{"id":2301,"date":"2020-05-05T17:57:24","date_gmt":"2020-05-05T15:57:24","guid":{"rendered":"http:\/\/grupo.us.es\/newiwpr\/?p=2301"},"modified":"2021-04-14T11:37:03","modified_gmt":"2021-04-14T09:37:03","slug":"la-actuacion-de-la-itss-durante-el-estado-de-alarma-breves-notas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/grupo.us.es\/iwpr\/2020\/05\/05\/la-actuacion-de-la-itss-durante-el-estado-de-alarma-breves-notas\/","title":{"rendered":"La actuaci\u00f3n de la ITSS durante el Estado de Alarma: breves notas"},"content":{"rendered":"
    \n
  1. Medidas de control con el fin de evitar el uso fraudulento de expedientes de regulaci\u00f3n de empleo a causa del Estado de Alarma.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    \u00a0<\/em><\/p>\n

    En materia de Seguridad Social y tambi\u00e9n relacionadas con la protecci\u00f3n por desempleo, el Real Decreto-Ley 9\/2020 dentro de las medidas que permitan \u201cproporcionar un equilibrio entre los recursos del sector p\u00fablico y las necesidades de respuesta de empresas y personas trabajadoras afectadas por la grave situaci\u00f3n de crisis sanitaria\u201d que se atraviesa, como indica la Exposici\u00f3n de Motivos, incluye las que se refieren a la implementaci\u00f3n de todos los mecanismos de control y de sanci\u00f3n necesarios, con el fin de evitar el uso fraudulento de los recursos p\u00fablicos para finalidades ajenas a las vinculadas con su naturaleza y objetivo.<\/p>\n

    De conformidad con ello, la Disposici\u00f3n adicional 4\u00aa del Real Decreto-Ley 9\/2020 establece, una vez m\u00e1s, como ocurre respecto de otras situaciones, por ejemplo, bonificaciones, la colaboraci\u00f3n entre el Servicio P\u00fablico de Empleo Estatal y la Inspecci\u00f3n de Trabajo, en los supuestos en que la entidad gestora de las prestaciones por desempleo apreciase indicios de fraude para la obtenci\u00f3n de las prestaciones por desempleo. En tal caso, lo comunicar\u00e1 a la Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social a los efectos oportunos.<\/p>\n

    Por otro lado, la Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social, en colaboraci\u00f3n con la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluir\u00e1, entre sus planes de actuaci\u00f3n, la comprobaci\u00f3n de la existencia de las causas alegadas en las solicitudes y comunicaciones de expedientes temporales de regulaci\u00f3n de empleo basados en las causas de los art\u00edculos 22 y 23 del Real Decreto-Ley 8\/2020, de 17 de marzo. Como se conoce, el art. 22.2 d) y el art. 23.1 c) del Real Decreto-Ley 8\/2020 ya establecen un papel importante de la Inspecci\u00f3n de Trabajo en estos procedimientos pues han de emitir un informe, previa solicitud potestativa de la autoridad laboral. La diferencia entre un informe y otro es que, para los casos de expedientes temporales por fuerza mayor, el plazo para evacuarlos ser\u00e1 de 5 d\u00edas h\u00e1biles y en el caso de expedientes temporales por causas econ\u00f3micas, t\u00e9cnicas, organizativas o de la producci\u00f3n ser\u00e1 de 7 d\u00edas h\u00e1biles. Ha de recordarse que el art. 22 del 1483\/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensi\u00f3n de contratos y reducci\u00f3n de jornada, para las suspensiones o reducciones de jornadas del art. 47 ET, establece que decidida por el empresario dicha medida tras el per\u00edodo de consultas y comunicada a la Autoridad Laboral, \u00e9sta la remitir\u00e1 a la Inspecci\u00f3n de Trabajo para que evacue informe sobre los extremos de la comunicaci\u00f3n empresarial y sobre el desarrollo del periodo de consulta, en el plazo improrrogable de 15 d\u00edas.<\/p>\n

    En los expedientes de regulaci\u00f3n temporal ex arts. 22 y 23 del Real Decreto-Ley 9\/2020, los informes de la Inspecci\u00f3n de Trabajo son de car\u00e1cter potestativo, previa petici\u00f3n de la Autoridad Laboral, parece que ello se ha puesto as\u00ed porque no habr\u00eda inspectores suficientes para informar en los plazos indicados la multitud de este tipo de expedientes que han sido y van a ser registrados. Probablemente, la Autoridad Laboral, que tiene 5 d\u00edas h\u00e1biles para contestar, siendo el silencio administrativo en estos procedimientos de car\u00e1cter positivo[1]<\/sup><\/a>, s\u00f3lo enviar\u00e1 a la Inspecci\u00f3n de Trabajo los expedientes en los que crea que puede haber fraude.<\/p>\n

    Por ello, la colaboraci\u00f3n con el Servicio P\u00fablico de Empleo Estatal servir\u00e1 para filtrar los expedientes que pudiendo ser fraudulentos para la obtenci\u00f3n de prestaciones por desempleo, se les hayan \u201cescapado\u201d a la Autoridad Laboral.<\/p>\n

    \u00a0<\/em><\/p>\n

      \n
    1. R\u00e9gimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

      El art. 3.4 del RD-L 9\/2020 establece como falta grave, ex 22.13 LISOS, la no transmisi\u00f3n al SPEE o en su caso al ISM, por parte de las empresas, de la comunicaci\u00f3n de modelos y solicitudes colectivas para la obtenci\u00f3n de las prestaciones por desempleo referidas al procedimiento de desempleo por las causas de ERTE (fuerza mayor y ETOP) del Real Decreto-ley 8\/2020. Lo que ha de hacerse en el plazo de 5 d\u00edas desde la solicitud del expediente de regulaci\u00f3n temporal de empleo en los supuestos de fuerza mayor o desde la fecha en que la empresa notifique a la autoridad laboral competente su decisi\u00f3n de suspensi\u00f3n o reducci\u00f3n en el caso de expedientes ETOP. Lo que parece un poco \u201cduro\u201d sea la tipificaci\u00f3n como falta grave (de 626 a 6.250 euros).<\/p>\n

      2.1 Las nuevas situaciones sancionables y sus efectos accesorios.<\/em><\/p>\n

      A) Como indica la Disposici\u00f3n adicional 2\u00aa del RD-L 9\/2020, se prev\u00e9 dos situaciones distintas que pueden dar lugar a sanciones laborales:<\/p>\n

      En primer lugar, cuando las solicitudes presentadas por la empresa contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados dar\u00e1n lugar a las sanciones correspondientes. Lo cierto es que sancionar \u201cpor cometer incorrecciones\u201d parece excesivamente riguroso, salvo que se demostrase que es una conducta dolosa para enga\u00f1ar al Servicio P\u00fablico de Empleo Estatal en orden a la obtenci\u00f3n de las prestaciones. Creemos que la Inspecci\u00f3n deber\u00eda justificar y motivar debidamente las infracciones cometidas por tales \u201cincorrecciones\u201d (imag\u00ednese, sancionar a una empresa por haber equivocado un n\u00famero de la cuenta corriente de un trabajador o en el documento de identidad del mismo o en su tel\u00e9fono), habr\u00eda que jugar en su m\u00e1xima extensi\u00f3n el principio de proporcionalidad en esta causa.<\/p>\n

      En segundo lugar, en su redacci\u00f3n original, cuando la empresa solicitase medidas, en relaci\u00f3n al empleo, que no resultaran necesarias o no tuvieran conexi\u00f3n suficiente con la causa que las origina, siempre que den lugar a la generaci\u00f3n o percepci\u00f3n de prestaciones indebidas. Tras el RD-L 15\/2020, se matiza ya que lo que sanciona no es una solicitud de ERTE de los arts. 22 y 23 del RD-Ley 8\/2020 que genere una prestaci\u00f3n indebida (ahora tambi\u00e9n \u201caplicaci\u00f3n de deducciones indebidas en las cuotas a la Seguridad Social\u201d), sino que la concesi\u00f3n de la prestaci\u00f3n que se produce \u201cse deduzca de las falsedades o incorrecciones en los datos facilitados por aquellas\u201d. <\/strong>Al menos con esta nueva redacci\u00f3n se reduce un poco el amplio criterio de discrecionalidad t\u00e9cnica que tiene la ITSS para proponer sanciones[2]<\/a>. De otro lado, la adenda referida a introducci\u00f3n de falsedades o incorrecciones en los datos lo convierte en una redundancia de la primera situaci\u00f3n.<\/p>\n

      B) Pues bien, en los casos en los que estos comportamientos lleven consigo la obtenci\u00f3n y reconocimiento de prestaciones por desempleo, siempre que no sea por causa imputable al trabajador, \u201cdar\u00e1 lugar a la devoluci\u00f3n de las prestaciones indebidamente generadas\u201d, teniendo la empresa que ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas indebidamente por el trabajador. Ello supone que la empresa deber\u00e1 ingresar las cantidades percibidas por el trabajador, de acuerdo con la LISOS. Esto es, en la nueva redacci\u00f3n dada por el RD-L 15\/2020 a este precepto, ya no se habla de revisi\u00f3n de oficio del acto de reconocimiento administrativo, ello supone que el acta de la inspecci\u00f3n proponiendo la devoluci\u00f3n ya cumple dicha funci\u00f3n.<\/p>\n

      Respecto de la devoluci\u00f3n, en la redacci\u00f3n actual, tampoco se hacen referencias a otras responsabilidades, administrativas o penales, que legalmente correspondan y se mantiene la prescripci\u00f3n aparejada a los plazos establecidos en la LISOS[3]<\/a>. Pero si, se mejora la redacci\u00f3n respecto de c\u00f3mo esta \u201cdevoluci\u00f3n\u201d afecta a los trabajadores, ya que los mismos conservar\u00e1n el derecho al salario correspondientes al per\u00edodo de regulaci\u00f3n de empleo inicialmente autorizado, \u201cdescontando las cantidades que hubiera percibido en concepto de prestaciones por desempleo\u201d.\u00a0 Esto es, el empresario le pagar\u00e1 el resto, la diferencia entre lo que haya percibido por desempleo hasta el 100% de su salario, y devolver\u00e1 la cuant\u00eda \u00edntegra de la prestaci\u00f3n por desempleo percibida indebidamente al Servicio P\u00fablico de Empleo Estatal. Adem\u00e1s de cotizar a la Seguridad Social durante dicho per\u00edodo, con los correspondientes recargos por mora.<\/p>\n

      2.2 La adecuaci\u00f3n de la LISOS a estas nuevas situaciones.<\/em><\/p>\n

      La primera cuesti\u00f3n es de orden: las normas sancionadoras desfavorables a los administrados no tienen car\u00e1cter retroactivo, como principio general del derecho, constitucionalmente recogido en el art. 9.3 CE.<\/p>\n

      Y lo digo porque la DA 3\u00aa del RD-Ley 15\/2020 viene a modificar la LISOS porque pretende dar cobertura dentro del tipo sancionador a estas conductas se\u00f1aladas en la DA 2\u00aa del RD-Ley 9\/2020. Si bien es cierto, que el falseamiento de documentos ya estaba previsto anteriormente, y tipificado como falta \u201cmuy grave\u201d, ahora se ampl\u00eda el tipo a \u201cefectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos\u201d (algo menos inexacto o ambiguo que el t\u00e9rmino \u201cincorrecci\u00f3n\u201d al que se refiere la Disposici\u00f3n adicional 2\u00aa del RD-L 9\/2020, pero aun as\u00ed con un alto grado de subjetividad en la interpretaci\u00f3n) siempre que ello d\u00e9 lugar a que los trabajadores obtengan prestaciones indebidamente. Adem\u00e1s, ha de recordarse que ex<\/em> art. 23.2 LISOS la empresa incurre en una infracci\u00f3n por cada una de las personas trabajadoras que hayan solicitado, obtenido o disfruten fraudulentamente de las prestaciones de Seguridad Social[4]<\/a>.<\/p>\n

      Pero ello quiz\u00e1s no sea lo m\u00e1s importante, ya que a trav\u00e9s del nuevo apartado 3 que se a\u00f1ade al art. 43 LISOS, se pasa, respecto de la devoluci\u00f3n de las prestaciones indebidamente percibidas de conformidad al art. 23.1 c) LISOS, de responsabilidad solidaria entre empleador y trabajador, a responsabilidad directa y exclusiva de la empresa, claro est\u00e1, \u201csiempre que no concurra dolo o culpa por parte de la persona trabajadora\u201d, para hacer responsable al trabajador la ITSS tendr\u00eda que demostrar que \u00e9stos acuerdan o convienen con la \u201cfraudulenta\u201d decisi\u00f3n empresarial, lo que no parece f\u00e1cil, a mi juicio, de probar. Pero, repetimos, esta responsabilidad directa solo podr\u00eda ser desde la entrada en vigor del RD-L 15\/2020, no antes por carecer de car\u00e1cter retroactivo.<\/p>\n

      \u00a0<\/strong><\/p>\n

        \n
      1. Suspensi\u00f3n de plazos en actuaciones inspectoras<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

        La Disposici\u00f3n adicional segunda del RDL 15\/2020 establece una suspensi\u00f3n de plazos en el \u00e1mbito de actuaci\u00f3n de la Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social.<\/p>\n

        A) Suspensi\u00f3n de plazos en actuaciones comprobatorias y en requerimientos<\/p>\n

        As\u00ed, el per\u00edodo de vigencia del Estado de Alarma y sus pr\u00f3rrogas no computar\u00e1 a efectos de los plazos de duraci\u00f3n de las actuaciones comprobatorias de la Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social.<\/p>\n

        Este per\u00edodo tampoco computar\u00e1 en la duraci\u00f3n de los plazos fijados por los funcionarios del Sistema de ITSS para el cumplimiento de cualesquiera requerimientos.<\/p>\n

        No se suspenden los plazos para aquellas actuaciones comprobatorias y aquellos requerimientos y \u00f3rdenes de paralizaci\u00f3n derivados de situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del Estado de Alarma, o aquellas que por su gravedad o urgencia resulten indispensables para la protecci\u00f3n del inter\u00e9s general, en cuyo caso se motivar\u00e1 debidamente, dando traslado de tal motivaci\u00f3n al interesado.<\/p>\n

        B) Suspensi\u00f3n de plazos de prescripci\u00f3n.<\/p>\n

        Adem\u00e1s, durante el periodo de vigencia del Estado de alarma y sus pr\u00f3rrogas, quedan suspendidos los plazos de prescripci\u00f3n de las acciones para exigir responsabilidades en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa de orden social y de Seguridad Social.<\/p>\n

        C) Suspensi\u00f3n de plazos de los procedimientos establecidos en el Reglamento general de imposici\u00f3n de sanciones por infracciones del orden social y expedientes liquidatorios de cuotas.<\/p>\n

        A pesar de que la DA 3\u00aa del RD 463\/2020 establec\u00eda de modo general la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos y la interrupci\u00f3n de los plazos para la tramitaci\u00f3n de los procedimientos de las entidades del sector p\u00fablico, previendo la reanudaci\u00f3n en el momento en el finalizara el Estado de Alarma, por lo que se refiere a nuestro \u00e1mbito su apartado 5 establec\u00eda como excepci\u00f3n, los referidos a los procedimientos administrativos en los \u00e1mbitos de la afiliaci\u00f3n, la liquidaci\u00f3n y la cotizaci\u00f3n de la Seguridad Social.<\/p>\n

        Esta DA 2\u00aa del RD-L 15\/2020 viene a recordar que todos los plazos relativos a los procedimientos regulados en el Real Decreto 928\/1998, de 14 de mayo, de infracciones y expedientes liquidatorios del orden social, est\u00e1n afectados por la suspensi\u00f3n de plazos administrativos, prevista en la DA 3\u00aa del RD 463\/2020, de 14 de marzo.<\/p>\n

        [1]<\/a> Ha de recordarse que el art. 24 Ley 39\/2015, de 1 de octubre aplicable como regla general, se entiende que el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado ha de entenderse en sentido positivo y ello porque el Real Decreto-ley 8\/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ\u00f3mico y social del COVID-19 ni ninguna otra norma fija lo contrario.<\/p>\n

        [2]<\/a> Como dijimos en su momento quedaba extremadamente abierta, la posibilidad de sancionar a una empresa por solicitar medidas \u201cque no resultaran necesarias o no tuvieran conexi\u00f3n suficiente con la causa que las origina\u201d, siempre que diesen lugar a la percepci\u00f3n de prestaciones indebidas. Por ello, si la ITSS determinase que las medidas no resultaban necesarias, con un amplio criterio de discrecionalidad t\u00e9cnica del que pueden hacer uso, evidentemente el resultado ser\u00eda que las prestaciones han sido percibidas de forma indebida, y, por lo tanto, poder sancionar por ello. Pero tambi\u00e9n, la discrecionalidad era enorme respecto de \u201ctener conexi\u00f3n suficiente con la causa que las origina\u201d, especialmente cuando hay sectores que se encuentran en zonas grises en servicios que no son esenciales y no se encuentran listados en el anexo del RD 436\/2020, de 14 de marzo, y no quedan claras en los art\u00edculos 9 y siguientes de esta norma o que pueden verse afectados por las limitaciones a la libertad de circulaci\u00f3n a las que se refiere el art. 7 de dicho Real Decreto.<\/p>\n

        [3]<\/a> El reintegro de prestaciones indebidas, en este caso, al entenderse como sanci\u00f3n accesoria, prescribir\u00e1 de a los cuatro a\u00f1os, contados desde la fecha de la infracci\u00f3n, ex art. 4.2 Real Decreto Legislativo 5\/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.<\/p>\n

        [4]<\/a> Sanciones cuyo importe va desde los 6.251 euros a los 187.515 euros (por cada persona trabajadora).<\/p>\n

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Universidad de Sevilla \u00a0 1.- Introducci\u00f3n Hace apenas unas semanas el Gobierno de Espa\u00f1a public\u00f3 el RD 463\/2020, de 14 de marzo por\u2026","rel":"","context":"En \u00abCOVID-19\u00bb","block_context":{"text":"COVID-19","link":"https:\/\/grupo.us.es\/iwpr\/category\/iuslablog\/covid-19\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/grupo.us.es\/iwpr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/doctor-563428_1920.jpg?fit=1200%2C800&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/grupo.us.es\/iwpr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/doctor-563428_1920.jpg?fit=1200%2C800&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/grupo.us.es\/iwpr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/doctor-563428_1920.jpg?fit=1200%2C800&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/grupo.us.es\/iwpr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/doctor-563428_1920.jpg?fit=1200%2C800&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/grupo.us.es\/iwpr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/doctor-563428_1920.jpg?fit=1200%2C800&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]},{"id":3268,"url":"https:\/\/grupo.us.es\/iwpr\/2021\/02\/10\/la-respuesta-del-derecho-del-trabajo-a-la-crisis-del-covid-19-los-ertes-de-la-emergencia-sanitaria\/","url_meta":{"origin":2301,"position":5},"title":"La Respuesta Del Derecho Del Trabajo a La Crisis Del Covid-19: Los Ertes De La Emergencia Sanitaria*","author":"Fco. 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