir el parte m\u00e9dico de alta, tal como sucede en el caso de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. En cambio, si la gesti\u00f3n de la incapacidad temporal derivada de contingencia comunes corresponde a una mutua, el parte m\u00e9dico de alta tendr\u00e1 que ser expedido por el m\u00e9dico dependiente de la mutua[35]<\/a><\/span>. Por otro lado, cuando la gesti\u00f3n de la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales haya sido asumida por la propia empresa en virtud del mecanismo de la colaboraci\u00f3n voluntaria, ser\u00e1 el propio m\u00e9dico dependiente de la empresa que curs\u00f3 la baja quien deba expedir el alta[36]<\/a><\/span>.<\/p>\n Antes de adentrarnos en el estudio de las diversas f\u00f3rmulas de impugnaci\u00f3n de los partes m\u00e9dicos de alta establecidos por la normativa de seguridad social, es conveniente detenerse en la soluci\u00f3n que se ha dado al problema que en ocasiones surge, a efectos de gesti\u00f3n de la incapacidad temporal, a la hora de identificar el origen com\u00fan o profesional de una patolog\u00eda, lo que constituye uno de los aspectos fundamentales en materia de prestaciones de seguridad social por las consecuencias que de la misma se derivan sobre el acceso, contenido y r\u00e9gimen de gesti\u00f3n de la protecci\u00f3n dispensada[37]<\/a><\/span>. El problema de la determinaci\u00f3n de la contingencia causante ven\u00eda surgiendo, sobre todo, cuando la mutua responsable de la cobertura de las contingencias profesionales, tras la preceptiva atenci\u00f3n sanitaria de la persona trabajadora y una vez realizadas las pruebas pertinentes, entend\u00eda que la contingencia originaria de la patolog\u00eda no era de car\u00e1cter profesional sino de car\u00e1cter com\u00fan, determinando la remisi\u00f3n del trabajador al servicio p\u00fablico de salud[38]<\/a><\/span>.<\/p>\n La Secretar\u00eda de Estado para la Seguridad Social, en su Resoluci\u00f3n de 19 septiembre de 2007[39]<\/a><\/span>, intent\u00f3 poner remedio a las problem\u00e1ticas discrepancias generadas a este respecto en el \u00e1mbito de las enfermedades profesionales, donde se planteaba con mayor intensidad la necesidad de contar con instrumentos que garantizaran la adecuada determinaci\u00f3n de la contingencia causante, para lo cual se estableci\u00f3 la obligaci\u00f3n de las mutuas de remitir al INSS todos aquellos expedientes tramitados por ellas en materia de prestaciones de incapacidad temporal y muerte y supervivencia que hubieran resuelto sin considerar como enfermedad profesional a la contingencia causante, pese a contarse con indicios que pudieran hacer presumir la existencia de dicha clase de patolog\u00eda.<\/p>\n En cualquier caso, con la adopci\u00f3n de esta medida con efectos\u00a0ad intra<\/i>\u00a0de alcance sumamente limitado, el problema de la remisi\u00f3n de la persona trabajadora al servicio p\u00fablico de salud por parte de la mutua segu\u00eda produci\u00e9ndose\u00a0<\/i>\u201cpor la v\u00eda de hecho, sin la exigencia de ning\u00fan acto formal, lo que generaba complicaciones importantes, que pod\u00edan terminar en una situaci\u00f3n de reenv\u00edos entre la mutua y el servicio p\u00fablico de salud y viceversa, donde el \u00fanico perjudicado era el trabajador, por mucho que se le prestara la atenci\u00f3n sanitaria inicial o primaria\u201d[40]<\/a><\/span>.<\/i>\u00a0El RD 625\/2014, de 18 de julio, pondr\u00eda fin a esta an\u00f3mica situaci\u00f3n mediante la inserci\u00f3n en el RD 1430\/2009, de 11 de septiembre[41]<\/a><\/span>, de un novedoso art.\u00a06 donde quedaba regulado un procedimiento administrativo de determinaci\u00f3n de la contingencia causante de los procesos de incapacidad temporal que pod\u00eda ser iniciado, partir de la fecha de emisi\u00f3n del parte m\u00e9dico de baja: a) de oficio, por propia iniciativa del INSS o como consecuencia de petici\u00f3n motivada de la Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social, del servicio p\u00fablico de salud competente para gestionar la asistencia sanitaria de la Seguridad Social o a propuesta del ISMAR; b) a instancias de la persona trabajadora o su representante legal; c) a instancias de las mutuas o de las empresas colaboradoras, en aquellos asuntos que les afectaran directamente[42]<\/a><\/span>.<\/p>\n Asimismo, el art.\u00a03.2 del Real Decreto\u00a0625\/2014, de 18 de julio, para acabar con la \u201ccrispante y en ocasiones, abusiva situaci\u00f3n\u201d[43]<\/a><\/span>\u00a0de reenv\u00edo al servicio p\u00fablico de salud de la persona trabajadora, empezar\u00eda a exigir a la mutua o empresa colaboradora que rechazara el siniestro por considerar que la patolog\u00eda causante era de car\u00e1cter com\u00fan, la entrega a la persona trabajadora de<\/p>\n un informe m\u00e9dico en el que describa la patolog\u00eda y se\u00f1ale su diagn\u00f3stico, el tratamiento dispensado y los motivos que justifican la determinaci\u00f3n de la contingencia causante como com\u00fan, al que acompa\u00f1ar\u00e1 los informes relativos a las pruebas que, en su caso, se hubieran realizado.<\/p>\n Todo ello sin perjuicio de dispensar a la persona trabajadora la asistencia necesaria en los casos de urgencia o de riesgo vital antes de enviarla al servicio p\u00fablico de salud para su tratamiento.<\/p>\n Si la persona trabajadora acude al servicio p\u00fablico de salud y el m\u00e9dico de este, a la vista del informe de la empresa colaboradora o de la mutua, emite parte de baja por contingencia com\u00fan, la persona beneficiaria queda plenamente habilitada para instar ante el INSS el procedimiento de determinaci\u00f3n de la contingencia regulado en el art.\u00a06 del Real Decreto\u00a01430\/2009, de 11 de septiembre. Por su parte, el facultativo que emita el parte de baja, sin perjuicio de que este produzca plenos efectos, tambi\u00e9n podr\u00e1 formular su discrepancia frente a la consideraci\u00f3n de la contingencia otorgada por la empresa colaboradora o la mutua mediante la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n motivada ante el INSS en los t\u00e9rminos establecidos en el art.\u00a06 del Real Decreto\u00a01430\/2009, de 11 de septiembre.<\/p>\n Cuando el procedimiento de determinaci\u00f3n de la contingencia no haya comenzado por propia iniciativa del INSS, este tendr\u00e1 que comunicar su inicio al servicio p\u00fablico de salud competente, a la mutua o a la empresa colaboradora, dependiendo de quien lo haya instado, en aquellos asuntos que les afecten, para que, en el plazo improrrogable de cuatro d\u00edas h\u00e1biles, aporten los antecedentes relacionados con el caso de que dispongan e informen sobre la contingencia de la que consideran que deriva el proceso patol\u00f3gico y los motivos del mismo. Cuando el procedimiento no se inicie a instancias de la persona trabajadora, el INSS tambi\u00e9n tendr\u00e1 que comunicarle su inicio, indicando que dispone de un plazo de diez d\u00edas h\u00e1biles para aportar la documentaci\u00f3n y hacer las alegaciones que estime oportunas. El INSS, de oficio, podr\u00e1 solicitar los informes y realizar cuantas actuaciones considere necesarias para la determinaci\u00f3n, conocimiento y comprobaci\u00f3n de los datos en virtud de los cuales debe dictar resoluci\u00f3n.<\/p>\n En aquellos casos en que el servicio p\u00fablico de salud hubiera emitido parte de baja por contingencias comunes, se iniciar\u00e1 el abono de la prestaci\u00f3n de incapacidad temporal que corresponda hasta la fecha de resoluci\u00f3n del procedimiento, sin perjuicio de que, si la resoluci\u00f3n del INSS acaba determinando el car\u00e1cter profesional de la contingencia, la mutua responsable tenga que abonar al interesado la diferencia que resulte a su favor, y reintegrar a la entidad gestora, en su caso, la prestaci\u00f3n abonada a su cargo, mediante la compensaci\u00f3n de las cuant\u00edas que procedan, y al servicio p\u00fablico de salud el coste de la asistencia sanitaria prestada[44]<\/a><\/span>.<\/p>\n De igual modo se proceder\u00e1 cuando la resoluci\u00f3n determine el car\u00e1cter com\u00fan de la contingencia, modificando la anterior calificaci\u00f3n como profesional y su protecci\u00f3n hubiera sido dispensada por una mutua. Esta tendr\u00e1 que ser reintegrada tanto por la entidad gestora como por el servicio p\u00fablico de salud de los gastos generados por las prestaciones econ\u00f3micas y asistenciales hasta la cuant\u00eda que corresponda a dichas prestaciones en consideraci\u00f3n a su car\u00e1cter com\u00fan[45]<\/a><\/span>.<\/p>\n La determinaci\u00f3n del car\u00e1cter com\u00fan o profesional de la contingencia es competencia del equipo de valoraci\u00f3n de incapacidades (EVI)[46]<\/a><\/span>, que emitir\u00e1 un informe preceptivo, elevado al director provincial del INSS correspondiente, en el que se pronunciar\u00e1 sobre la naturaleza de la contingencia que ha originado el proceso de dicha incapacidad. Una vez emitido el informe del EVI, el director provincial del INSS competente dictar\u00e1 la resoluci\u00f3n que corresponda en el plazo m\u00e1ximo de quince d\u00edas h\u00e1biles a contar desde la aportaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n por las partes interesadas, o del agotamiento de los plazos de cuatro y diez d\u00edas, seg\u00fan los casos, fijados en el art.\u00a06.2 del Real Decreto\u00a01430\/2009, de 11 de septiembre[47]<\/a><\/span>.<\/p>\n La resoluci\u00f3n que resuelva el procedimiento tendr\u00e1 que pronunciarse necesariamente sobre el car\u00e1cter, com\u00fan o profesional, de la contingencia de la que derive la situaci\u00f3n de incapacidad temporal, indicando asimismo si el proceso es o no reca\u00edda de otro anterior, y deber\u00e1 establecer el sujeto responsable de las prestaciones econ\u00f3micas y sanitarias[48]<\/a><\/span>. Dicha resoluci\u00f3n del director provincial del INSS ser\u00e1 comunicada a la persona interesada, a la empresa, a la mutua y al servicio p\u00fablico de salud[49]<\/a><\/span>. Estas resoluciones emitidas por la entidad gestora para la determinaci\u00f3n de la contingencia causante tienen la consideraci\u00f3n de resoluciones que ponen fin a la reclamaci\u00f3n administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social prevista en el art.\u00a071 de la Ley 36\/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicci\u00f3n social (LJS)[50]<\/a><\/span>, lo que deja expedita la posibilidad de formular demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo de treinta d\u00edas, contados desde la fecha en que se notifique la denegaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n del INSS o desde el d\u00eda en que se entienda denegada por silencio administrativo[51]<\/a><\/span>.<\/p>\n Cuando el parte m\u00e9dico de alta es expedido por el m\u00e9dico de atenci\u00f3n primaria o a instancias de la inspecci\u00f3n m\u00e9dica del servicio p\u00fablico de salud, que es lo procedente en los supuestos de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, la persona trabajadora no suele cuestionar la decisi\u00f3n facultativa, como ya dejamos apuntado, porque este parte m\u00e9dico de alta aparece institucionalizado como el cierre normal o fisiol\u00f3gico, podr\u00edamos decir, del proceso de incapacidad temporal. Ello no quiere decir, obviamente, que la persona trabajadora tenga que estar de acuerdo siempre con la decisi\u00f3n del m\u00e9dico de atenci\u00f3n primaria, puesto que este, como se deduce de lo que hemos venido indicando, tiene una doble y compleja funci\u00f3n que, en ocasiones, pueden llegar a ser incompatibles o contradictorias. As\u00ed, mientras que, como m\u00e9dico, su labor de asistencia sanitaria le exige velar por la salud de su paciente, lo que implica una relaci\u00f3n de confianza entre ambos, como emisor de los partes de alta y baja, en cambio, donde el facultativo del servicio p\u00fablico de salud cumple una funci\u00f3n de colaboraci\u00f3n necesaria con la gesti\u00f3n de la seguridad social, \u201cpuede verse obligado a enfrentarse a su paciente\u201d[52]<\/a><\/span>, en la medida en que reconoce o deniega las prestaciones de incapacidad temporal. Podr\u00eda ocurrir, por ejemplo, que el paciente pida al m\u00e9dico de atenci\u00f3n primaria que mantenga la situaci\u00f3n de baja y el facultativo considere que sus dolencias no lo justifican,\u00a0<\/i>o, tras el alta, el paciente podr\u00eda entender que no se ha recuperado lo suficiente como para retornar al puesto de trabajo en condiciones id\u00f3neas de seguridad para su integridad f\u00edsica o ps\u00edquica o la de sus compa\u00f1eros[53]<\/a><\/span>, por lo que, sin perjuicio de tener que incorporarse necesariamente al puesto de trabajo, podr\u00eda sopesar la posibilidad de impugnar el alta m\u00e9dica.<\/p>\n Seg\u00fan lo dispuesto en el tercer p\u00e1rrafo del art.\u00a05.1 del Real Decreto\u00a0625\/2014, de 18 de julio, los dos principales efectos de todo parte de alta expedido por el facultativo o el inspector m\u00e9dico del servicio p\u00fablico de salud son, como ya vimos, la extinci\u00f3n del proceso de incapacidad temporal de la persona trabajadora y su consecuente obligaci\u00f3n de reincorporarse al puesto de trabajo al d\u00eda siguiente de su emisi\u00f3n. Se trata, por tanto, de un acto administrativo de eficacia inmediata con efectos directos tanto sobre la relaci\u00f3n laboral como sobre el r\u00e9gimen jur\u00eddico de una prestaci\u00f3n de seguridad social[54]<\/a><\/span>, por lo que, para su impugnaci\u00f3n, proceder\u00e1 la reclamaci\u00f3n administrativa previa del art.\u00a071.1 LJS, tal como se deduce,\u00a0sensu contrario<\/i>, de lo establecido en el art.\u00a0140.3 a) de la propia LJS[55]<\/a><\/span>, donde se exige\u00a0<\/i>demandar al servicio p\u00fablico de salud cuando se impugne el alta emitida por alg\u00fan facultativo de dicha entidad. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que las impugnaciones de altas m\u00e9dicas constituyen procesos que buscan la nulidad o revocaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n administrativa de alta m\u00e9dica, retrotrayendo los beneficios de la incapacidad temporal a la fecha en que esta se emiti\u00f3, por lo que se trata, sin duda, de una materia propia de la Seguridad Social[56]<\/a><\/span>, de ah\u00ed que el conocimiento de estos pleitos competa al orden jurisdiccional social en virtud de lo dispuesto en el art.\u00a02. o) de la LJS, que atribuye a los \u00f3rganos jurisdiccionales del orden social todas las cuestiones litigiosas que se promuevan \u201cen materia de prestaciones de Seguridad Social\u201d.<\/p>\n Dado que el parte m\u00e9dico de alta del servicio p\u00fablico de salud es, como decimos, un acto administrativo con efectos directos sobre la relaci\u00f3n laboral, su impugnaci\u00f3n no suspender\u00e1 la obligaci\u00f3n de trabajar. La persona trabajadora tiene la obligaci\u00f3n de acatar las prescripciones m\u00e9dicas[57]<\/a><\/span>, por lo que, en caso de inasistencia al trabajo tras el alta m\u00e9dica, la empresa podr\u00eda llegar a extinguir el contrato de trabajo<\/p>\n bien amparado en el desistimiento o abandono del trabajador, bien por razones disciplinarias ante las, en principio, ausencias injustificadas al trabajo[58]<\/a><\/span>.<\/p>\n Ello no es \u00f3bice para que la persona trabajadora pueda solicitar inmediatamente al Juzgado de lo Social una medida cautelar de suspensi\u00f3n del alta m\u00e9dica, acompa\u00f1ada de una solicitud de reconocimiento por el m\u00e9dico forense. Tambi\u00e9n se podr\u00eda acudir, al mismo tiempo, a la Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social para denunciar al servicio p\u00fablico de salud por incumplimiento de su funci\u00f3n p\u00fablica de prestaci\u00f3n de asistencia sanitaria.<\/p>\n Por otro lado, al tratarse de un acto administrativo, el parte m\u00e9dico de alta del servicio p\u00fablico de salud debe estar suficientemente motivado y sujeto a los requisitos formales reglamentariamente establecidos. De acuerdo con lo previsto a tal fin, una vez realizado el preceptivo reconocimiento m\u00e9dico de la persona trabajadora, el parte de alta expedido por el facultativo o el inspector m\u00e9dico del servicio p\u00fablico de salud siempre deber\u00e1 consignar la causa del alta m\u00e9dica, el c\u00f3digo de diagn\u00f3stico definitivo y la fecha de la baja inicial[59]<\/a><\/span>. En cualquier caso, no parece que la falta de alguno de esos requisitos formales pueda conducir a la nulidad del alta m\u00e9dica, puesto que el Tribunal Supremo ha venido indicando de forma reiterada que la no consignaci\u00f3n del diagn\u00f3stico, por ejemplo, es una \u201cmera irregularidad administrativa\u201d que no puede llevar aparejada la nulidad del parte de alta porque no produce indefensi\u00f3n,<\/p>\n ya que, por regla general, el propio demandante conoce cu\u00e1les son las enfermedades o lesiones que han dado lugar a las sucesivas bajas y altas m\u00e9dicas, no impidi\u00e9ndole recurrirlos en reclamaci\u00f3n previa[60]<\/a><\/span>.<\/p>\n En cuanto a la notificaci\u00f3n del parte m\u00e9dico de alta del servicio p\u00fablico de salud, la persona trabajadora recibir\u00e1 una copia de este parte m\u00e9dico de alta, que el facultativo o el inspector del servicio p\u00fablico de salud tendr\u00e1 que remitir al INSS, por v\u00eda telem\u00e1tica, de manera inmediata, y, en todo caso, en el primer d\u00eda h\u00e1bil siguiente al de su expedici\u00f3n[61]<\/a><\/span>. Cuando se trate de un proceso de incapacidad temporal por contingencias comunes gestionado por una mutua, el INSS tendr\u00e1 que comunicar a la mutua el parte m\u00e9dico de alta de manera inmediata, y, en todo caso, en el primer d\u00eda h\u00e1bil siguiente al de su recepci\u00f3n, para que la mutua, a su vez, comunique a la empresa la extinci\u00f3n del derecho a subsidio por incapacidad temporal, su causa y la fecha de efectos de la misma[62]<\/a><\/span>. Podr\u00eda parecer,\u00a0a priori<\/i>, que la falta de notificaci\u00f3n a la persona trabajadora del alta m\u00e9dica del servicio p\u00fablico de salud deber\u00eda conducir a su anulaci\u00f3n por aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el art.47.1.e) de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas (LPA), donde se consideran como nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones P\u00fablicas que sean dictados \u201cprescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido\u201d. Sin embargo, cuando se han planteado acciones judiciales por falta de notificaci\u00f3n de las altas m\u00e9dicas, los \u00f3rganos jurisdiccionales del orden social han venido estimando que el \u00fanico efecto que ello genera es el de \u201cabrir tard\u00edamente el plazo para su impugnaci\u00f3n, no la nulidad del acto administrativo\u201d[63]<\/a><\/span>.<\/p>\n Siguiendo lo dispuesto en el art.\u00a071.2 LJS, la preceptiva reclamaci\u00f3n administrativa previa deber\u00e1 interponerse ante el servicio p\u00fablico de salud que haya emitido el alta m\u00e9dica, que actuar\u00e1 como entidad gestora en estos casos[64]<\/a><\/span>, puesto que ha sido el \u00f3rgano administrativo competente que ha dictado \u201cresoluci\u00f3n sobre la solicitud inicial del interesado\u201d, tal como indica el citado art.\u00a071.2 LJS, y tendr\u00e1 que ser la parte demandada necesariamente en virtud de lo dispuesto en el art.\u00a0140.3.a) de la LJS. El plazo de presentaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n es de once d\u00edas desde la notificaci\u00f3n del parte m\u00e9dico de alta, si este es expreso, o desde la fecha en que, conforme a la normativa reguladora del procedimiento de que se trate, deba entenderse producido el silencio administrativo[65]<\/a><\/span>. El servicio p\u00fablico de salud deber\u00e1 contestar expresamente en el plazo de siete d\u00edas h\u00e1biles, entendi\u00e9ndose desestimada la reclamaci\u00f3n por silencio administrativo una vez transcurrido dicho plazo[66]<\/a><\/span>. Queda as\u00ed expedita la v\u00eda jurisdiccional social, ante cuyos \u00f3rganos judiciales se podr\u00e1 presentar la pertinente demanda en el plazo de veinte d\u00edas, que se computar\u00e1n desde la notificaci\u00f3n del alta definitiva acordada por el servicio p\u00fablico de salud[67]<\/a><\/span>.<\/p>\n Cabr\u00eda plantear, por \u00faltimo, si adem\u00e1s de la reclamaci\u00f3n administrativa previa a la demanda en el orden social, la persona trabajadora podr\u00eda abrir simult\u00e1neamente la puerta a una responsabilidad de la administraci\u00f3n sanitaria cuando entienda que el cumplimiento de su obligaci\u00f3n de incorporarse al trabajo, tras el diagn\u00f3stico cl\u00ednico que ha conducido al alta, pudiera afectar a su salud o a su integridad psicof\u00edsica[68]<\/a><\/span>. A nuestro juicio, pese al silencio de la normativa de seguridad social al respecto, en estos casos cabr\u00eda plantear tambi\u00e9n el recurso de alzada del art.\u00a0112.1 LPA, cuya resoluci\u00f3n podr\u00eda abrir la v\u00eda judicial contencioso-administrativa, si la persona trabajadora considera que el parte m\u00e9dico de alta del servicio p\u00fablico de salud es una resoluci\u00f3n que produce un perjuicio irreparable a sus derechos e intereses leg\u00edtimos y fundamenta su nulidad de pleno derecho en la causa prevista en el art.\u00a047.1.a) de la LPA: la \u201clesi\u00f3n de un derecho susceptible de amparo constitucional\u201d como el derecho fundamental a la vida y a la integridad f\u00edsica y moral reconocido en el art.\u00a015 CE.<\/p>\n Como ya hemos comentado, el art.\u00a0170.1 LGSS habilita al INSS para la expedici\u00f3n de altas m\u00e9dicas, \u201ca todos los efectos\u201d, en los procesos de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes \u201chasta el cumplimiento del plazo de duraci\u00f3n de trescientos sesenta y cinco d\u00edas\u201d, lo que puede hacer bien a iniciativa propia o a propuesta de la mutua que tenga atribuida la gesti\u00f3n de la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, tal como prev\u00e9, por su parte, el art.\u00a082.4. b) de la LGSS. En ambos casos, resultar\u00e1 imprescindible el previo reconocimiento m\u00e9dico de la persona trabajadora en baja por incapacidad temporal, por lo que ser\u00e1 necesario comentar primero en qu\u00e9 t\u00e9rminos debe desarrollarse el requerimiento que ha de efectuar a tal fin el m\u00e9dico adscrito al INSS o el de la mutua.<\/p>\n En el marco de las facultades de control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal atribuidas a las entidades gestoras de la seguridad social, el INSS cuenta con la potestad de disponer que las personas trabajadoras que se encuentren en situaci\u00f3n de incapacidad temporal sean reconocidas por los inspectores m\u00e9dicos de dichas entidades gestoras[69]<\/a><\/span>. Facultad que tambi\u00e9n se atribuye a las mutuas<\/p>\n respecto de los beneficiarios de la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes incluidos en su \u00e1mbito de gesti\u00f3n[70]<\/a><\/span>.<\/p>\n Como elemento b\u00e1sico de garant\u00eda, se establece que los reconocimientos se llevar\u00e1n a cabo respetando, en todo caso, el derecho a la intimidad y a la dignidad de las personas trabajadoras[71]<\/a><\/span>, si\u00e9ndoles de aplicaci\u00f3n tambi\u00e9n las garant\u00edas establecidas a efectos de su derecho fundamental a la protecci\u00f3n de datos de car\u00e1cter personal, la confidencialidad de la informaci\u00f3n objeto de tratamiento y lo dispuesto para las historias cl\u00ednicas en la Ley 41\/2002, de 14 de noviembre, b\u00e1sica reguladora de la autonom\u00eda del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n cl\u00ednica[72]<\/a><\/span>.<\/p>\n Como ha advertido la doctrina, el legislador puso fin en el a\u00f1o 2014 a una tradicional regla extremadamente severa seg\u00fan la cual la incomparecencia de la persona trabajadora al reconocimiento m\u00e9dico conduc\u00eda inexorablemente a la extinci\u00f3n de la prestaci\u00f3n[73]<\/a><\/span>. As\u00ed, como indica el art.\u00a0175.3 de la LGSS, la incomparecencia de la persona trabajadora a cualquiera de las convocatorias realizadas por los m\u00e9dicos adscritos al INSS y a las mutuas para examen y reconocimiento m\u00e9dico s\u00f3lo producir\u00e1 \u201cla suspensi\u00f3n cautelar del derecho, al objeto de comprobar si aquella fue o no justificada\u201d. Se determin\u00f3 entonces que reglamentariamente se regular\u00eda el procedimiento de suspensi\u00f3n del derecho y sus efectos, lo que fue realizado por el art.\u00a09 del Real Decreto\u00a0625\/2014, de 18 de julio, donde efectivamente se desarrolla el procedimiento a seguir en caso de requerimiento a las personas trabajadoras para reconocimiento m\u00e9dico, que se llevar\u00e1 a cabo conforme a las reglas que sucintamente pasamos a describir.<\/p>\n La citaci\u00f3n a reconocimiento m\u00e9dico habr\u00e1 de comunicarse a la persona trabajadora con una antelaci\u00f3n m\u00ednima de cuatro d\u00edas h\u00e1biles. En dicha citaci\u00f3n se le informar\u00e1 de que, en caso de no acudir al reconocimiento, se proceder\u00e1 a suspender cautelarmente la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica, con la advertencia de que, si la falta de personaci\u00f3n no queda justificada en un plazo de diez d\u00edas h\u00e1biles, contados desde la fecha fijada para el reconocimiento, se proceder\u00e1 a la extinci\u00f3n del derecho al subsidio. Si el trabajador justificara, antes de la fecha fijada para el reconocimiento m\u00e9dico o en ese mismo d\u00eda, las razones que le impiden comparecer, la entidad gestora o mutua podr\u00e1 fijar una fecha posterior para su realizaci\u00f3n, comunic\u00e1ndolo al interesado con una antelaci\u00f3n m\u00ednima de cuatro d\u00edas h\u00e1biles.<\/p>\n La incomparecencia de la persona trabajadora en la fecha fijada para el reconocimiento m\u00e9dico, habilita al director provincial del INSS para dictar resoluci\u00f3n disponiendo la suspensi\u00f3n cautelar del subsidio desde el d\u00eda siguiente al fijado para el reconocimiento, lo que comunicar\u00e1 de forma inmediata a la persona interesada, indicando que dispone de un plazo de diez d\u00edas h\u00e1biles, contados a partir de la fecha en que se produjo la incomparecencia, para justificar la misma. Cuando sea la mutua quien requiera el reconocimiento m\u00e9dico y la persona trabajadora no acuda al mismo en la fecha fijada, ser\u00e1 la propia mutua la que \u201cacordar\u00e1\u201d la suspensi\u00f3n cautelar del subsidio desde el d\u00eda siguiente al fijado para el reconocimiento, procediendo de la misma forma que el INSS en materia de comunicaci\u00f3n y petici\u00f3n de justificaci\u00f3n a la persona interesada. Tanto el INSS como la mutua tendr\u00e1n que comunicar la suspensi\u00f3n acordada por v\u00eda telem\u00e1tica a la empresa y a la TGSS. Aunque la norma no se pronuncia al respecto, la doctrina entiende que la suspensi\u00f3n cautelar de la prestaci\u00f3n \u201cllevar\u00e1 impl\u00edcita la suspensi\u00f3n de la cotizaci\u00f3n\u201d[74]<\/a><\/span>.<\/p>\n Si el trabajador justifica su incomparecencia dentro de los diez d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la fecha en que estaba citado a reconocimiento m\u00e9dico, el director provincial del INSS dictar\u00e1 nueva resoluci\u00f3n, o la mutua nuevo acuerdo, dejando sin efecto la suspensi\u00f3n cautelar, procediendo a rehabilitar el pago de la prestaci\u00f3n con efectos desde la fecha en que qued\u00f3 suspendida. En estos casos la entidad gestora o la mutua, en el plazo de quince d\u00edas siguientes a la fecha en que se dicte la resoluci\u00f3n o acuerdo, tendr\u00e1n que abonar directamente al trabajador el subsidio correspondiente al per\u00edodo de suspensi\u00f3n. Asimismo, comunicar\u00e1n a la empresa y a la TGSS la resoluci\u00f3n por la que la suspensi\u00f3n queda sin efecto, informando de la fecha a partir de la cual procede reponer el pago delegado por parte de la empresa.<\/p>\n Se entender\u00e1 que la incomparecencia fue justificada en los siguientes casos: a) cuando la persona trabajadora aporte un informe emitido por el m\u00e9dico del servicio p\u00fablico de salud que le preste asistencia sanitaria, donde adem\u00e1s se se\u00f1ale que la personaci\u00f3n era desaconsejable debido a la situaci\u00f3n cl\u00ednica del paciente; b) si la cita se hubiera realizado con un plazo previo inferior a cuatro d\u00edas h\u00e1biles; c) cuando la persona beneficiaria acredite la imposibilidad de asistir por otra \u201ccausa suficiente\u201d. Este \u00faltimo motivo de justificaci\u00f3n es un t\u00edpico concepto jur\u00eddico indeterminado que, en estos casos, deja un excesivo margen de discrecionalidad tanto al INSS como a las mutuas, lo que puede dar lugar a situaciones en las que una interpretaci\u00f3n demasiado estricta de lo que haya de entenderse por causa suficiente, \u201cpuede ser totalmente contrario a los l\u00edcitos intereses de los beneficiarios de la prestaci\u00f3n\u201d[75]<\/a><\/span>.<\/p>\n Una vez transcurridos diez d\u00edas h\u00e1biles desde la fecha en que la persona trabajadora estuviera citada a reconocimiento m\u00e9dico por el INSS, sin que el trabajador hubiera podido justificar suficientemente su incomparecencia, el director provincial competente dictar\u00e1 resoluci\u00f3n declarando la extinci\u00f3n del derecho a la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica con efectos desde el d\u00eda en que hubiera sido efectiva la suspensi\u00f3n. Dicha resoluci\u00f3n se notificar\u00e1 al interesado, y se comunicar\u00e1 asimismo la extinci\u00f3n acordada, por v\u00eda telem\u00e1tica, al servicio p\u00fablico de salud, a la empresa y a la TGSS. Id\u00e9nticas facultades extintivas, y con las mismas condiciones de notificaci\u00f3n y comunicaci\u00f3n, se atribuyen tambi\u00e9n a las mutuas cuando, transcurridos diez d\u00edas h\u00e1biles desde la fecha en que estaba citado a reconocimiento m\u00e9dico, la persona trabajadora no hubiera aportado justificaci\u00f3n suficiente de su incomparecencia. La base legal de esta medida extintiva se encuentra en el art.\u00a0174.1 de la LGSS, donde se contempla como causa de extinci\u00f3n del derecho al subsidio por incapacidad temporal \u201cla incomparecencia injustificada\u201d\u00a0a\u00a0<\/i>cualquiera de las convocatorias para los ex\u00e1menes y reconocimientos establecidos por la inspecci\u00f3n m\u00e9dica del INSS o por los m\u00e9dicos de la mutua.<\/p>\n Pese a tener base legal, conviene advertir, no obstante, que la resoluci\u00f3n del INSS o el acuerdo de la mutua que extinguen el derecho al subsidio por incapacidad temporal no son, en puridad, un alta m\u00e9dica, pero genera los mismos problemas y disfunciones que las denominadas \u201caltas a los solos efectos econ\u00f3micos\u201d que el legislador atribuy\u00f3 al INSS en 1997[76]<\/a><\/span>, y que tuvieron que ser sustituidas por la Ley 35\/2010, de 17 de septiembre, como vimos, por altas m\u00e9dicas \u201ca todos los efectos\u201d. Hay que tener en cuenta que la persona trabajadora s\u00f3lo ve extinguido el derecho a prestaci\u00f3n econ\u00f3mica de seguridad social, pero podr\u00eda seguir sometido a tratamiento m\u00e9dico y permanecer de baja m\u00e9dica, con su contrato suspendido, por lo que, pese a mantener una situaci\u00f3n de afectaci\u00f3n que le impida el desarrollo de la prestaci\u00f3n laboral, se ver\u00e1 forzado a incorporarse al trabajo, lo que hace recaer las consecuencias de esta decisi\u00f3n sobre la persona trabajadora, que puede no estar totalmente recuperada, y sobre la empresa, que est\u00e1 obligada, en virtud de lo dispuesto en el art.\u00a025.1 de la Ley 31\/1995, de 8 de noviembre, de prevenci\u00f3n de Riesgos Laborales, a no dar empleo a las personas que se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicof\u00edsicas de los respectivos puestos de trabajo. O sea, que la falta de justificaci\u00f3n de la inasistencia al reconocimiento m\u00e9dico, como acertadamente ha indicado la doctrina, implica una presunci\u00f3n de que el trabajador ha recuperado su capacidad para trabajar e incluso que han desaparecido las afecciones para su salud, lo que no siempre tiene porqu\u00e9 ser cierto, con los perjuicios que ello supone a efectos econ\u00f3micos y sanitarios, de ah\u00ed que este mecanismo acaba configur\u00e1ndose realmente como un instrumento sancionador sobre el trabajador negligente[77]<\/a><\/span>. Es por ello que, como tambi\u00e9n se ha apuntado, quiz\u00e1s se podr\u00eda haber establecido otro tipo de sanciones intermedias menos problem\u00e1ticas como, por ejemplo, la p\u00e9rdida de tantos d\u00edas de prestaci\u00f3n como medien entre la fecha de la comparecencia y la fecha real de asistencia[78]<\/a><\/span>.<\/p>\n Habr\u00eda que entender, por lo dem\u00e1s, que, aun no siendo altas m\u00e9dicas en sentido estricto, en la medida en que se trata de resoluciones o acuerdos que afectan a una prestaci\u00f3n de seguridad social, podr\u00edan ser impugnados a trav\u00e9s de la reclamaci\u00f3n administrativa previa establecida en art.71 LJS[79]<\/a><\/span>. Y dado que no son altas m\u00e9dicas en sentido estricto, entendemos que se regir\u00e1n por el plazo de presentaci\u00f3n com\u00fan de treinta d\u00edas desde su notificaci\u00f3n, debiendo el INSS o la mutua contestar expresamente a la reclamaci\u00f3n en el plazo de cuarenta y cinco d\u00edas[80]<\/a><\/span>.<\/p>\n En cualquier caso, el inspector m\u00e9dico del INSS siempre podr\u00e1 acudir a la v\u00eda de expedir el alta m\u00e9dica por incomparecencia, a todos los efectos, en el ejercicio de las competencias previstas en el art.\u00a0170.1 LGSS[81]<\/a><\/span>. Y aunque compartimos la opini\u00f3n de la doctrina que considera criticable esta potestad del INSS, que tendr\u00eda que fundamentar el alta no ya en la efectiva situaci\u00f3n m\u00e9dica del trabajador sino en motivos que nada tienen que ver con la situaci\u00f3n m\u00e9dica y la recuperaci\u00f3n de la persona trabajadora, como sucede con la mera incomparecencia a un reconocimiento m\u00e9dico o la falta de justificaci\u00f3n a dicha incomparecencia, lo cierto es que, en la pr\u00e1ctica, la expedici\u00f3n del alta m\u00e9dica por incomparecencia evitar\u00eda, a nuestro juicio, todos los problemas derivadas de las pseudo altas a efectos econ\u00f3micos ya comentados. Por lo dem\u00e1s, el alta por incomparecencia no deja de ser una alta m\u00e9dica del INSS que resultar\u00eda impugnable mediante la presentaci\u00f3n de la correspondiente reclamaci\u00f3n administrativa previa siguiendo las reglas comunes previstas para la impugnaci\u00f3n de las altas emitidas a iniciativa del INSS en los t\u00e9rminos que seguidamente pasamos a comentar.<\/p>\n Cuando, tras el preceptivo reconocimiento m\u00e9dico de la persona trabajadora o ante la incomparecencia injustificada de esta, el inspector m\u00e9dico del INSS haga uso de su facultad de expedir el parte de alta, que tendr\u00e1 plenos efectos prestacionales y laborales, tendr\u00e1 que dar traslado de los datos contenidos en el parte de alta de manera inmediata y, en todo caso, en el primer d\u00eda h\u00e1bil siguiente al de su expedici\u00f3n, al correspondiente servicio p\u00fablico de salud, para su conocimiento, y a la mutua, cuando sea competente para gestionar la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, para que la propia mutua \u201cdicte acuerdo declarando extinguido el derecho por causa del alta, sus motivos y efectos\u201d, notificando dicho acuerdo a la empresa. Asimismo, el inspector m\u00e9dico del INSS entregar\u00e1 una copia del parte de alta a la persona trabajadora, para su conocimiento, \u201cexpres\u00e1ndole la obligaci\u00f3n de incorporarse al trabajo el d\u00eda siguiente al de la expedici\u00f3n\u201d1. La compleja delimitaci\u00f3n forma de los procesos de incapacidad temporal<\/span>\u00a0\u00a0^\u00a0<\/a><\/span><\/h3>\n
<\/a>1.1. Los partes m\u00e9dicos de baja y alta como acotaci\u00f3n temporal de la situaci\u00f3n de incapacidad temporal.\u00a0\u00a0^\u00a0<\/a><\/span><\/h3>\n
<\/a>1.2. El procedimiento de determinaci\u00f3n de la contingencia causante de la baja por incapacidad temporal\u00a0\u00a0^\u00a0<\/a><\/span><\/h3>\n
<\/a>2.\u00a0La impugnabilidad de los partes de alta expedidos por los facultativos del servicio p\u00fablico de salud<\/span>\u00a0\u00a0^\u00a0<\/a><\/span><\/h3>\n
<\/a>3. La impugnaci\u00f3n de altas expedidas por el INSS en procesos de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes antes del agotamiento de los 365 d\u00edas de duraci\u00f3n<\/span>\u00a0\u00a0^\u00a0<\/a><\/span><\/h3>\n
<\/a>3.1. El preceptivo reconocimiento m\u00e9dico de la persona trabajadora en baja por incapacidad temporal por parte del INSS o de la mutua\u00a0\u00a0^\u00a0<\/a><\/span><\/h3>\n
<\/a>3.2. La impugnaci\u00f3n de los partes de alta emitidos a iniciativa propia del INSS o a propuesta del m\u00e9dico de la mutua\u00a0\u00a0^\u00a0<\/a><\/span><\/h3>\n