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El 13 de octubre de 2025, la Comisi\u00f3n Europea para la Democracia a trav\u00e9s del Derecho (conocida como la Comisi\u00f3n de Venecia) del Consejo de Europa ha hecho p\u00fablica su Opini\u00f3n Consultiva <\/u>No. 1248\/2025<\/u>, adoptada en su 144\u00aa Sesi\u00f3n Plenaria, en la que responde a la consulta planteada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acerca de las propuestas de reforma de la instituci\u00f3n incluidas en su informe<\/u> de febrero y su posible ajuste a los est\u00e1ndares europeos de independencia judicial.<\/p>\n
La Ley Org\u00e1nica 3\/2024, de 2 de agosto, de reforma de la Ley Org\u00e1nica 6\/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial encarg\u00f3 a los reci\u00e9n elegidos en su cargo como vocales del CGPJ la elaboraci\u00f3n de un informe en el plazo de seis meses, donde se recogiesen y evaluasen los sistemas de elecci\u00f3n de los miembros de los distintos \u00f3rganos de gobierno de la judicatura en los hom\u00f3logos europeos del CGPJ, para cumplir con las pautas de la Comisi\u00f3n Europea y sus Informes sobre el Estado de Derecho. Adem\u00e1s, se cita expl\u00edcitamente que, en consonancia con el art\u00edculo 122 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, se trate de incorporar en el mecanismo de selecci\u00f3n la participaci\u00f3n directa de jueces y magistrados, como as\u00ed ha sido recurrentemente indicado por organismos como el Grupo de Estados contra la Corrupci\u00f3n publica (GRECO), la Comisi\u00f3n Europea, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) o la propia Comisi\u00f3n de Venecia, entre otros.<\/p>\n
De esta manera, el pasado 5 de febrero de 2025, el CGPJ emiti\u00f3 un informe cumpliendo con su cometido, recogiendo dos opciones alternativas como propuestas de reforma. La opci\u00f3n A, prev\u00e9 que los miembros de origen judicial sean nominados de manera previa por una asociaci\u00f3n judicial o por veinticinco jueces y que los candidatos sean elegidos directamente por sus pares. Por su parte, la propuesta B, le otorga cierto margen de intervenci\u00f3n a los jueces, aunque despu\u00e9s la decisi\u00f3n final corre a cargo del Parlamento. Para ello, dispone del requerimiento del aval de 30 jueces o de una asociaci\u00f3n judicial y que, de entre esos candidatos, el cuerpo judicial seleccione un grupo de candidatos tres veces mayor que el n\u00famero de vacantes. Finalmente, de esa agrupaci\u00f3n el Parlamento tomar\u00e1 la decisi\u00f3n final sobre el nombramiento de los vocales del CGPJ.<\/p>\n
En lo que respecta a la opci\u00f3n A, la Comisi\u00f3n valora positivamente la intenci\u00f3n de reflejar el est\u00e1ndar europeo de que los jueces sean elegidos por sus pares, sin embargo, entiende que la participaci\u00f3n tan acentuada de las asociaciones judiciales supone una politizaci\u00f3n interna en la elecci\u00f3n de los vocales, debido a que estas han venido mostrando v\u00ednculos cercanos a la esfera pol\u00edtica. A pesar de esto, la Comisi\u00f3n entiende que, al menos en etapas iniciales de la implementaci\u00f3n de un nuevo sistema con participaci\u00f3n directa de los jueces, las asociaciones no deben ser excluidas. De igual forma, entiende que los avales para los jueces que no sean propuestos por asociaciones judiciales deben reducirse o eliminarse para no favorecer el rol de las asociaciones en el proceso de nominaci\u00f3n y que los candidatos \u201cindependientes\u201d se vean desfavorecidos. Todo ello, adem\u00e1s, resulta m\u00e1s significante para la Comisi\u00f3n si tenemos en cuenta que el 42% de los jueces en Espa\u00f1a no estaban afiliados a ninguna asociaci\u00f3n en 2024.<\/p>\n
En contraposici\u00f3n, la opci\u00f3n B para la Comisi\u00f3n es considerada como una alternativa que vendr\u00eda a exacerbar a\u00fan m\u00e1s el riesgo de politizaci\u00f3n del \u00f3rgano. Observa con buenos ojos la intenci\u00f3n de contemplar una primera fase en la que los candidatos son elegidos por sus propios pares, aunque clarifica que, cuando se menciona el est\u00e1ndar europeo de elecci\u00f3n por pares, es precisamente para evitar que la decisi\u00f3n final sea tomada por el ejecutivo o por el Parlamento, incluso con una mayor\u00eda cualificada.<\/p>\n
Adicionalmente, la Comisi\u00f3n recuerda de la idoneidad de incluir una debida proporcionalidad de las distintas categor\u00edas judiciales en el seno del Consejo, as\u00ed como el deber de verse representadas las distintas especialidades, g\u00e9neros y los puntos geogr\u00e1ficos, un pluralismo que tambi\u00e9n debe aplicarse a los miembros laicos, que deber\u00edan representar al mundo acad\u00e9mico y otras profesiones jur\u00eddicas. De igual modo, el requisito de los a\u00f1os de experiencia no debe ser tan excesivo que lo convierta en restrictivo. Tambi\u00e9n revisa la propuesta de incluir un comit\u00e9 o junta electoral que revise el proceso electoral formulado en la opci\u00f3n A, que recoge un comit\u00e9 formado por tres jueces del Tribunal Supremo y un secretario. Le resulta oportuno la existencia de dicho comit\u00e9 y su conformaci\u00f3n por miembros de la carrera judicial, pero aboga por incrementar el n\u00famero de miembros y que la secretar\u00eda cuente con un apoyo t\u00e9cnico adecuado, m\u00e1s all\u00e1 de que se contemplen otras posibilidades como que las tareas del comit\u00e9 electoral sean realizadas por el propio CGPJ. Por \u00faltimo, en ambas opciones se\u00f1ala deficiencias a la hora del establecimiento de herramientas pensadas en garantizar la existencia de una tutela jurisdiccional efectiva que asegure la imparcialidad y transparencia del proceso, evitando conflictos e intereses y la posibilidad de recurrir las decisiones de nombramientos, en especial, en la opci\u00f3n B con la intervenci\u00f3n parlamentaria.<\/p>\n
Finalmente, concluye la Comisi\u00f3n que, pese a otros detalles diferenciadores, entre las dos alternativas la principal diferencia se sit\u00faa en la participaci\u00f3n o no del Parlamento en el proceso de nombramiento y se\u00f1ala que, aunque es valorable el hecho de que la opci\u00f3n B incluya participaci\u00f3n de los jueces, resulta insuficiente en cuanto la decisi\u00f3n final es dejada en manos de instancias pol\u00edticas, por lo que considera que se ubica lejos de cumplir con los est\u00e1ndares europeos. Por su parte, a la opci\u00f3n A, que s\u00ed que cumple con el est\u00e1ndar europeo de la elecci\u00f3n por pares, le achaca los riesgos de politizaci\u00f3n interna causada por la participaci\u00f3n de las asociaciones y su repercusi\u00f3n en la independencia judicial y sugiere una serie de medidas a considerar para tratar de dise\u00f1ar un sistema de elecci\u00f3n con mejores garant\u00edas.<\/p>\n
De esta manera, es evidente que, de entre las dos opciones que los vocales actuales del CGPJ han planteado en su informe, la Comisi\u00f3n ha dejado claro su preferencia hacia la opci\u00f3n A, la cual es la \u00fanica de las dos que prev\u00e9 una participaci\u00f3n \u00edntegra de los jueces en el procedimiento de nombramiento de los miembros de origen judicial del CGPJ. De esta manera, no hace m\u00e1s que reafirmarse y ser coherente con lo que ha venido defendiendo en momentos anteriores, como en otras opiniones consultivas aludidas a Estados concretos, y mantenerse alineada de manera firme con lo promulgado por instituciones como la Comisi\u00f3n Europea y el CCJE. La opci\u00f3n B es rechazada por no evitar la participaci\u00f3n de otras instancias, en este caso de las Cortes Generales, en el nombramiento de los vocales judiciales, lo cual no es sino tambi\u00e9n otra reafirmaci\u00f3n de lo ya enunciado con anterioridad y en l\u00ednea coincidente con lo que la Comisi\u00f3n Europea se\u00f1ala en sus Informes Anuales sobre el Estado de Derecho.<\/p>\n
Colaboraci\u00f3n con Ibericonnect blog.<\/p>\n
Juan G\u00e1lvez Galisteo<\/p>\n
Investigador Predoctoral FPI<\/p>\n
Universidad de Sevilla<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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