La desinformación como riesgo en el mundo digital: análisis interdisciplinar

Este proyecto analiza los riesgos que la desinformación genera en las sociedades digítales actuales, para concretar si reciben un efectivo y proporcionado tratamiento jurídico. Siempre ha habido desinformación y siempre se ha utilizado para conseguir fines de lo más diverso. Desde fomentar una guerra, alterar los mercados, hasta simplemente desprestigiar a un determinado político o persona celebre. El problema no es nuevo, pero lo cierto y verdad es que la desinformación es en la actualidad una fuente de peligros de tal magnitud que ha pasado a estar y a ser tratada como uno de los principales riesgos a controlar por parte de las agendas de seguridad nacional de prácticamente todos los países. Mucho tiene que ver en el aumento de su relevancia y en el incremento de su peligrosidad, el hecho de que vivamos en sociedades digitales, donde, por ejemplo, las redes sociales ejercen un papel determinante en la visión que tienen del mundo sus usuarios, presentándose como instrumentos de convicción e influencia social que no tiene parangón en nuestra historia. Solo la existencia de estas redes explican la reaparición y el mantenimiento de discursos absurdos o acientíficos que, en algunas ocasiones, pueden resultar incluso cómicos (p. ej. el terraplanismo), pero que, en otras, han llevado a que se hayan puesto en cuestión valores esenciales para la sociedad, como la efectividad de las campañas de vacunación contra el COVID o el funcionamiento de los mercados financieros, llegando incluso a haber incidido de forma significativa en el normal discurrir los procedimientos democráticos de muchos países. La peligrosidad de la desinformación para estos valores, sobre todo, cuando procede de organizaciones o incluso gubernamentales que las difunden efectuando operaciones de gran magnitud, es enorme y, sin embargo, la respuesta que ha encontrado por parte de las normativas nacionales está lejos de ser uniforme, ni de presentarse como efectivas y proporcionadas. Se propone desde efectuar campañas de información que desacrediten la desinformación, a involucrar a los proveedores de internet en la detección y prevención de su difusión, mientras que tampoco faltan quienes recomiendan utilizar al Derecho penal para prevenir, perseguir y castigar la difusión de ciertos contenidos de desinformación que consideran especialmente nocivos. Los problemas que todos estos sistemas generan son múltiples y variados. Desde aquellos que están referidos a su cuestionable efectividad, hasta los que se derivan del hecho de que algunos de ellos pueden poner en cuestión e incluso pueden violar derechos tan fundamentales para la existencia de la democracia, como son los de la libertad de expresión e información. Analizar estos problemas, sacar a la luz otros que también plantea la desinformación en las sociedades modernas, determinar si los sistemas de prevención y, en su caso, represión de este fenómeno y de los nocivos fenómenos sociales que están generando (radicalización violenta, cuestionamiento de la democracia, etc) son no solo suficientes, sino también legítimos y proporcionados y, en su caso, realizar propuestas de mejora de tales mecanismos son algunos de los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución de este proyecto, que abre un debate científico, aún incipiente en España, absolutamente fundamental tanto para nuestro país, como para el resto de democracias modernas.