{"id":11685,"date":"2026-05-24T18:43:31","date_gmt":"2026-05-24T16:43:31","guid":{"rendered":"https:\/\/grupo.us.es\/iwpr\/?p=11685"},"modified":"2026-05-25T10:04:58","modified_gmt":"2026-05-25T08:04:58","slug":"el-impulso-y-el-impacto-de-la-doctrina-del-tribunal-de-justicia-la-sentencia-mp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/grupo.us.es\/iwpr\/2026\/05\/24\/el-impulso-y-el-impacto-de-la-doctrina-del-tribunal-de-justicia-la-sentencia-mp\/","title":{"rendered":"2 El impulso y el impacto de la doctrina del Tribunal de Justicia: la sentencia MP"},"content":{"rendered":"

En cualquier caso, para analizar seriamente este problema y responder a la \u00faltima pregunta antes mencionada, es seguramente necesario recordar la doctrina del Tribunal de Justicia, as\u00ed como su impacto, no solo en los distintos tribunal espa\u00f1oles del orden social, sino en la propia actuaci\u00f3n de otras instituciones europeas y, se\u00f1aladamente, de la propia Comisi\u00f3n.<\/p>\n

En este sentido, seguramente ser\u00e1 bastante con recordar c\u00f3mo fue esta doctrina –STJ de 13 de junio de 2019, Moreira, asunto C-317\/18 C-317\/18, ECLI:EU:C:2019:499<\/a>– la que oblig\u00f3 a nuestro m\u00e1s Alto tribunal a alterar su tradicional interpretaci\u00f3n sobre los procesos de reversi\u00f3n a las Administraciones P\u00fablicas de trabajadores ya indefinidos en el sector privado, y a considerar c\u00f3mo en estos casos no era -ni es obviamente- posible hablar de indefinidos no fijos, sino de indefinidos a extinguir –SSTS n\u00fam. 86\/2022, de 28 de enero, ECLI:ES:TS:2022:445<\/a>, y de 31 de enero, ECLI:ES:TS:2022:446<\/a> (v\u00e9ase, en un caso m\u00e1s limitado, art. 87.5.b Ley 40\/201<\/a>5<\/a>)-. Aunque eso s\u00ed, y esto es importante, no ya tanto al amparo de la Directiva 1999\/70, sino de la Directiva 2001\/23\/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas que, recu\u00e9rdese, en este caso s\u00ed establece una norma perfecta y directamente aplicable, al menos en las relaciones verticales en las que est\u00e9 presente una Administraci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n

Del mismo modo que fue esta misma jurisprudencia europea -STJUE de 3 de junio de 2021, IMIDRA, C-726\/19, ECLI:EU:C:2021:439<\/a>– la que motiv\u00f3 la conocida \u201cprecisi\u00f3n y rectificaci\u00f3n\u201d de la anterior doctrina del Tribunal Supremo sobre duraci\u00f3n de los contratos de interinidad en el sector p\u00fablico, se\u00f1alando -STS (Social) n\u00fam. 649\/2021 de 28 de junio de 2021, ECLI:ES:TS:2021:2454<\/a>– c\u00f3mo, con independencia de la situaci\u00f3n econ\u00f3mica, los procesos selectivos no deber\u00edan durar m\u00e1s de tres a\u00f1os a contar desde la suscripci\u00f3n del contrato de interinidad, de suerte que si as\u00ed sucediera estar\u00edamos en presencia de una duraci\u00f3n injustificadamente larga.<\/p>\n

No es este, obviamente, el momento de recordar todas y cada una de las sentencias que han abordado esta cuesti\u00f3n desde la ya lejana inclusi\u00f3n de esta figura entre los contratos temporales -en el sistema, eso s\u00ed, estrictamente dual de la Directiva 1999\/70, ATJ de 11 de diciembre de 2014, Le\u00f3n Medialveo\/Ayuntamiento de Huetor, C\u201186\/14<\/a>-. Pero al menos s\u00ed quisi\u00e9ramos destacar c\u00f3mo tanto por su n\u00famero como por su importancia, estas resoluciones parecen demostrar no solo una cierta insatisfacci\u00f3n de muchos de estos \u00f3rganos judiciales espa\u00f1oles con la doctrina del Tribunal Supremo en esta materia, sino tambi\u00e9n su deseo de \u201cesquivar\u201d a esta misma Sala de lo Social, explicando con su propia \u201cnarrativa\u201d el derecho espa\u00f1ol aplicable y presentando adem\u00e1s al Tribunal de Justicia casos singularmente \u201csangrantes\u201d, de fraudes o relaciones especialmente prolongados en el tiempo.<\/p>\n

<\/a>2.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La Sentencia MP<\/h3>\n

En cualquier caso, de lo que no cabe duda alguna es de que esta doctrina fue b\u00e1sica en la evoluci\u00f3n de nuestra figura, aunque al final acabase generando una progresiva inseguridad que culminar\u00e1, obviamente, con la conocida STJ de 22 de febrero de 2024, MP y Consejer\u00eda de Presidencia C\u201159\/22 y C\u2011110\/22 y C-159\/22 ECLI:EU:C:2024:149<\/a>.<\/p>\n

En esta important\u00edsima sentencia -en la que quiz\u00e1s late tambi\u00e9n un cierto hartazgo del Tribunal ante un problema reiterado una y otra vez ante este \u00f3rgano, sin visos de soluci\u00f3n-, lejos de la aparente aceptaci\u00f3n de la instituci\u00f3n del indefinido no fijo que parec\u00eda deducirse del apartado 77 de la STJ (Sala S\u00e9ptima) de 3 de junio de 2021, IMIDRA, C-726\/19, ECLI:EU:C:2021:439<\/a>, -aunque tampoco cabe olvidar el rechazo del ap. 102 de la anterior STJ 19\u00a0de\u00a0marzo de 2020, S\u00e1nchez Ruiz y otros,\u00a0C\u2011103\/18 y\u00a0C\u2011429\/18<\/a>,\u00a0EU:C:2020:219<\/a>-, va a establecerse una doctrina que, al menos a primera vista, atacaba sustancialmente las principales premisas o incluso a la propia l\u00f3gica de esta instituci\u00f3n.<\/p>\n

Y ello ya que en la misma, tras sostener nuevamente (cuesti\u00f3n prejudicial primera C-59\/22) su consideraci\u00f3n como contrato temporal -a efectos, claro est\u00e1, de aplicar la Directiva 1999\/70 en la que, como se recordar\u00e1, la actual triada espa\u00f1ola no tiene cabida, y al ser esta independiente de su calificaci\u00f3n en Derecho interno (STJ de 19\u00a0de\u00a0marzo de 2020, S\u00e1nchez Ruiz y otros,\u00a0C\u2011103\/18 y\u00a0C\u2011429\/18<\/a>,\u00a0EU:C:2020:219<\/a>, ap. 108)-, el Tribunal va igualmente a sostener -continuando la perspectiva amplia, ya postulada igualmente en la STJ de 19\u00a0de\u00a0marzo de 2020, S\u00e1nchez Ruiz y otros,\u00a0C\u2011103\/18 y\u00a0C\u2011429\/18<\/a>,\u00a0EU:C:2020:219<\/a>, app. 59 y sig.- la inclusi\u00f3n de esta prolongaci\u00f3n\/conversi\u00f3n del contrato inicial hasta su cobertura, propia del indefinido no fijo, en la expresi\u00f3n \u201cutilizaci\u00f3n sucesiva\u201d de la cl\u00e1usula quinta de la Directiva 1999\/70 \u2013. De ah\u00ed que, en estos casos, se destacase la necesaria existencia de, o bien una o de varias de las medidas establecidas en las letras a) a c) de esa misma cl\u00e1usula, o, al menos, \u201cde medidas equivalentes para prevenir los abusos\u201d.<\/p>\n

Pues bien, lo m\u00e1s interesante de esta Sentencia MP y Consejer\u00eda de Presidencia, antecedente claro e inmediato de Obadal, es que, sobre todo por lo que se refiere a la primera cuesti\u00f3n, las declaraciones del Tribunal son, si nos permite la expresi\u00f3n, ciertamente demoledoras. Aun partiendo del ya cl\u00e1sico reconocimiento del papel fundamental y del amplio margen de apreciaci\u00f3n que en la selecci\u00f3n de estos medios tienen los Estados Miembros, el Tribunal, tras recordar que la misma no puede poner en peligro el objetivo o la efectividad perseguida por la Directiva, va a abordar -si tan siquiera como aparentes \u201cprecisiones destinadas a orientar a los tribunales nacionales en su apreciaci\u00f3n\u201d- en qu\u00e9 medida \u201clos requisitos de aplicaci\u00f3n y la ejecuci\u00f3n efectiva de las disposiciones pertinentes del Derecho interno hacen que estas constituyan\u201d (o no) \u201cuna medida apropiada para evitar la utilizaci\u00f3n abusiva de sucesivos contratos\u201d temporales-. Y desde esta premisa, eminentemente pr\u00e1ctica o realista \u2013\u201cejecuci\u00f3n efectiva\u201d-, va a rechaza con claridad -cuestiones prejudiciales tercera a quinta C-59\/22- que las tres medidas que aparentemente el Estado espa\u00f1ol estableci\u00f3 en estos casos, al amparo de la cl\u00e1usula quinta del Acuerdo incorporado a la Directiva 1999\/70 satisficieran el objetivo o la efectividad de la tantas veces mencionada Directiva.<\/p>\n

En primer lugar, y esto es fundamental, porque las razones objetivas que pueden justificar la renovaci\u00f3n de tales contratos (cl\u00e1usula quinta.1.a) no abarcan \u201clas razones objetivas que justifiquen la aplicaci\u00f3n, como tal, de un tipo de contrato, como el contrato indefinido no\u00a0fijo\u201d; unas razones que, como se recordar\u00e1, el gobierno espa\u00f1ol identificaba con las exigencias de los principios de igualdad, m\u00e9rito, capacidad y publicidad. Parece, por tanto, que el Tribunal sigue identificando estas causas con la propia necesidad singular y concreta de la actividad y no con elementos extra\u00f1os que se superponen, pero que no afectan a la misma; esto es, con las \u201ccircunstancias espec\u00edficas y concretas que caracterizan una determinada actividad y que, por tanto, pueden justificar en ese contexto particular la utilizaci\u00f3n sucesiva de contratos de trabajo de duraci\u00f3n determinada\u201d. Circunstancias que podr\u00edan tener su origen, en particular, en la especial naturaleza de las tareas para cuya realizaci\u00f3n se celebran esos contratos y en las caracter\u00edsticas inherentes a estas o, eventualmente, en la persecuci\u00f3n de un objetivo leg\u00edtimo de pol\u00edtica social por parte de un Estado miembro (SSTJ de 14\u00a0de\u00a0septiembre de 2016, P\u00e9rez L\u00f3pez,\u00a0C\u201116\/15<\/a>,\u00a0EU:C:2016:679<\/a>, apartado\u00a038<\/a> y de 19\u00a0de\u00a0marzo de 2020, S\u00e1nchez Ruiz y otros,\u00a0C\u2011103\/18 y\u00a0C\u2011429\/18<\/a>,\u00a0EU:C:2020:219<\/a>, apartado\u00a066). Pero no, y estos es lo importante, en principios como la tutela de la igualdad, el m\u00e9rito y la capacidad,<\/p>\n

En segundo lugar, y en relaci\u00f3n con los efectos de la convocatoria, con plazos concretos, de procesos selectivos para la cobertura definitiva de la plaza, ciertamente podr\u00eda considerarse que la misma supone el establecimiento de una duraci\u00f3n m\u00e1xima (cl\u00e1usula quinta 1.b Acuerdo), previendo y actuando contra los abusos que pretende evitar la Directiva. Pero para ello, recuerda la propia Sentencia -reiterando, por otra parte, las ideas ya establecidas por ejemplo en STJ 19\u00a0de\u00a0marzo de 2020, S\u00e1nchez Ruiz y otros,\u00a0C\u2011103\/18 y\u00a0C\u2011429\/18<\/a>, ECLI:EU:C:2020:219<\/a>-, deber\u00eda garantizarse que se convocasen efectivamente, lo que, recuerda la Sala, no acontece precisamente en ambos casos. Y aunque no se responda, parece evidente que la pretendida no renovaci\u00f3n (cl\u00e1usula quinta.1.c Acuerdo), cuando este mantenimiento se puede producir de facto, sine die, tampoco supondr\u00eda una medida suficientemente efectiva y disuasoria.<\/p>\n

Una vez se\u00f1alado esto, el Tribunal va a abordar -cuestiones sexta y s\u00e9ptima C-59\/22- el tema de las indemnizaciones establecidas en este caso. Y lo har\u00e1, y esto es lo importante, desde una perspectiva distinta a la de la simple discriminaci\u00f3n -superada sin duda tras la Sentencia Montero Mateos, de 5 de junio de 2018, C-677\/16<\/a>, ECLI:EU:C:2018:393- y recordando su doble perspectiva, en una l\u00ednea ya avanzada en su momento -aunque en relaci\u00f3n con la simple indemnizaci\u00f3n de doce d\u00edas- por la STJ de 21 de noviembre de 2018, de Diego Porras II, C\u2011619\/17<\/a>-.<\/p>\n

Esto es, la primera si las mismas pueden ser consideradas, a los efectos de la cl\u00e1usula quinta, como una medida legal equivalente para prevenir los abusos -lo que es fundamental, dada la respuesta dada a las anterior cuesti\u00f3n-; pero tambi\u00e9n, y ello no debe olvidarse, desde una segunda perspectiva en las que estas mismas indemnizaciones deben valorarse igualmente como \u201cindispensables\u201d garant\u00edas de protecci\u00f3n de los trabajadores afectados por esta utilizaci\u00f3n abusiva. Y ello ya que como ven\u00eda reiterando el Tribunal, en base al art. 2 Directiva 199\/70, \u201ccuando se ha producido una utilizaci\u00f3n abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de duraci\u00f3n determinada, es indispensable poder aplicar alguna medida que presente garant\u00edas de protecci\u00f3n de los trabajadores efectivas y equivalentes, con objeto de sancionar debidamente dicho abuso y eliminar las consecuencias de la infracci\u00f3n del Derecho de la Uni\u00f3n (STJ de 21 de noviembre de 2018, De Diego Porras, C 619\/17, EU:C:2018:936, apartado 88 y STJ 19\u00a0de\u00a0marzo de 2020, S\u00e1nchez Ruiz y otros,\u00a0C\u2011103\/18 y\u00a0C\u2011429\/18<\/a>,\u00a0EU:C:2020:219<\/a>, apartado\u00a088).<\/p>\n

Pues bien, sin llegar a abordar claramente la segunda cuesti\u00f3n -m\u00e1s all\u00e1 de una puntual referencia a la \u201celiminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Uni\u00f3n\u201d-, lo que s\u00ed va a se\u00f1alarse con absoluta claridad en la Sentencia MP es que una normativa nacional que establece el pago de una indemnizaci\u00f3n tasada -no se olvide este rasgo-, igual a veinte d\u00edas de salario por cada a\u00f1o trabajado, con el l\u00edmite -tampoco este otro elemento- de doce meses, a todo trabajador cuyo empleador hubiera recurrido a una utilizaci\u00f3n abusiva de contratos indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente, se opondr\u00eda, analizada individualmente, a la cl\u00e1usula 5 de la Directiva 1999\/70.<\/p>\n

Es cierto que sorpresivamente, el Tribunal, seguramente por su deseo de reiterar la doctrina contemplada en el ap. 94 de la STJ de 21\u00a0de\u00a0noviembre de 2018, de Diego Porras, C\u2011619\/17, EU:C:2018\u00a0936<\/a>, va a destacar que ello se hace \u201cteniendo en cuenta que el abono de dicha indemnizaci\u00f3n por extinci\u00f3n de contrato resulta independiente de cualquier consideraci\u00f3n relativa al car\u00e1cter leg\u00edtimo o abusivo de la utilizaci\u00f3n de dichos contratos\u201d. Esta afirmaci\u00f3n, al menos a nuestro juicio, era y es discutible, ya que tanto por la propia construcci\u00f3n de esta instituci\u00f3n -el indefinido no fijo como respuesta a un fraude previo detectado y condenado- como por su indemnizaci\u00f3n superior a la del art. 49.1c ET, la misma s\u00ed parece partir del reconocimiento de la existencia de un fraude. Pero tampoco lo es menos que esta misma indemnizaci\u00f3n, aunque aplicada anal\u00f3gicamente, est\u00e1 prevista legalmente Para una extinci\u00f3n procedente y no improcedente; algo que sin duda orientar\u00e1, como veremos, la posterior cuesti\u00f3n prejudicial del Tribunal Supremo espa\u00f1ol en l\u00ednea, por cierto, con lo que ya en su momento parec\u00eda sostenerse entre l\u00edneas en el ap. 105 de la STJ 19 de marzo de 2020, S\u00e1nchez Ruiz y otros,\u00a0C\u2011103\/18 y\u00a0C\u2011429\/18<\/a>,\u00a0EU:C:2020:219<\/a>.<\/p>\n

Cuesti\u00f3n distinta es que quiz\u00e1s el n\u00facleo de toda esta cuesti\u00f3n no est\u00e9 en un principio de equivalencia mal entendido. Como ha recordado m\u00faltiples veces el Tribunal de Justicia, la Directiva 1999\/70 no impone que las medidas contra el abuso tengan que ser las mismas en todos los sectores -por ejemplo, p\u00fablico y privado- siempre, eso s\u00ed, que el ordenamiento jur\u00eddico interno del Estado miembro de que se trate cuente con medidas efectivas para sancionar los abusos en cada uno de los distintos sectores implicados (v\u00e9anse, por todas, STJ de 21 de noviembre de 2018, de Diego Porras II, C\u2011619\/17<\/a> y jurisprudencia citada en el ap. 89 o STJ de 7 de marzo de 2018, Santoro, C\u2011494\/16<\/a>,\u00a0EU:C:2018:166<\/a> ap. 33 y 34)-. Por ello, si se nos apura, el problema no es la existencia de una distinci\u00f3n entre sectores p\u00fablico y privado, sino el hecho de que, adem\u00e1s de rechazar en el primero la medida m\u00e1s eficaz y en\u00e9rgica que es la transformaci\u00f3n en fijo, se establezca adicionalmente una indemnizaci\u00f3n, no solo como m\u00ednimo, sino tambi\u00e9n como m\u00e1ximo -especialmente tras la \u00faltima doctrina previa del Tribunal Supremo- y que, adem\u00e1s, est\u00e9 doblemente tasada en su c\u00e1lculo. Ante la reiterada necesidad de que esta indemnizaci\u00f3n \u201cno solo sea proporcionada, sino tambi\u00e9n lo bastante efectiva y disuasoria como para garantizar la plena eficacia de dicha cl\u00e1usula\u201d -ap. 104 STJ 19 de marzo de 2020, S\u00e1nchez Ruiz y otros, C\u2011103\/18 y\u00a0C\u2011429\/18<\/a>,\u00a0EU:C:2020:219<\/a>– era evidente que este sistema estaba llamado al rechazo Pero sobre ello volveremos m\u00e1s tarde.<\/p>\n

En cualquier caso, lo que por ahora nos interesa resaltar es c\u00f3mo algo similar acontecer\u00e1 -cuestiones octava y novena- C\u201159\/22- con la pretendida responsabilidad de los \u00f3rganos administrativos establecida por la DA 43 LPGE 2018 y la DA 17 EBEP. En este campo el Tribunal vuelve a reiterar que por su car\u00e1cter impreciso, ambiguo y abstracto -y la ausencia real de aplicaci\u00f3n, otra vez la visi\u00f3n realista del Derecho- estas medidas se alejan de las prevista y analizadas en la previa STJ de 7 de marzo de 2018, Santoro, C\u2011494\/16<\/a>,\u00a0EU:C:2018:166<\/a> -que como se recordar\u00e1 (ap. 52), abarcaban no solo que las administraciones no pudieran llevar a cabo procesos selectivos en los tres a\u00f1os posteriores, sino que inclu\u00edan adem\u00e1s la obligaci\u00f3n de estas de recuperar de los directivos responsables los importes abonados a los trabajadores en concepto de reparaci\u00f3n del perjuicio sufrido, al menos cuando esta infracci\u00f3n fuese intencional o resultado de una falta grave, teni\u00e9ndose finalmente en cuenta estos incumplimientos en su evaluaci\u00f3n del desempe\u00f1o y, por tanto, en su salario-. De ah\u00ed que, si las mismas no resultan efectivas y disuasorias para lograr el fin de la Directiva, no deber\u00edan considerarse suficientes y ser consideradas, al menos individualmente, como medidas legales equivalentes.<\/p>\n

Desde estas premisas, y una vez se\u00f1alado, como ya hemos visto, que la simple referencia legal a las correspondientes convocatorias no constituye, si estas finalmente no se realizan efectivamente, una medida subsumible en la fijaci\u00f3n de una duraci\u00f3n m\u00e1xima a la que hace referencia la cl\u00e1usula quinta.1.b del Acuerdo, el Tribunal va a ir un paso m\u00e1s all\u00e1 en esta misma Sentencia MP, rechazando igualmente -cuesti\u00f3n prejudicial decimosegunda C-59\/22- que los procedimientos de estabilizaci\u00f3n, en los que los trabajadores objeto de este uso abusivo pueden perder su empleo, recibiendo una indemnizaci\u00f3n tasada resulten adecuados para sancionar debidamente esta utilizaci\u00f3n abusiva y, obs\u00e9rvese, \u201celiminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Uni\u00f3n\u201d. Es esta, a mi juicio, una de las ideas m\u00e1s importantes de la sentencia, en especial en relaci\u00f3n con la soluci\u00f3n dada tanto ex ante como ex post por la Ley 20\/2021. Pero sobre este tema volveremos nuevamente m\u00e1s tarde<\/p>\n

Por ahora, nos interesa destacar c\u00f3mo, y sin embargo, los apartados que indudablemente m\u00e1s pol\u00e9mica levantaron de esta misma sentencia MP fueron los correspondientes a las cuestiones prejudiciales decima y und\u00e9cima del asunto C-59\/22 y que abordaban la conversi\u00f3n o no del indefinido no fijo en fijo. Y ello, es obvio, no ya tanto por la reiteraci\u00f3n de las conocidas carencias de precisi\u00f3n e incondicionalidad de la Cl\u00e1usula 5 del Acuerdo, que impiden la inaplicaci\u00f3n de una norma nacional y la aplicaci\u00f3n directa, aun vertical y ante un poder p\u00fablico, de la misma; o por las referencias a los l\u00edmites a la interpretaci\u00f3n conforme en especial la de una interpretaci\u00f3n contra legem<\/em> -por todas, ST 19\u00a0de\u00a0marzo de 2020, S\u00e1nchez Ruiz y otros,\u00a0C\u2011103\/18 y\u00a0C\u2011429\/18<\/a>,\u00a0EU:C:2020:219<\/a>, ap. 118 y sig., y jurisprudencia all\u00ed citada-. Estas cl\u00e1sicas referencias se mantienen de una forma m\u00e1s o menos expresa.<\/p>\n

En cambio, lo que sin duda m\u00e1s llam\u00f3 la atenci\u00f3n fue la presencia, al menos a mi juicio, de una suerte de \u201cinvitaci\u00f3n\u201d a que, si bien respetando la imposibilidad de una interpretaci\u00f3n contra legem<\/em>, los \u00f3rganos judiciales realizaran una interpretaci\u00f3n conforme de la normativa espa\u00f1ola en su conjunto, incluso revisando la que de forma reiterada hubieran realizado previamente. O en palabras literales (app. 136 y 137) que \u201csi\u2026 el tribunal remitente considerase que el ordenamiento jur\u00eddico interno de que se trata no contiene, en el sector p\u00fablico, ninguna medida efectiva para evitar y, en su caso, sancionar la utilizaci\u00f3n abusiva de sucesivos contratos de duraci\u00f3n determinada, incluidos los contratos indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente\u201d -lo que de hecho parec\u00eda de deducirse de toda la anterior sentencia- de todo lo argumentado cabr\u00eda deducir, en primer lugar que \u201cla conversi\u00f3n de estos contratos en una relaci\u00f3n laboral de duraci\u00f3n indefinida podr\u00eda constituir tal medida\u201d, y, en segundo lugar, que \u201csi, en ese supuesto, el tribunal remitente considerase, adem\u00e1s, que la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, a diferencia de la del Tribunal Constitucional, se opone a tal conversi\u00f3n, el tribunal remitente deber\u00eda entonces modificar dicha jurisprudencia del Tribunal Supremo si esta se basa en una interpretaci\u00f3n de las disposiciones de la Constituci\u00f3n incompatible con los objetivos de la Directiva 1999\/70 y, en particular, de la cl\u00e1usula 5 del Acuerdo Marco\u201d.<\/p>\n

<\/a>2.2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Algunas notas sobre las reacciones ante la sentencia MP en la suplicaci\u00f3n del orden social y en el orden contencioso administrativo<\/h3>\n

No podemos detenernos aqu\u00ed en un an\u00e1lisis pormenorizado de las distintas reacciones que esta sentencia y, como veremos, otras posteriores del mismo Tribunal, generaron en nuestro pa\u00eds, tanto en el orden social, como en el propio orden contencioso-administrativo. Un estudio detenido de las mismas exceder\u00eda, con mucho, el tama\u00f1o admisible de un documento inicial para el debate como este.<\/p>\n

<\/a>2.2.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La posici\u00f3n de los Tribunales Superiores de Justicia del orden social<\/h4>\n

Por ello nos limitaremos a se\u00f1alar, en primer lugar, c\u00f3mo en el campo laboral y, en general, en el \u00e1mbito de la doctrina de suplicaci\u00f3n espa\u00f1ola, el impacto de esta jurisprudencia fue diverso y, en ocasiones, claramente contradictorio entre las salas de lo social de los distintos Tribunales Superiores de Justicia.<\/p>\n

As\u00ed, y en relaci\u00f3n con la posible declaraci\u00f3n o no de fijeza en estos casos, la posici\u00f3n de nuestros Tribunales Superiores podr\u00eda sintetizarse se\u00f1alando como:<\/p>\n